La UDEF puso en marcha el pasado dos de diciembre una macrooperación en la que se realizaron nueve entradas y registros simultáneos en el marco de la investigación de la Audiencia Nacional contra dos empresas del sector de los hidrocarburos. El dispositivo que contó con la colaboración de funcionarios de Hacienda se desplegó en varias localizaciones de Madrid y en una finca ubicada en Ávila, donde los agentes pudieron localizar coches de alta gama, varias armas y un vehículo bélico blindado con un cañón ametrallador de gran calibre instalado.

El vehículo localizado en una finca en Ávila, y vinculado a la operación contra la operadora de hidrocarburos Biomar Oil, es propiedad de una empresa dedicada al comercio menor de armas de tiro, caza o deportivas. Según la documentación a la que ha tenido acceso El Independiente, el BRM militar intervenido por los agentes fue comprado a una empresa de chatarrería por 10.000 euros para rehabilitar como vehículo histórico.

El objetivo de la compra, según señalan fuentes cercanas a la mercantil, sería reparar el vehículo para alquilarlo posteriormente a empresas dedicadas a la producción audiovisual. De esta forma, el blindado militar sería destinado como atrecho en películas o series una vez rehabilitado.

La documentación a la que ha tenido acceso este medio muestra cómo la empresa intentó alquilar el vehículo incautado por la Policía para "uso profesional y/o audiovisual". El alquiler del BMR conllevaría el pago de 2.500 euros al día más los costes derivados del transporte por parte del arrendatario.

La Policía también localizó en los nueve registros un total de 44 armas, 167 relojes de lujo, 130.000 euros en efectivo y un total de 60 vehículos de alta gama.

En el foco de la investigación se encuentran dos operadoras de hidrocarburos que mantienen una deuda con Hacienda de cerca de 300 millones de euros, vinculados al presunto fraude del IVA entre los años 2023 y 2024.

Por el momento, se han bloqueado cuentas con más de 12,5 millones de euros, más de 3,6 millones de litros de carburante, coches e inmuebles de lujo. La operación se saldó con ocho detenidos, imputados por presuntos delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal y, a uno de los líderes, tenencia ilícita de armas. El juez acordó poner en libertad provisional a los tres principales investigados y les impuso medidas cautelares como la retirada del pasaporte y la obligatoriedad de comparecer en un juzgado cada quince días.

Por su parte, Biomar Oil ha emprendido acciones legales contra varios responsables del Ministerio de Transición Ecológica tras su inhabilitación como operador. La empresa interpuso en 2024 una querella contra el subdirector general de Hidrocarburos del ministerio dirigido por Sara Aagesen por un presunto delito de prevaricación.

La mercantil defiende haber cumplido con la legalidad de los procedimientos y que la suspensión de su título de operador, así como la multa millonaria que le atribuye la Agencia Tributaria, no cumple los parámetros legales.

Esta querella dio lugar a la apertura de la causa judicial en el Juzgado de Instrucción Número 26 de Madrid. Finalmente, el caso se archivó y permanece pendiente de un recurso de apelación elevado ante la Audiencia Provincial de Madrid.

La investigación contra la operadora comenzó a principios del 2023 cuando los agentes de la UDEF tuvieron conocimiento de grandes movimientos económicos de empresas dedicadas al comercio de hidrocarburos compatibles con un posible blanqueo de capitales. Los investigadores sospechas que ambas mercantiles ofrecían el producto a precios muy por debajo del valor habitual real del mercado fruto de presuntos incumplimientos fiscales.