La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha remitido este jueves un nuevo informe a la Audiencia Nacional en el marco del conocido como 'caso hidrocarburos'. Los agentes concluyen que la trama liderada por Claudio Rivas y Víctor de Aldama realizó contraprestaciones económicas a José Luis Ábalos a cambio de influencia para conseguir el título de operador de Villafuel.

Los agentes registran nuevos pagos de Rivas a Aldama que responderían a la necesidad de "activar la influencia" en el Gobierno a través del 'exnúmero' dos del PSOE. Asimismo, la Guardia Civil constata que el empresario "formalizó el pagó de la contraprestación al ministro José Luis Ábalos mediante la entrega del chalet, previamente elegido por el ministro, que adquirió la sociedad de Claudio Rivas, Have Got Time, por importe de 585.000,00 euros".

En total, se estima en un millón de euros el dinero destinado por la trama para "comprar la voluntad del cargo público, perneando estructuras de la Administración con el propósito de obtener influencia a cambio de dádivas y contraprestaciones ilícitas". Así se desprende de varios mensajes incautados por los investigadores entre los que destaca una comunicación entre Leonor González Pano y Natán González tras conocer el cese de Ábalos en la que dice que "se les ha dado más de 1 kilo".

Los investigadores incluyen dentro de este millón tres grandes contraprestaciones. En un primer lugar el pago del chalet del que Ábalos disfrutó durante el verano de 2021, que costó más de medio millón de euros, 292.416 euros transferidos a MTM 180 Capital SL, empresa controlada por Aldama y un contrato instrumental a favor de Koldo García.

Según la UCO, el exasesor ministerial fue beneficiado de un contrato de trabajo instrumentalizado por la mercantil Instalibero District SL administrada por Manuel Salles y vinculada a Claudio Rivas. En total, recibió casi 7.000 euros de esta entidad.

Contactos con los ministerios

Según recoge la UCO en su informe, la influencia del ministro se materializó en las reuniones y conversadores mantenidas por Koldo García con distintos responsables ministeriales. En este contexto, los agentes destacan la participación de Juan Ignacio Díaz Bidart, entonces jefe de gabinete de Reyes Maroto, que mantuvo una reunión informal con varios de los investigados.

Resulta especialmente significativo que el ministerio al que pertenecía Bidart, resalta el Instituto Armado, carecía de competencia en materia de otorgamiento de autorizaciones de operado mayorista, y aún así se le requirió ayuda. También destacan los contactos del exasesor ministerial con Marc Isaac Pons, director de gabinete de Teresa Ribera.

La UCO señala a Claudio Rivas y Aldama como los "ideólogos" del presunto fraude millonario en el sector de los hidrocarburos, en el que también incluyen a Carmen Pano como una pieza fundamental. En este contexto, cabe destacar cómo los contactos de la empresa Villafuel con Ábalos se empezaron a difuminar tras su salida del Ministerio y con la asunción de la dirección de la compañía por parte de Marisa Rivas.

Este nuevo informe revela nuevos mensajes de los que se desprende que la hermana de Claudio Rivas, socio de Aldama, pidió "alejarse" de las presiones que ejercía Koldo García. En este sentido, la UCO reconoce que si bien Ábalos ejerció su influencia a través de Koldo para favorecer a la empresa y las contraprestaciones se ejecutaron, su salida intermediación y posterior salida del Ministerio incluso "dificultó e impidió la materialización del acuerdo inicialmente previsto debido, pos clemente, a la pérdida de influencia y poder, lo que llevó a la organización criminal a modificar su estrategia".

Con este panorama sobre la mesa, Marisa Rivas pidió cambiar de estrategia y "adoptar un tono conciliador, alejándose de toda exigencia o imposición hacia los funcionarios del ministerio".