El anuncio de la regularización extraordinaria de migrantes en situación irregular ha sacudido el debate político y social en España. Durante años, las organizaciones sociales y sindicatos han señalado el "limbo" en el que vivían (y viven) cientos de miles de personas que trabajan, cotizan de forma indirecta y forman parte del tejido social sin contar con un reconocimiento jurídico estable. Ahora, por primera vez en décadas, el Gobierno se dispone a dar un paso de enorme calado que puede reordenar el mapa de la inmigración en el país.

¿Cuántos extranjeros van a ser regularizados?

Las cifras que se manejan son de una magnitud histórica. Se prevé que en torno a medio millón de personas podrían beneficiarse de esta regularización, siempre que puedan acreditar que estaban en España antes del 31 de diciembre del pasado 2025, la ausencia de antecedentes penales y ciertos requisitos de arraigo. Hablamos de trabajadores de sectores como el campo, el cuidado de mayores, la hostelería o la construcción, que ya sostienen buena parte de la economía cotidiana, pero lo hacen, muchas veces, sin contrato y sin derechos laborales plenos.

¿Qué implica realmente la regularización?

La regularización anunciada se centra en tres grandes aspectos; residencia, trabajo e inclusión básica en el sistema de protección social. Quienes cumplan las condiciones podrán acceder a un permiso de residencia (por lo general, temporal en una primera fase), con autorización para trabajar y posibilidad de darse de alta en la Seguridad Social, cotizar y tener una cobertura sanitaria plena. Esto se traducirá en que muchas personas que hoy trabajan en la famosa "economía sumergida", sin nómina ni contrato, pasarán a tener un reconocimiento formal que les permita alquilar con contrato, abrir una cuenta bancaria o algo tan básico como empadronarse.

Desde el punto de vista jurídico, el salto es enorme. Para ellos, se suspenderían las órdenes de expulsión, se frenan en seco los procedimientos sancionadores y se ofrece un marco estable para reconstruir su vida en nuestro país. Pero el estatuto que se reconoce es el de residente extranjero, por lo que solo a partir de aquí tiene sentido plantear la pregunta de fondo. Una vez regularizados, ¿podrán votar estos extranjeros en España?.

¿Podrán votar estos extranjeros en España?

La respuesta, a día de hoy, es que la inmensa mayoría no obtendrá derecho de voto automático ni en elecciones generales ni autonómicas, y solo una parte muy limitada podría votar en las municipales si cumple una serie de requisitos adicionales, como: regularizar la situación administrativa significa obtener un permiso de residencia (y, en muchos casos, de trabajo), pero no equivale en absoluto a adquirir la ciudadanía ni el conjunto de derechos políticos que esta conlleva.

Hoy por hoy, el sistema electoral español distingue con bastante claridad entre residencia y ciudadanía. El voto en elecciones generales, autonómicas y europeas está reservado a quienes tienen nacionalidad española, con la única excepción de los ciudadanos de otros países de la Unión Europea, que pueden votar (y ser elegidos) en municipales y europeas en el Estado miembro en el que residan. Es decir, un extranjero extracomunitario regularizado seguirá sin poder votar en unas generales aunque tenga contrato, pague impuestos y lleve años en el país.

Donde sí existe una pequeña ventana es en las elecciones municipales. Además de los españoles, pueden participar los ciudadanos de la UE residentes en España y los nacionales de algunos países con los que España tiene acuerdos de reciprocidad, siempre que se inscriban en los plazos y cumplan un tiempo mínimo de residencia legal. En esta lista figuran, por ejemplo, varios países latinoamericanos, así como otros Estados que permiten también a españoles votar en sus comicios locales.

¿Qué caminos tienen para llegar a votar?

Para la mayoría de las personas que se beneficien de la regularización, el camino hacia el voto pasa, en realidad, por la nacionalidad, no por la propia medida extraordinaria. La legislación española permite solicitar la nacionalidad por residencia tras un determinado número de años viviendo de forma legal en el país. Diez en el caso general, pero con plazos reducidos para nacionales de países iberoamericanos, Portugal, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o personas refugiadas, entre otros supuestos. La regularización, al transformar una estancia irregular en residencia legal, es lo que empieza a contar "el reloj" de esa residencia exigida para una futura nacionalización.

Es decir, el impacto político de esta medida no será inmediato en términos de urnas, pero sí puede ser notable a medio y largo plazo. A medida que estas personas logren consolidar su residencia, renovar permisos y, eventualmente, acceder a la nacionalidad, aumentará el número de ciudadanos de origen migrante con capacidad de influir en los resultados electorales. De hecho, ya se calcula que varios millones de votantes de origen inmigrante son hoy decisivos en algunos territorios, fruto de procesos de integración y nacionalización de las últimas décadas.