Las principales investigaciones judiciales en curso, como el 'caso Koldo' o el 'caso Hidrocarburos', han situado a un grupo reducido de abogados en el centro del foco mediático y procesal. Se trata de letrados con trayectorias consolidadas, experiencia en causas complejas y, también, presencia previa en procedimientos de especial trascendencia pública.

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Algunos proceden de la carrera judicial o fiscal; otros acumulan décadas de ejercicio en el ámbito penal. En común, todos ellos figuran al frente de defensas clave en causas que han marcado la agenda judicial el último año, que se siguen tanto en el Tribunal Supremo como en la Audiencia Nacional. Una tarea difícil ya que tienen que trabajar bajo la lupa mediática y la complejidad de las investigaciones.

Carlos Bautista

Carlos Bautista.

Uno de los letrados cuyo nombre más ha sonado en los últimos meses ha sido el de Carlos Bautista, que asumió la defensa del exministro de Transportes José Luis Ábalos tras la renuncia de este a su anterior abogado, José Aníbal Álvarez. Este miércoles, tan sólo tres meses después, el exfiscal de la Audiencia Nacional renunció a defender al diputado valenciano por discrepancias contractuales.

Con esta sería la segunda vez que Ábalos se queda sin abogado, después de que el pasado mes de octubre decidiese romper su relación con José Aníbal Álvarez. Ambos planteaban líneas de defensa muy distintas y acumulaban ya varios meses de discrepancias. En el caso de Bautista, fuentes jurídicas deslizan que se habría producido diferencias similares, aunque destacan el retraso en el pago de los honorarios por parte de Ábalos.

Bautista pasó al sector privado en 2024 y se integró en el despacho Chabaneix Abogados, especializado en Derecho Penal Económico e Internacional. Hasta entonces había desarrollado su carrera en el Ministerio Público, donde estuvo adscrito a distintas fiscalías especializadas. Según el propio bufete, su experiencia incluye extradiciones, órdenes europeas de detención y entrega, blanqueo de capitales y antiterrorismo.

En el despacho centra su actividad en delitos de fraude fiscal, macroestafas, corrupción y blanqueo, ámbitos desde los que ejerce la defensa de Ábalos ante el Tribunal Supremo. Recientemente, solicitó que el político socialista, actualmente en prisión provisional, sea juzgado por un jurado popular.

Leticia de la Hoz

La abogada del exasesor ministerial Koldo García es Leticia de la Hoz, que ya representaba a su exesposa en la causa vinculada a la presunta trama que afectó al entorno del exministro Ábalos cuando Koldo decidió prescindir de su anterior abogado y fichar a de la Hoz.

Formada en Derecho en la Universidad de Oviedo y en Aberystwyth (Gales), completó su preparación con estudios de posgrado y un máster en Administración Concursal. En la actualidad dirige el departamento jurídico del bufete IDBO Consultants. En 2023 llegó a ser inhabilitada dieciséis días por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) tras cometer una infracción.

Según se puede leer en su perfil profesional, su trayectoria incluye una intensa actividad ante tribunales de distintas instancias y una especialización en derecho penal económico, compliance y cumplimiento normativo. Ha participado en iniciativas vinculadas a la protección de menores y a la reclamación judicial en materia financiera. También trabajó para el Defensor del Pueblo, cuando Ángel Gabilondo la escogió para formar parte de la comisión asesora que dio forma al informe sobre los abusos sexuales en el seno de la comunidad católica en España.

José Aníbal Álvarez

José Aníbal Álvarez fue el abogado de Ábalos hasta que el exministro comunicó formalmente al Tribunal Supremo su decisión de prescindir de sus servicios. La ruptura se produjo un día antes de que el exministro tuviera que declarar ante el alto tribunal, movimiento que el instructor Leopoldo Puente calificó de "fraude de ley" y rechazó.

En su escrito, Ábalos aludió a "diferencias irreconducibles" mantenidas en el tiempo que, a su juicio, hacían inviable la continuidad de la defensa. Sostuvo que se había producido un deterioro irreversible de la confianza entre abogado y cliente.

Para justificar su decisión, adjuntó enlaces a dos informaciones periodísticas que mencionaban supuestos intentos del letrado de que renunciara a su acta de diputado para perder el aforamiento y forzar así que la causa regresara a la Audiencia Nacional. "El firmante, que no es abogado, se tiene que preparar su declaración por sí solo", afirmó Ábalos en su escrito.

Javier Gómez Bermúdez

Javier Gómez Bermúdez dejó la carrera judicial en 2017 y desde entonces ejerce como abogado. Durante su etapa como magistrado presidió el tribunal que juzgó los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y fue presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional entre 2004 y 2012.

