La Falange Española ha cargado duramente contra la Iglesia católica tras el respaldo explícito de la Conferencia Episcopal Española (CEE) a la regularización extraordinaria de inmigrantes pactada entre el Gobierno y Podemos. En un mensaje difundido tras conocerse el contenido del decreto la organización acusa a la jerarquía eclesiástica de alejarse de la Doctrina Social de la Iglesia y de alinearse con intereses políticos y económicos ajenos a la defensa de los más vulnerables.

“La inmigración trae consigo mafia, explotación, salarios indignos, desarraigo y disolución cultural. Lo más lejano a la Doctrina Social de la Iglesia”, sostiene la Falange Española en su comunicado. El texto añade que, si patronal, Podemos, fundaciones vinculadas a George Soros y la propia CEE coinciden en promover este modelo migratorio, “igual la Conferencia Episcopal está más con el demonio que con los pobres”.

Las declaraciones llegan después de que la Conferencia Episcopal Española pidiera a las administraciones públicas que “habiliten los cauces adecuados y suficientes” para que la regularización extraordinaria pueda llevarse a cabo “de la mejor manera posible y siempre al servicio de las personas migrantes”. El respaldo de la Iglesia se ha producido en paralelo a un fuerte rechazo de sindicatos policiales, que alertan del impacto operativo y de seguridad de una regularización masiva sin refuerzo de medios.

Una medida "sin planificación"

El real decreto, fruto del acuerdo entre el PSOE y Podemos, permitirá regularizar a extranjeros que ya se encuentren en España y acrediten al menos cinco meses de estancia en el país, siempre que carezcan de antecedentes penales relevantes. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la medida busca “garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente” y podría beneficiar a unas 500.000 personas, aunque desde Podemos se ha elevado esa cifra por encima del medio millón.

Desde los sindicatos policiales se insiste en que la medida se ha adoptado sin planificación y traslada toda la carga operativa a unas unidades ya saturadas, especialmente las de Extranjería y Fronteras. Los agentes advierten además del denominado “efecto llamada”, al considerar que este tipo de regularizaciones envían un mensaje que incentiva las llegadas irregulares y refuerza la actividad de las mafias que trafican con seres humanos.

Las críticas a la regularización también han llegado desde el ámbito político. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de aprobar una regularización “masiva e improvisada” que, a su juicio, va contra la política migratoria europea y busca “incrementar el censo” de forma artificial. En la misma línea se ha pronunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que considera la medida “profundamente irresponsable” y con posibles efectos sobre el censo electoral.

El Gobierno, por su parte, defiende que la regularización extraordinaria no tendrá impacto presupuestario ni de personal y que se ajusta al derecho de la Unión Europea. La Comisión Europea ha evitado valorar el fondo de la medida al tratarse, según Bruselas, de una competencia exclusiva de los Estados miembros.