Es una gota en un vaso a punto de colmar. En el PNV y el Gobierno vasco hace semanas que han ido elevando la presión sobre Pedro Sánchez. Si el pasado fin de semana el presidente jeltzale, Aitor Esteban, auguraba que habrá elecciones el próximo año y su portavoz Maribel Vaquero aseguraba que la situación era difícil de prolongar, hoy ha sido el Gobierno vasco quien ha escenificado su hartazgo.

Lo ha hecho además en una materia a la que tanto el Ejecutivo Pradales como el partido que lidera Esteban dan gran importancia: el cumplimiento del Estatuto de Gernika. En 2023 fue el PNV quien acordó apoyar la investidura de Sánchez a cambio de su cumplimiento íntegro antes de que finalizara 2025. Ahora, a sólo una semana de que el plazo se agoté, el Gobierno vasco ve que ni siquiera las cinco competencias que creía ya acordadas y a falta de flecos para firmar el próximo lunes se completarán.

La designación como ministra portavoz a la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz no ha comenzado con buen pie para el Gobierno vasco. El Ejecutivo de Imanol Pradales ha salidos muy molesto de la reunión que ha mantenido en la sede del Ministerio con Saiz. La misma se había convocado para intentar desbloquear la situación en torno al traspaso de cinco nuevas competencias a Euskadi que estaban comprometidas, entre ellas el pago de las prestaciones por desempleo: "Salgo más preocupada de lo que estaba a la entrada", ha asegurado la consejera vasca de Autogobierno, María Ubarretxena.

Competencias en el aire

Por la mañana la consejera vasca ya había expresado su inquietud por el retroceso que se había producido en la negociación que ambos gobiernos mantienen para la cesión de cinco materias que debía firmarse en la comisión mixta de Transferencias el próximo lunes día 29. Además de las prestaciones por desempleo, el acuerdo que se intentaba desbloquear incluía transferir las prestaciones no contributivas familiares de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, el Seguro Escolar y un centro de verificación de maquinaria de Barakaldo.

El Gobierno vasco y el PNV ven que el tiempo de Sánchez se agota y que con él, el plazo para hacer realidad el sueño que habían acordado y firmado: completar el desarrollo del Estatuto de Gernika aprobado hace 46 años. Sin embargo, a día de hoy parece que ese objetivo está muy lejos de cumplirse. En una nota, el Gobierno vasco ha asegurado que no se ha podido encauzar la negociación que estaba en marcha ni se han vencido "las resistencias que habían surgido en los últimos días en el modo de materializar los acuerdos políticos que ya se habían suscrito".

Ahora, tras mantener la una reunión con la ministra Saiz, el Ejecutivo de Pradales asegura que se ha producido "una marcha atrás por parte del Ejecutivo español". Un paso atrás que haría referencia a las valoraciones económicas y de personal de las transferencias que debía asumir Euskadi. Señalan que también se han identificado diferencias en "cuestiones irrenunciables en lo que al pago de las prestaciones que están encima de la mesa".

"Un mal traspaso"

Por la mañana, durante su comparecencia tras el Consejo de Gobierno, Ubarrexena había asegurado que los retrocesos eran evidentes y culpaba de ellos a algunos "secretarios de Estado que parece que mandan más que los ministros". El Gobierno vasco siempre ha defendido que no aceptará traspasos de materias en malas condiciones, "ante un mal traspaso preferimos que no haya traspaso".

En este clima, el Gobierno vasco asegura que tiene "serias dudas" de que pueda producirse la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias que se había acordado para el próximo lunes y en la que se debía cerrar la cesión de estas cinco materias.

El malestar del Gobierno de Pradales con el Ejecutivo Sánchez en relación al cumplimiento del Estatuto de Gernika ha ido en aumento. El acuerdo que el PSOE y el PNV alcanzaron para apoyar la investidura de Pedro Sánchez incluía el desarrollo íntegro del estatuyo vasco antes de finalizar este año. Entre las materias acordadas se incluía la cesión del régimen económico de la Seguridad Social en los términos recogidos en el Estatuto. Supondría el incumplimiento de un compromiso que el PNV y el Gobierno vasco siempre han considerado histórico y necesario tras más de 46 años desde la aprobación del Estatuto de Gernika en 1979.