El Ministerio de Sanidad ultima la futura Ley de Gestión Pública y de Integridad del Sistema Nacional de Salud, una norma con la que el Gobierno pretende limitar la colaboración público-privada en la sanidad y blindar el sistema frente a la entrada de fondos de inversión. La ministra Mónica García ha confirmado este domingo en una entrevista en El País que el texto se llevará al Consejo de Ministros a comienzos de 2026 con el objetivo de aprobarlo dentro de la legislatura. La ley derogará la normativa de 1997 que habilitó nuevas formas de gestión privada dentro del Sistema Nacional de Salud.

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García ha defendido que la futura regulación “pone coto al ánimo de lucro” y establece requisitos claros para evitar prácticas que, a su juicio, han degradado el modelo sanitario público. Según ha señalado a El País, el planteamiento no elimina la posibilidad de colaboración con entidades externas, pero sí restringe que pueda realizarse con empresas cuyo objetivo sea obtener beneficios. Ese límite, sostiene, es la pieza central para garantizar que la provisión de servicios responda a criterios sanitarios y no financieros.

Las declaraciones llegan después del caso del Hospital de Torrejón de Ardoz, gestionado por Ribera Salud, en el que se investigan supuestas prácticas destinadas a priorizar pacientes y reducir listas de espera con criterios de rentabilidad. Tras la difusión de audios atribuidos al consejero delegado del grupo, el Ministerio ha anunciado que acudirá a la Fiscalía por un presunto delito de lesiones y que enviará a la Alta Inspección para analizar el funcionamiento del centro. “El problema es que se ha pervertido esta colaboración público-privada, en una parásita público-privada”, ha afirmado la ministra.

"Flujos de dinero" y datos de listas de espera "maquillados"

García ha vinculado estas dinámicas al funcionamiento de otros hospitales de gestión privada en la Comunidad de Madrid y ha citado el caso de Quirónsalud, al que atribuye una captación continuada de pacientes procedentes de centros públicos de alta complejidad. En la entrevista, la ministra describe un “flujo de dinero” asociado al trasvase de pacientes que, según sus palabras, se ha consolidado en los últimos años. “Detrás del paciente va un flujo de dinero”, sostiene, y señala que ese mecanismo ha favorecido a grupos privados, que absorberían procedimientos sencillos mientras los hospitales de referencia asumen la atención más compleja.

La ministra contrapone estas prácticas a los registros oficiales de listas de espera quirúrgica, donde Madrid figura entre las comunidades con cifras más contenidas. A su juicio, esos datos pueden estar “maquillados”, ya que las cifras pasan por servicios de admisión y filtros que dificultan el seguimiento exacto. Para corregirlo, Sanidad ha anunciado un real decreto específico que dará trazabilidad completa al recorrido clínico de cada paciente: desde la consulta de Atención Primaria hasta una eventual intervención quirúrgica.

La iniciativa busca convertir las listas de espera en procesos verificables y evitar que se mantengan como “cajas negras”, tal como las define la propia ministra. El decreto aspira a registrar cada paso –derivación, prueba diagnóstica, valoración de especialista y cirugía– con criterios homogéneos, auditables y comparables entre comunidades autónomas.

Pide una investigación a Madrid

García ha insistido en que tanto el caso de Torrejón como las denuncias vinculadas a otros centros requieren una respuesta política y jurídica. Sanidad ha pedido a la Comunidad de Madrid que abra una investigación y ha advertido de que la actuación administrativa no será suficiente sin cambios normativos que cierren la puerta a modelos que, a su juicio, incentivan el beneficio económico por encima del servicio público.

La ministra confía en que la Ley de Gestión Pública y de Integridad del Sistema Nacional de Salud quede aprobada en el marco de la legislatura y descarta que el modelo de Torrejón, el de Alzira o el de la Fundación Jiménez Díaz encajen en el nuevo marco previsto. Su propósito, afirma, es “proteger nuestra sanidad pública frente a los fondos de inversión” y garantizar que la colaboración con entidades externas no comprometa la prioridad asistencial del sistema.

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