La regularización extraordinaria de migrantes que el Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros por real decreto ha generado una fuerte inquietud en la Policía Nacional. Los sindicatos policiales denuncian que se trata de una medida adoptada sin planificación ni refuerzo de medios que traslada toda la carga operativa a unos servicios ya saturados y que puede tener consecuencias directas sobre la seguridad ciudadana.

El Ejecutivo sacará adelante el decreto tras un acuerdo entre el PSOE y Podemos, con el objetivo, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de “garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente”. La medida permitirá regularizar a extranjeros que ya se encuentren en España y, según ha señalado la eurodiputada de Podemos Irene Montero, podría beneficiar a más de medio millón de personas. Los solicitantes deberán acreditar al menos cinco meses de estancia en el país y carecer de antecedentes penales relevantes.

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) denuncian que el anuncio responde a un “cálculo político” y se ha realizado sin explicar cómo se va a garantizar la seguridad ni con qué medios reales se pretende ejecutar. El sindicato subraya que la Policía Nacional no diseña la política migratoria, pero sí asume las consecuencias de decisiones políticas mal planificadas. A día de hoy, advierten, no existe explicación sobre quién verificará las identidades, cómo se comprobarán los antecedentes reales ni cómo se absorberá una carga de trabajo que puede afectar a más de un millón de personas en un cuerpo policial.

Antecedentes penales o policiales

Uno de los puntos que más preocupación genera entre los agentes es el criterio basado en la ausencia de antecedentes penales. Los sindicatos recuerdan que no tener antecedentes penales no equivale a no tener antecedentes policiales. Hay personas investigadas, identificadas o vinculadas a hechos delictivos que aún no han sido condenadas, y regularizar de forma masiva sin un análisis individualizado es, a su juicio, una temeridad desde el punto de vista de la seguridad pública.

JUPOL, sindicato mayoritario de la Policía Nacional, ha advertido además del riesgo de colapso en las unidades de Extranjería y Fronteras. Estas brigadas trabajan ya con plantillas ajustadas, agendas saturadas y una elevada carga burocrática, por lo que asumir de golpe cientos de miles de expedientes adicionales puede traducirse en retrasos, acumulación de trámites y una merma en otras funciones esenciales, como la lucha contra las redes de inmigración ilegal, la trata de seres humanos o el control documental.

Los sindicatos alertan también del impacto en otras áreas policiales, como el aumento de comparecencias, la presión sobre los sistemas de cita previa, más gestiones en calabozos y centros de estancia y un incremento de los casos de fraude de identidad y falsedad documental, fenómenos habituales que requieren análisis policial especializado.

El "efecto llamada"

El “efecto llamada” es otro de los ejes centrales de la crítica policial. El SUP, JUPOL y la Confederación Española de Policía (CEP) coinciden en que este tipo de anuncios envían un mensaje inequívoco al exterior en el que, dicen, se enseña que entrar y permanecer de forma irregular en España puede acabar teniendo como recompensa la regularización administrativa. Un mensaje que, según advierten, incrementa la presión migratoria sobre fronteras y costas y actúa como un incentivo directo para las mafias que trafican con seres humanos, que utilizan las expectativas de futuras regularizaciones como argumento para captar personas desesperadas.

La CEP sostiene además que la medida rompe un consenso tácito mantenido durante las dos últimas décadas en política migratoria y sitúa a España en una dirección contraria a la estrategia que impulsa la Unión Europea, basada en flujos ordenados y firmeza frente a las llegadas no regulares. A su juicio, regularizaciones de este calibre perjudican gravemente la lucha policial contra las mafias y debilitan la capacidad del Estado para ejercer un control eficaz y seguro.

Las advertencias policiales llegan en un contexto de fuerte aumento de la inmigración irregular. Según una estimación de Funcas, el número de migrantes en situación irregular habría crecido un 685% en los últimos ocho años, hasta alcanzar unas 840.000 personas en 2025. Durante el año pasado, tras la flexibilización del arraigo, cerca de 95.000 personas regularizaron su situación por alguna de las vías previstas en el reglamento de extranjería, según datos del Ministerio de Inclusión.

Frente a las críticas, los sindicatos policiales rechazan de forma tajante que su postura pueda calificarse de “racismo institucional”. Consideran esa acusación falsa, injusta e irresponsable y denuncian que se utilice para tapar la falta de planificación política. “No es racismo, es miedo al efecto llamada y a la falta de control”, resumen los policías, que insiste en que sin más agentes, más medios y protocolos claros, esta regularización vuelve a cargar todo el peso sobre una Policía Nacional.