El año 2025 ha estado marcado por varias causas judiciales que amenazan al PSOE o que afectan directamente al entorno más cercano del presidente del Gobierno. Las investigaciones a su mujer, Begoña Gómez, o a su hermano, David Sánchez, han copado varias portadas, pero sin duda, la causa que ha definido los últimos 12 meses ha sido la conocida como el ‘caso Koldo’.

Las diligencias dirigidas por el Tribunal Supremo han sacado a relucir las vergüenzas de un partido que llegó a La Moncloa como abanderado de la lucha contra la corrupción. Más de siete años después de aquella foto de Mariano Rajoy abandonando el Congreso de los Diputados en contraposición con la figura de un joven Pedro Sánchez que llegaba con aires de regeneración, el Gobierno del PSOE lucha por mantener una coalición de Gobierno fragmentada y erosionada por la corrupción de varios de sus miembros.

A finales de 2024, ya teníamos entre la lista de sospechosos al que fuera el ‘hombre fuerte de Ferraz’, José Luis Ábalos. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil apuntaba ya al presunto cobro de mordidas por parte del exministro de Transportes por su mediación en la contratación de la empresa Soluciones de Gestión S.L. para el suministro de material sanitario durante la pandemia. Trescientos sesenta y cinco días después, el caso ha dado un giro de 180 grados y cerca también a su sucesor en el cargo al frente de la Secretaría de Organización.

'Caso Koldo': los 'hombres de confianza' de Pedro Sánchez bajo el foco

La cabeza de Santos Cerdán ha sido la última en rodar en la Cámara Baja. El que fuera el hombre de confianza de Pedro Sánchez acabó camino a Soto del Real, después de que la Guardia Civil descubriera, gracias a las grabaciones de Koldo García, su presunta participación en una trama que va mucho más allá de la adjudicación a dedo de contratos de mascarillas.

El Instituto Armado sitúa al exdiputado navarro como el ‘cabecilla’ de una presunta organización criminal que, al menos, desde el año 2018 se benefició del cobro de supuestas mordidas a cambio del amaño de obras públicas. Según el juez del caso, el que fuera el hombre fuerte de Ferraz era la persona conocedora del origen y destino de los fondos que después se repartían presuntamente entre Ábalos y su exasesor.

El Tribunal Supremo sospecha que las obras que pudieron ser amañadas en favor de empresas con las que la trama tenía un preacuerdo alcanzan los 500 millones de euros. De esto desprende el instructor, que la conocida como la ‘banda del Peugeot’ se desembolsó, al menos, cinco millones de euros.

La referencia al ‘equipo Peugeot’ no es baladí, puesto que este sería el comienzo de una estrecha relación que ahora se encuentra en el ojo del huracán. Fue en Navarra, durante las primarias de 2017 que llevaron a Pedro Sánchez de vuelta a la capitanía del partido de su vida, cuando Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán empezaron a forjar alianzas.

Estas alianzas son las que están ahora bajo el foco de la UCO y las que acabaron con Santos Cerdán en prisión. Tras 142 días en la cárcel de Soto del Real, el exdiputado navarro salía en libertad provisional, la UCO ya había podido establecer la relación de sus fondos con la empresa Servinabar, por lo que su estancia en prisión ya no estaba justificada.

Tan sólo una semana después de que Cerdán quedara en libertad, el juez decretaba el ingreso en prisión para su antecesor como secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, y su mano derecha, Koldo García. Con la celebración de su juicio por la parte principal del caso, la investigación derivada de los contratos públicos para la adquisición de productos sanitarios, a las puertas, el magistrado Leopoldo Puente apreció riesgo de fuga para ambos y acordó enviarles a la cárcel.

La Audiencia Nacional investiga los pagos en efectivo de Ferraz

Mientras Ábalos y Koldo continúan compartiendo celda y confidencias en Soto del Real, el juez de la Audiencia Nacional avanza sus pesquisas en torno a los pagos de efectivo en Ferraz. La UCO emitió un informe en el que se mostraba como ambos investigados recogían grandes cantidades de dinero en metálico en la sede de los socialistas, lo que hizo saltar todas las alarmas.

Tras escuchar el testimonio del exgerente del PSOE, Mariano Moreno, y la empleada de Ferraz, Celia Rodríguez, el juez Leopoldo Puente envió a la Audiencia Nacional dicha información. Tras considerar que ambos testimonios no aclaraban el origen y reparto de los fondos en metálico que circulaban en la sede de los socialistas, el magistrado Ismael Moreno decidió investigar dichos pagos.

