La renuncia del socialista Miguel Gallardo a su acta de diputado en la Asamblea de Extremadura ha despejado definitivamente el camino para que la Audiencia Provincial de Badajoz celebre el juicio por corrupción en el que se sentará en el banquillo junto a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Ambos, junto a otros nueve trabajadores de la Diputación pacense, están acusados por el acceso del familiar de Pedro Sánchez a un puesto en la institución provincial, para el que presuntamente fue colocado de forma irregular.

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Desde las elecciones autonómicas existía un debate jurídico sobre el órgano competente para juzgar a Gallardo: si debía hacerlo el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, por su condición de aforado como parlamentario regional, o la Audiencia Provincial, dado que los hechos investigados ocurrieron cuando presidía la Diputación de Badajoz y aún no gozaba de ese privilegio.

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Con su renuncia voluntaria al escaño, ese debate queda zanjado. Todos los acusados serán juzgados por la Audiencia Provincial, que este miércoles autorizó además que las acusaciones populares comparezcan por separado en el juicio. Así lo recoge un escrito al que ha tenido acceso El Independiente, en el que el tribunal subraya que ya no existen razones para limitar el ejercicio individual de la acción penal ni para restringir la libre designación de abogados, al no apreciarse riesgo de dilaciones indebidas.

"Hay que permitir que las distintas acusaciones populares puedan llegar en el plenario a mantener diversos enfoques, puntos de vista y estrategias procesales porque así lo impone el artículo 24 de la Constitución Española", explican los jueces en su auto.

El juicio, inicialmente fijado para finales de febrero, fue aplazado a la última semana de mayo y la primera de junio debido a la coincidencia de señalamientos en las agendas de varios letrados de la defensa. Tanto David Sánchez como Gallardo se enfrentan a peticiones de tres años de prisión cada uno por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

Gallardo ha formalizado su renuncia después de haber asegurado, el día en que dimitió como secretario general del PSOE extremeño tras los malos resultados electorales, que no abandonaría su acta de diputado. Entonces afirmó que hacerlo supondría traicionar a quienes habían depositado su confianza en él en las urnas.

En el escrito con el que comunicó su decisión, el exdirigente socialista justificó su salida del Parlamento regional alegando que lo hacía con plena convicción y con la serenidad de quien cree estar actuando correctamente. Señaló que su prioridad absoluta es afrontar el proceso judicial con todas las garantías, sin distracciones, y defender con firmeza su honor y su dignidad.

Antes de que la causa fuera enviada definitivamente a juicio, Gallardo intentó en 2025 retrasar el procedimiento por distintas vías. El socialista había presidido la Diputación de Badajoz durante una década, hasta junio del año pasado, cuando trató de obtener el aforamiento ante el Tribunal Superior de manera apresurada. Para ello, accedió a un escaño en la Asamblea autonómica tras una sucesión de renuncias en la lista del PSOE por Badajoz, donde ocupaba el puesto número 23. Cinco candidatos tuvieron que desistir formalmente de su acta ante notario para facilitar su entrada.

Esta maniobra fue calificada como un "fraude de ley" por la jueza instructora, Beatriz Biedma, una valoración que posteriormente fue respaldada por el propio TSJ de Extremadura. Los magistrados concluyeron que Gallardo no obtuvo el acta como consecuencia natural del resultado electoral, sino mediante una cadena de actuaciones encaminadas a lograr de forma precipitada el aforamiento con el objetivo de apartar la causa del Juzgado de Instrucción y de la Audiencia Provincial.

En relación con la creación en 2016 de la plaza de coordinador de conservatorios musicales que ocupó David Sánchez, Biedma considera "inverosímil" que Gallardo, "conociéndose de forma generalizada" que el puesto estaba destinado a Sánchez, "no supiera dicha circunstancia y no participara activamente en los hechos".

La magistrada explicó cuando le procesó que, si bien David Sánchez no tenía vínculos conocidos con Badajoz en ese momento, su hermano había sido secretario general del PSOE y había visitado con frecuencia la provincia, por lo que resulta "razonable" pensar que ese entorno político mantenía contactos con personas influyentes en Extremadura.

Por su parte, Gallardo argumenta que que la creación de la plaza coincidió con una etapa en la que apoyó a Susana Díaz frente a Sánchez en la pugna por la secretaría general del PSOE, y siempre ha sostenido que no intervino en la adjudicación ni en el proceso de selección y que nunca tuvo el propósito de adjudicar el puesto ni a Sánchez ni a ninguna otra persona concreta.