El juez Santiago Pedraz ha acordado citar en calidad de testigos a Juan Ignacio Diaz Bidart, exjefe de gabinete de Reyes Maroto y a Marc Isaac Pons, exjefe de gabinete de Teresa Ribera en el marco del 'caso Hidrocarburos'. El instructor responde así a la petición del Ministerio Fiscal y acuerda escuchar a ambos el próximo 28 de enero.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de Madrid también ha vuelto a citar a Víctor de Aldama, a su socio Claudio Rivas y a la empresaria que aseguró haber entregado 90.000 euros en Ferraz, Carmen Pano, para que declaren sobre las contraprestaciones económicas de las que se pudieron beneficiar presuntamente José Luis Ábalos y Koldo García, gracias a la intermediación de Aldama que buscaba favorecer a la empresa Villafuel SL para la concesión del título de operador.
El fiscal Luis Pastor requirió en un informe anterior fechado a 17 de diciembre, en el que cita a los dos ex altos cargos después de que aparecieran varios mensajes en los que Koldo García les pedía reunirse con los empresarios del sector de los hidrocarburos y agilizar los trámites para la concesión del título de operador de la empresa vinculada al socio de Aldama.
La UCO apuntó en su último informe que Claudio Rivas interesó la intermediación de Víctor de Aldama para dicho objetivo. Con este propósito el empresario se sirvió de la influencia de Ábalos para que este o su asesor incidieran en los órganos ministeriales correspondientes con el fin "de agilizar la concesión de la autorización y soslayar el incumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para ello, a cambio de una contraprestación económica".
Entre las diligencias que el exasesor navarro dirigió para favorecer a los socios de Aldama destaca la organización de una reunión en el Ministerio de Industria celebrada el 14 de enero de 2021, donde los empresarios pudieron reunirse con el entonces jefe del gabinete de la ministra. Tras la reunión, quedó Claudio Rivas "muy satisfecho y esperanzado en que las gestiones para la obtención de la licencia tras la que llevaba tiempo interesado iban por fin a dar su fruto".
Por esta y otras gestiones se acordó la compra por parte de Have Got Time, empresa en la que aparecía como administradora la hija de Carmen Pano, del chalet de La Alcaidesa, del que disfrutó el exsecretario de organización del PSOE con su familia en el verano de 2021.
Tras su cese, y tras varios meses de bloqueo para conseguir la licencia de operador, Rivas pidió a Aldama sacar al exministro y a su mano derecha de la ecuación.
Koldo García también acudió al jefe de gabinete de Teres Ribera, de cuya cartera dependía la concesión del título, para agilizar los trámites.
La UCO estima que la trama destinó alrededor de un millón de euros para "comprar la voluntad del cargo público, perneando estructuras de la Administración con el propósito de obtener influencia a cambio de dádivas y contraprestaciones ilícitas".
Los investigadores incluyen dentro de este millón tres grandes contraprestaciones. En un primer lugar el pago del chalet, 292.416 euros transferidos a MTM 180 Capital SL, empresa controlada por Aldama y un contrato instrumental a favor de Koldo García.
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