En la actualidad representa a la empresaria Carmen Pano, que ha declarado tanto ante varios medios de comunicación como en sede judicial, en el marco del 'caso Hidrocarburos', haber entregado dinero en efectivo en dos ocasiones en la sede del PSOE, situada en la calle Ferraz de Madrid. Según su versión, la cantidad ascendía a 90.000 euros.

El juez instructor Santiago Pedraz ha vuelto a citar a declarar a Pano el próximo 30 de enero. Un día antes lo hará el empresario Víctor de Aldama y el día 28 están citados como testigos Juan Ignacio Díaz Bidart, exjefe de gabinete de Reyes Maroto, y Marc Isaac Pons, exjefe de gabinete de Teresa Ribera, dentro de la investigación sobre la licencia de operador de Villafuel.

José Antonio Choclán

Magistrado de carrera, José Antonio Choclán ejerce como abogado especializado en Derecho Penal económico y dirige su propio despacho. A lo largo de su trayectoria ha representado a personas con relevancia política, económica y social en procedimientos de gran complejidad. Entre sus defendidos figuran, por citar algunos, el futbolista Cristiano Ronaldo o el actor Imanol Arias.

Su práctica profesional ha estado marcada por la negociación con la Fiscalía en causas relacionadas con delitos contra la Hacienda Pública y otros ilícitos económicos, una vertiente destacada en la presentación de su bufete. También ha intervenido en macrocausas como Gürtel o Púnica y fue juez en la Audiencia Nacional antes de pasar al ejercicio privado.

En la actualidad dirige la defensa del empresario Víctor de Aldama, que se sentará en el banquillo del Tribunal Supremo en 2026 por el 'caso Koldo'. Cabe recordar que fue su declaración voluntaria en octubre de 2024 la que impulsó varias líneas de investigación, entre ellas las presuntas adjudicaciones irregulares de obra pública por parte del Ministerio de Transportes.

Jacobo Teijelo

Jacobo Teijelo fundó su despacho, Teijelo Abogados, en 1992. Desde entonces ha ejercido como penalista en causas de muy distinta naturaleza, incluidas investigaciones por narcotráfico, terrorismo y corrupción. Hoy es uno de los abogados que dirige la defensa del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

En 2025 su nombre volvió a la actualidad tras conocerse su participación en una reunión junto a, entre otros, la exmilitante socialista Leire Díez y los empresarios Javier Pérez Dolset y Alejandro Hamlyn, que intervino por videoconferencia desde el extranjero.

En aquel encuentro se buscaba información que comprometiera al teniente coronel Antonio Balas, al frente del área de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, unidad responsable de investigaciones que afectan al Gobierno. Precisamente, su cliente asegura que los dos informes que el Instituto Armado ha confeccionado sobre él están basados en manipulaciones.

Benet Salellas

Benet Salellas dirige el despacho Salellas i Associats Advocats, fundado en 1982 por su padre. Abogado desde 2003, ha desarrollado su carrera en el ámbito penal, con especial presencia en procedimientos de relevancia pública en Cataluña.

En la actualidad, comparte con Teijelo la dirección de la defensa de Santos Cerdán, que sostiene que es objeto de una investigación de motivación política. Además de su actividad profesional, Salellas fue diputado en el Parlamento de Cataluña entre 2015 y 2017 por la CUP.

Salellas alcanzó notoriedad durante el juicio del procés, en el que asumió la defensa ante el Tribunal Supremo de Jordi Cuixart, entonces presidente de Òmnium Cultural. Su intervención consolidó su perfil en causas de carácter político, estrategia que sigue ahora Cerdán, que asegura ser un objeto de una investigación de carácter político.

Antonio Camacho

El exministro del Interior Antonio Camacho ejerce la defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, investigada en los juzgados de Madrid por la presunta comisión de cinco delitos.

Camacho fue ministro entre julio y diciembre de 2011 en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y anteriormente ocupó el cargo de secretario de Estado de Seguridad desde 2004. Antes de su etapa política desarrolló su carrera en la Fiscalía, a la que accedió por oposición en 1991, y tras abandonar la vida pública regresó al ejercicio de la abogacía, centrando su actividad en el ámbito penal.

Desde que asumió la defensa, sus comparecencias en los juzgados de Plaza de Castilla han sido frecuentes. El juez Juan Carlos Peinado comunicó en octubre del pasado año a Gómez que, en caso de apertura de juicio oral, el procedimiento se seguiría ante un jurado popular, conforme a la ley para algunos de los delitos investigados. La causa, abierta en abril de 2024, se encuentra en su fase final.

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