La Justicia ha comenzado a fijar una línea clara en torno a los préstamos ICO-COVID suscritos durante la pandemia. Un juzgado de Madrid ha determinado que el Estado debe asumir el 80% del importe avalado, un criterio que marca un punto de inflexión para miles de autónomos y pequeñas empresas que firmaron estas operaciones en un contexto de máxima urgencia económica.

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En una resolución a la que ha tenido acceso El Independiente, dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 60 de Madrid, se reconoce que los fiadores actuaron inducidos por la información oficial difundida durante la crisis sanitaria, en la que se trasladaba que los créditos ICO destinados a sostener la actividad empresarial contarían con un aval público del 80%. El fallo considera probado que ese mensaje generó una confianza legítima que llevó a muchos empresarios a pensar que su responsabilidad real quedaba limitada al 20%.

El juzgado detalla que la entidad financiera no entregó copia previa de la póliza ni informó adecuadamente del alcance real de la fianza. Aprecia así un error esencial y excusable en el consentimiento y subraya que la información institucional inducía de forma clara a que los avalistas creyeran que, en caso de impago, el Estado asumiría la mayor parte del daño económico como parte de las medidas excepcionales aprobadas durante la pandemia.

Los préstamos ICO-COVID fueron concedidos por entidades financieras privadas con un aval público de hasta el 80% destinado a cubrir el riesgo del banco en caso de impago. Ese aval, sin embargo, no protegía directamente al cliente, ya que la normativa permitía a las entidades reclamar posteriormente al prestatario o a los avalistas incluso la parte de la deuda cubierta por el aval público. La controversia jurídica surge porque la comunicación institucional difundida durante la crisis sanitaria trasladó de forma generalizada que el Estado garantizaba el 80% de estos créditos directamente a quien pedía el préstamo.

El juzgado resalta que los bancos no podían trasladar a los empresarios un riesgo patrimonial que contradecía esa comunicación institucional. En la práctica, ello supuso que miles de autónomos y pymes aceptaran una carga personal que nunca habrían asumido si se les hubiera explicado con claridad que el aval no limitaba realmente su responsabilidad.

Por todo ello, el fallo concluye que la entidad financiera vulneró el principio de buena fe contractual al no informar de que los fiadores respondían del 100% del importe en caso de impago. Los afectados, según el tribunal, no actuaron con falta de diligencia, sino que tomaron decisiones en un escenario extremo y siguiendo las directrices públicas difundidas para sostener la actividad económica.

Diego Zapatero, socio y letrado del bufete que ha conseguido esta resolución, Asoban Abogados, explica que la sentencia tiene un alcance importante para el conjunto del tejido empresarial. "Los pequeños empresarios no pueden ser tratados como responsables únicos de una deuda que el propio Estado prometió garantizar en un 80%", explica a este periódico. El letrado insiste en que la resolución devuelve equilibrio al sistema y reconoce que muchos negocios actuaron de buena fe en uno de los contextos más complicados de la historia reciente.

El caso genera un precedente que apunta directamente al corazón del modelo diseñado durante la pandemia. Más de 1,1 millones de operaciones ICO-COVID fueron aprobadas en España por un valor que superó los 140.000 millones de euros. Numerosos procedimientos de ejecución y reclamaciones contra empresarios pueden quedar ahora limitados al 20% del crédito, trasladando al Estado la mayor parte del riesgo como se difundió públicamente en 2020.

A este nuevo fallo se suma recientemente otra resolución relevante, dictada por un juzgado de Asturias, que también limitó la responsabilidad de un avalista tras constatar que la información institucional generó una expectativa legítima de protección. En ese caso, el tribunal consideró igualmente determinante el contexto de urgencia y el mensaje público que trasladaba que el Estado asumiría la mayor parte del riesgo.

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