Las detenciones del presidente y del CEO de la compañía Plus Ultra han sacado a relucir la existencia de una compleja investigación por blanqueo de capitales que transciende las fronteras españolas. Las operaciones de la aerolínea que se encuentran bajo el foco de la Fiscalía Anticorrupción tienen como punto de origen Venezuela y se extienden a lo largo de distintos países.

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Tras el carpetazo de la justicia española a la causa abierta por presuntas irregularidades en el rescate del Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea por 53 millones, la Fiscalía Anticorrupción recibió varias solicitudes de cooperación procedentes de Francia y Suiza para investigar una presunta red criminal asentada en estos países y en España. Las autoridades francesas y suizas solicitaron la práctica de entradas y registros en domicilios ubicados en Madrid, Pozuelo, Tenerife y Mallorca.

Este fue el primer paso para la apertura de una investigación por parte del departamento dirigido por Alejandro Luzón que ha acabado recayendo en el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid. Una causa que ha derivado en el registro de la sede de Plus Ultra y con la detención de sus máximos directivos.

Para entender el origen de esta operación ejecutada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), habría que mirar hacia el otro lado del charco, a Venezuela. Según la denuncia presentada por Anticorrupción en octubre de 2024 ante la Audiencia Nacional, esta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España blanqueaba "fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela".

Estos presuntos fondos ilícitos tendrían su origen en los programas de Comités Locales de Abastecimiento y Producción impulsados Nicolás Maduro y la venta del oro del Banco de Venezuela. Respecto a los programas públicos impulsados por el Gobierno venezolano del Departamento del Tesoro de Estados Unidos abrió una investigación que apuntaba al empresario Alex Saab por recibir contratos para importar alimentos con precios inflados.

El nombre del presunto testaferro de Maduro también ha sido vinculado con la venta de oro del Banco de Venezuela. En este caso, EE.UU. estableció varias sanciones por la presunta firma por parte de Saab de contratos con el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) para obtener moneda local y comprar oro a mineros dentro de Venezuela. Esto, según los investigadores del Departamento del Tesoro, facilitó que el oro fuera vendido y exportado fuera del país.

Diversas investigaciones han ubicado la venta del oro venezolano en países como Turquía o Emiratos Árabes. Precisamente, la denuncia de Anticorrupción hace referencia a la venta de oro por importe de unos 30 millones de euros a una sociedad del país del golfo Pérsico por parte de una sociedad que habría servido para realizar diversos préstamos a empresas como Plus Ultra.

La Fiscalía Anticorrupción investiga si la compañía española utilizó parte de los 53 millones de euros recibidos como parte del rescate del Gobierno de Pedro Sánchez para la devolución de préstamos concedidos por otras empresas de la trama. Eso constituiría un presunto delito de blanqueo de capitales que se extiende a través de varios países europeos.

Aldama y sus vínculos con el régimen de Maduro

El rastro del oro venezolano también pasa por países como Moscú o Zambia. Así se desprende de las comunicaciones intervenidas a Víctor de Aldama. Entre los dispositivos del empresario se localizó un contrato de compraventa en el que el Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela (FONDEN) ofrecía 104 barras de oro a BANCASA SA por valor de 68,5 millones de dólares.

También se encontraron referencias de un plan de vuelos que partía de Moscú y llegaba a Caracas, tras pasar por Zambia. "Lo amarillo ya está todo listo y el jueves sale para ya los 350", le comunicó el empresario a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Además de la vinculación de la investigación a Plus Ultra con el oro venezolano, Anticorrupción hacía referencia en su denuncia a movimientos millonarios hacia cuentas en el extranjero como Panamá o la compra de bienes inmuebles. También se habría utilizado para blanquear fondos la venta de relojes de lujo.

La presunta organización criminal estaría constituida por personas extranjeras, nacionalizados españoles, y al menos un abogado español.

Las sospechas relativas al rescate de 53 millones del Gobierno de Sánchez a Plus Ultra no sólo afectan al uso de los fondos por parte de la empresa. Durante los últimos años son varios los personajes que han apuntado a José Luis Rodríguez Zapatero como intermediario con el Ejecutivo debido a supuestos intereses personales por sus negocios en Venezuela.

Entre otros, el exsecretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha sido uno de los encargados de señalar al expresidente por sus vínculos con el régimen de Maduro y su interés por conseguir el rescate a Plus Ultra.


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