La juez que instruye la causa por la gestión de la DANA, Nuria Ruiz, está buscando recuperar los mensajes que borró el entonces jefe de Gabinete del expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, durante las horas más críticas de la catástrofe que dejó 230 muertos en la Comunidad Valenciana. José Manuel Cuenca entregará este viernes a la magistrada la tarjeta SIM de su móvil para insertarla en el teléfono que devolvió en su día. El objetivo es comprobar si es posible recuperar las conversaciones eliminadas después de que Cuenca reseteara el dispositivo tras la DANA.

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En diciembre, durante su segunda declaración como testigo, Cuenca negó haber dado instrucciones a la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, en nombre de Mazón. Sin embargo, este lunes, en el careo celebrado entre ambos, Pradas aseguró que el expresident se "entrometió" a través de su círculo de confianza en la decisión sobre un eventual confinamiento de la población ante la riada.

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Cuenca, que previamente se había negado por cuestiones de privacidad, se mostró dispuesto a aportar la tarjeta SIM para intentar acceder a los mensajes que intercambió aquella tarde. A diferencia de Pradas, que conservó su teléfono, la mano derecha de Mazón reseteó el móvil tras la DANA, un extremo que la magistrada le reprochó expresamente, según explican fuentes jurídicas a El Independiente.

La exconsejera —la única imputada en el procedimiento junto a su antiguo número dos, Emilio Argüeso— consideraba a Cuenca una "extensión" de Mazón y sostiene que habló con el exsecretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, sobre la posibilidad de confinar a la población. Según declaró, a las 19:43 horas habló con él sobre esta medida y quedó en consultar a la Abogacía de la Generalitat su viabilidad jurídica.

Sobre este punto, Pradas explicó que la Ley de Emergencias de la Comunidad Valenciana sí permitía decretar el confinamiento, frente a la posición de Cuenca, que le envió un mensaje a las 19:54 horas en el que le decía: "Salo. De confinar nada por favor. Calma". La exconsejera interpretó esos mensajes como un "intento de persuasión" para que no se adoptara la medida.

En un auto, la juez señaló que el informe remitido por la Abogacía de la Generalitat contradice la versión ofrecida por el antiguo jefe de Gabinete de Mazón. En concreto, cuestiona que los mensajes enviados a Pradas se basaran en una supuesta negativa de los servicios jurídicos sobre el confinamiento, que según Cuenca le trasladó García tras consultar con la Abogacía.

La magistrada recuerda que, de acuerdo con el propio testimonio de Cuenca, esos mensajes se apoyaban en "las supuestas manifestaciones del Abogado de la Generalitat" transmitidas por García. Sin embargo, el informe de la Abogacía, fechado el 26 de diciembre de 2025 y firmado por el Abogado General de la Generalitat, ofrece una versión distinta.

Ese documento recoge únicamente la existencia de dos llamadas telefónicas breves y precisa que, en una de ellas, se indicó expresamente que un eventual confinamiento sí tendría soporte jurídico, citando incluso los preceptos legales en los que podría fundamentarse. Además, el informe subraya que el 29 de octubre de 2024 ningún alto cargo de las consejerías de Justicia e Interior, Medio Ambiente o Presidencia formuló una consulta escrita a la Abogacía de la Generalitat. No obstante, esa tarde se produjeron llamadas de corta duración relacionadas con el episodio meteorológico.

Según detalla el documento incorporado a la causa, el entonces subsecretario de la Consejería de Pradas llamó al abogado coordinador de la Abogacía en ese departamento para preguntar si un eventual confinamiento tendría cobertura legal, a lo que el letrado respondió afirmativamente.

Por su parte, Cuenca explicó a la juez que García le contó la conversación que había tenido con Pradas y le dijo que no tenía claro si la competencia para un hipotético confinamiento era de la comunidad o del Gobierno. Admitió que mandó a Pradas el mensaje de 'Salo, de confinar nada', pero que él no tenía ninguna intención ni ningún rol ni competencia para ello, ni intención de impulsar o frenar ninguna medida.

En paralelo, la magistrada Ruiz ha acordado la citación de ocho nuevos testigos en la causa, cuyas declaraciones se celebrarán entre enero y febrero. Entre ellos figuran responsables de la Abogacía de la Generalitat, asesores del entorno más próximo de Mazón, así como un chófer y distintos cargos del área de Emergencias. En concreto, el 27 de enero comparecerán el coordinador de la Abogacía en la Consejería de Justicia e Interior y el Abogado General de la Generalitat, llamados a declarar sobre las consultas realizadas la tarde de la DANA en relación con la posibilidad del confinamiento.

Además, la juez ha citado a varios miembros del núcleo de confianza de Mazón, entre ellos el chófer que tenía asignado el 29 de octubre y tres de sus asesores más cercanos —Josep Lanuza, Francisco González y Maite Gómez—, algunos de los cuales le acompañaron a su llegada al Cecopi a las 20:28 horas. La magistrada quiere analizar el proceso de toma de decisiones durante aquella jornada, en especial en lo relativo al envío de la alerta a la población y a las comunicaciones que pudo mantener Pradas, con el fin de esclarecer cómo se desarrolló la deliberación en el seno del Cecopi.