El Ministerio de Justicia, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos han cerrado un acuerdo para la creación de una nueva vía a través del Defensor del Pueblo para la reparación de víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica para las que ya no es posible la vía judicial.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, firmará el acuerdo este jueves a las 9:30 horas en el madrileño Palacio de Parcent -una de las sedes del ministerio- con los presidentes de la Confederación Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, y la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, según informa Efe.

El acuerdo llega después de que la Conferencia Episcopal aceptara a finales de noviembre la propuesta del Gobierno para atender y reparar a las víctimas de abusos sexuales en la que se proponía que aquellas que no quieran acudir a la comisión impulsada por la Iglesia, lo hagan a través del Defensor del Pueblo.

El objetivo es que exista un sistema mixto Iglesia-Estado y que cuente con la participación de las víctimas y reparaciones a cargo de la Iglesia. En este nuevo sistema cada caso será trasladado a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo que formulará una propuesta que posteriormente evaluará el Priva y emitirá un informa. Si ambas partes resultan conformes, la propuesta tendrá carácter definitivo. En caso de disconformidad se creará una Comisión Mixta y si finalmente persiste el desacuerdo será la Unidad de Víctimas quien emitirá la resolución definitiva.

La entidad eclesiástica deberá cumplir las medidas de reparación en plazo. Si no se diera el cumplimiento por parte de la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos deberán garantizar el cumplimiento de las medidas de reparación establecidas además de asumir el coste de las indemnizaciones.

Antes de aceptar la propuesta que hoy firman ambas partes, la Iglesia puso en marcha el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (Priva) para dar respuesta y reparación a las víctimas de abusos sexuales cuyos casos ya no tienen recorrido legal. Priva no ha obtenido muchos resultados, muchas de las víctimas no están dispuestas a acudir a la comisión que había formado la entidad eclesiástica. Este plan está gestionado por una comisión de especialistas que analiza cada caso y plantea una propuesta de compensación económica. Esa cantidad se traslada a la diócesis u orden religiosa responsable del presunto agresor, y es finalmente la autoridad eclesiástica correspondiente la que decide si acepta el pago, según adelantaba El País esta mañana.