El pasado 16 de diciembre, la formación entregó un pendrive con la documentación que acredita dichos desembolsos. Por el momento, dicha información forma parte de una pieza separada declarada secreta.

'Caso Hidrocarburos'

Otra de las causas que ha seguido regalando titulares este año ha sido la conocida como el 'caso Hidrocarburos'. Hace poco más de un año, Víctor de Almada -quien ya era conocido por su papel en el 'caso Koldo'- ingresaba también en Soto del Real imputado en la causa por el fraude millonario del IVA.

Un año después, la investigación ha despejado algunas incógnitas, aunque avanza con lentitud. Entre los últimos hallazgos de los investigadores destacan varios mensajes de Koldo García con los ex jefes de gabinete de Reyes Maroto y Teresa Ribera, en los que este les pedía reunirse con los empresarios del sector de los hidrocarburos investigados o acelerar los permisos para hacerse con el título de operador para la empresa vinculada al socio de Aldama, Claudio Rivas. El juez ha citado a declarar en calidad de testigos a Juan Ignacio Díaz Bidart y a Marc Pons el próximo 28 de enero.

El Instituto Armado advertía también en su último informe de la existencia de diversos pagos en metálicos destinados a Aldama o algunos bienes de los que se habría beneficiado presuntamente José Luis Ábalos. Los investigadores sostienen que la trama de los hidrocarburos destinó cerca de un millón de euros para comprar el favor de Ábalos y ejercer influencia en varios ministerios.

'Caso Leire'

Además de las investigaciones que afectan al exministro de Transportes, si ha habido una causa judicial que ha puesto en peligro la imagen del PSOE, esa sin duda ha sido el conocido como 'caso Leire'. El pasado mes de mayo, el nombre de Leire Díez pasó a copar las portadas de todos los periódicos. La que parecía ser una simple militante socialista, pasó a convertirse en protagonista de las principales piezas informativas por su papel como presunta "mano derecha" de Santos Cerdán.

Gracias a varias investigaciones periodísticas y a las denuncias presentadas por los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa, las reuniones y maniobras de Leire Díez para conseguir información comprometida de la UCO, jueces o fiscales, pasaron a formar parte de una investigación liderada por el titular de Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid.

Trama de la SEPI

Mientras el juez Arturo Zamarriego avanzaba en sus pesquisas por cohecho y tráfico de influencias contra la exconcejal socialista, la Fiscalía Anticorrupción dirigía en secreto una investigación por el presunto amaño de contratos públicos en la SEPI o empresas públicas dependientes de la misma por la que Díez acabó detenida, junto con otros dos investigados.

Hace poco más de dos semanas, la UCO detenía a una de sus mayores detractoras. Junto a ella, los investigadores detuvieron también al expresidente de la SEPI y a Antxón Alonso. Cabe recordar que el empresario vasco también permanece imputado por el 'caso Koldo' por el presunto pago de mordidas, a través de Servinabar 2000 S.L., en favor de Santos Cerdán.

El juez Santiago Pedraz dirige una investigación que permanece bajo secreto por el presunto amaño de contratos públicos por valor de 132 millones. Anticorrupción sospecha que el 'grupo Hirurok', formado por Díez, Fernández y Antxón Alonso, se sirvió de su influencia sobre cargos públicos para favorecer a determinadas empresas a cambio del cobro de 750.000 euros en comisiones ilegales. Entre los investigados también destaca el nombre de José Vicente Berlanga, socialista histórico afín a José Luis Ábalos y vinculado al sector socialista de Valencia vinculado al exministro de Transportes.

Condena al fiscal general

Aunque este caso no salpica directamente a las filas socialistas, la causa contra el ya exfiscal general del Estado ha marcado este 2025. El año comenzó con la declaración de Álvaro García Ortiz en el Tribunal Supremo, donde el salmantino defendió su inocencia ante el juez Ángel Hurtado.

No obstante, sus explicaciones y de los periodistas que declararon como testigos no fueron suficientes para el instructor que acordó enviarlo a juicio. El pasado 3 de noviembre arrancaba en el alto tribunal un juicio histórico, el primer juicio contra un fiscal general del Estado.

Finalmente, la Sala de lo Penal condenó a García Ortiz por revelación de datos reservados a dos años de inhabilitación del cargo de fiscal general. La condena a que fuera el máximo representante del Ministerio Público no sólo ha dañado la imagen de la institución, sino que ha salpicado de manera indirecta al PSOE por la dependencia de su cargo al Gobierno.