Hacía casi 180 años que formaba parte del patrimonio de edificios ilustres de Getxo. El registro fijaba en 1845 el año de construcción del Palacio ‘Irurak Bat’. Tres alturas, estilo neoclásico y vistas al mar. Uno más de los muchos inmuebles con solera promovidos por las familias adineradas que desde entonces comenzaban a asentarse en la localidad costera. Su larga historia se terminó de modo abrupto en agosto de 2024, se lo llevaron las grúas y excavadoras.
De nada sirvió que fuera un edificio con protección especial, que formara parte del valioso patrimonio del barrio de Algorta o que la licencia estableciera que debía haber sido rehabilitado, nunca demolido. La operación que había sido autorizada por los servicios municipales correspondientes recogía que en el edificio restaurado se construirían seis pisos de lujo y que otro inmueble contiguo, de nueva construcción, albergaría media docena más. Los técnicos municipales habían establecido que debían respetarse tres de las cuatro paredes del palacete. El atestado policial posterior aclaró que al tratarse de un bien de interés cultural lo que debía respetarse eran las cuatro paredes y la cubierta. Nada de eso se cumplió.
Concejales del PNV bajo sospecha por tráfico de influencias
Lo que ahora investiga la Justicia es si todo fue fruto de un acuerdo que podría haber implicado a políticos y funcionarios en la operación urbanística y si detrás de ella podrían esconderse delitos de prevaricación, tráfico de influencias y atentado contra el patrimonio. Y lo que también se intenta conocer es cuál fue el papel de dos concejales del PNV del consistorio vizcaíno que aparecen relacionados con la promotora del proyecto. En el momento de los hechos, Inaxio Uriarte e Irantzu Uriarte eran pareja y ediles del Consistorio... y cooperativistas de la cooperativa que impulsaba la construcción de las viviendas.
Irantzu Uriarte es ahora concejala de Turismo, Promoción económica, Cultura y Euskera. Su pareja y también concejal, Inaxio, está vinculado al área de Intervención general y Servicio de Gestión de Vía Pública. Ambos, compartían la condición de cooperativistas de Ereaga Atalaya, la promotora que llevó a cabo el proyecto. Según avanzó el Grupo Vocento, ambos fueron cooperativistas desde marzo de 2023 y en junio de ese mismo año obtuvieron la licencia para llevar a cabo el proyecto de construcción de viviendas. En agosto de 2024 el palacete ya había sido demolido.
Demoler, más barato que rehabilitar
Según un informe municipal, la rehabilitación se había estimado en un coste que rondaba los 3,2 millones de euros y la construcción de un nuevo edificio en apenas 2,5 millones, con lo que el ahorro en la operación podría haber rondado los 700.000 euros. Ahora, la Justicia quiere conocer si en la concesión de las autorizaciones para llevar a cabo esta obra se pudo cometer un presunto delito de prevaricación que podría implicar a funcionarios y cargos políticos por adoptar decisiones a sabiendas de su ilegalidad.
Ayer, el juzgado de instrucción número 2 de Getxo, tras meses de investigación, decretó el secreto de sumario sobre este caso y ordenó registrar las oficinas del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Getxo en busca de documentación. El registro se prolongó durante varias horas y tras el mismo los agentes de la Ertzaintza se llevaron varias cajas de material y soportes.
Precisamente este jueves estaban llamados a declarar cinco de los imputados. Entre ellos, el arquitecto, el aparejador y el constructor de la cooperativa, además de dos testigos. La última información y la operación llevada a cabo ayer ha precipitado el aplazamiento de estas declaraciones.
Hombre de confianza de la alcaldesa
Ignacio Uriarte es un hombre importante en el Ayuntamiento de Getxo, gobernado por el PNV y PSE. Llegó a ser uno de los máximos colaboradores de la alcaldesa, Amaia Agirre, con quien ahora está enfrentado y distanciado. Este caso ha ido precipitando diversas reestructuraciones en el organigrama del Consistorio y rebajando el peso de Uriarte en el mismo.
Al finalizar el registro, el Ayuntamiento de Getxo, gobernado por PNV y PSE, aseguró haber "colaborado activamente con la investigación judicial" y mostró su compromiso con "la transparencia, la legalidad y la ejemplaridad en la gestión pública". La alcaldesa de Getxo afirmó no tener constancia de "ninguna irregularidad". Según dijo Amaia Aguirre, "en lo que depende del Ayuntamiento se ha actuado conforme a la legalidad" y el expediente se tramitó "correctamente, siguiendo los procedimientos habituales, con revisión del personal técnico competente y los informes necesarios".
Agirre ha recordado que "cuando la promotora derribó parte del edificio sin el permiso correspondiente, el Ayuntamiento actuó con rapidez y con firmeza, se paralizó la obra de inmediato y se abrió el expediente sancionador a la empresa": “Si la investigación en curso acreditara alguna vulneración ética o legal, adoptaremos las medidas oportunas con toda la contundencia".
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