La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sigue el rastro de varias empresas vinculadas a la presunta trama de corrupción de la SEPI. Entre las entidades bajo el foco de los investigadores destaca la sociedad Erri Berri, en cuya sede se personaron varios agentes de la unidad policial hace unos días.

La sociedad especialista en demoliciones ha sido vinculada a otra de las empresas investigadas en esta causa, Servinabar SL, y con Acciona, entidad bajo el foco de la UCO por el conocido 'caso Koldo', por su colaboración en las obras de la Universidad de Zaragoza. No obstante, este no es el único proyecto en el que la empresa navarra ha colaborado con la gran multinacional española. Erri Berri y Acciona han concursado juntas en, al menos, dos proyectos de obra pública.

Ambas empresas formaron la UTE Acciona-Erri Berri para concursar a las obras correspondientes al proyecto de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento en el barrio de Txagorritxu en Vitoria. Sin embargo, el proyecto fue adjudicado en mayo de 2020 a la UTE Abastencimientos Txagorritxu por 6 millones de euros.

Un año antes, ambas empresas formaron la UTE Salesas Acciona-Erriberri para optar a la licitación de la obra de rehabilitación del edificio de "Las Salellas" como nueva sede de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Este proyecto se adjudicó finalmente a la empresa Construcciones ACR S.A. por 13 millones de euros.

Tras estos dos intentos poco fructíferos, ambas empresas acabaron colaborando en las obras de remodelación de la Universidad de Zaragoza, proyecto por el que la empresa vinculada con Santos Cerdán, Servinabar SL, se embolsó casi 100.000 euros. Es la primera vez que las tres empresas bajo el foco de Anticorrupción por dos causas distintas coincidían en un mismo proyecto de obra pública.

El Gobierno de Aragón subastó 38 hectáreas de terreno en la que se ubicaba la universidad. Finalmente, la empresa aragonesa Montepino se hizo con el concurso y encargó los trabajos de demolición a Acciona. La constructora subcontrató los servicios a la empresa señalada por la 'trama Leire', Erri Berri, que a su vez contó con la colaboración de la sociedad de Antxón Alonso para "gestiones comerciales y desarrollo técnico".

Según se desprende en la documentación aportada por la Hacienda Foral Navarra al Tribunal Supremo, en el marco del conocido como 'caso Koldo', la empresa especialista en demoliciones pagó casi 100.000 euros a Servinabar por este proyecto.

La contabilidad de la entidad vasca recoge una primera entrega de 50.215 euros a finales de 2023 y un segundo pago de 49.277 euros durante el primer trimestre de 2024. La empresa Erri Berri defendió en un comunicado emitido el pasado 1 de diciembre la legalidad de los pagos efectuados a la entidad de Santos Cerdán.

En el marco de la causa dirigida por el juez Santiago Pedraz, la UCO investiga la adjudicación por parte del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) en favor de la UTE Construcciones y Excavaciones Erriberri SL - Afesa Medio Ambiente SA por un importe 2,8 millones.

Los investigados habrían tenido la capacidad de beneficiar a la mercantil Erri Berri a través del presidente de la Mesa de Contratación. "Como contraprestación de esta actuación, la empresa habría canalizado fondos al 'grupo Hirurok' por un importe total de 400.000 euros, haciéndolo en algunos casos a través de operativas que tenían la aparente finalidad de encubrir el origen de los fondos y provocar una desconexión entre este origen y sus destinatarios finales".

Las pesquisas dirigidas por la Guardia Civil también siguen el rastro de otros cuatro expedientes públicos entre los que destacan la contratación por parte de Enusa, empresa pública dependiente de la SEPI, del despacho de abogados SDP Carrillo y Montes SLP con la "finalidad aparente de dar soporte jurídico" a una operación, vinculada con Acciona.

Según los investigadores, la multinacional estaba interesada en hacerse con dos explotaciones tituladas por la empresa pública, una incineradora en Melilla y un centro de tratamiento de residuos en Castellón, y el 'grupo Hirurok' -formado por Leire Díez, Vicente Fernández y Antxón Alonso- aprovechó para impulsar la contratación del bufete sevillano y embolsarse 17.545 euros. Fuentes del sector trasladan a El Independiente que Acciona nunca llegó a presentar oferta ni a adquirir los dos activos.

750.000 euros en mordidas

Las diligencias a cargo del juez Pedraz, que aún permanecen bajo secreto, se iniciaron a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción y en la que se detallaba la existencia de una trama corrupta que se extiende a varias empresas públicas dependientes del Ministerio de María Jesús Montero. En el foco de la causa destacan varios personajes conocidos por su imputación en otras causas judiciales.

En primer lugar destaca el nombre de Antxón Alonso, investigado por el presunto desvío de fondos en favor del exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y su familia, gracias a amaño de obras públicas. El empresario vasco es uno de los principales integrantes del 'grupo Hirurok', también formado por Leire Díez y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández.

La exmilitante socialista, que también permanece como investigada por tráfico de influencias y cohecho en el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, habría utilizado sus contactos en la Administración, tras su paso por Enusa y Correos, para favorecer a empresas concretas y beneficiarse del presunto cobro de comisiones ilegales.

Un 'modus operandi' también implementado supuestamente por Vicente Ferández, que tras ser cesado como presidente de la SEPI pasó a ser contratado por Servinabar. La UCO sospecha que la 'trama Leire' se benefició del pago de unos 750.000 euros en 'B', canalizados a través de la sociedad Mediaciones Martínez SL.