El titular de Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid ha retirado la condición de perjudicados a Víctor de Aldama y al exmagistrado Manuel García-Castellón en la causa que dirige contra Leire Díez. El instructor considera que no hay concreción de ningún hecho que avale su condición de perjudicado en la presente causa.
El pasado mes de noviembre el juez acordó la personación de Aldama, después de que este denunciase que Díez y su abogado habían tenido acceso a conversaciones privadas suyas mientras estuvo ingresado en prisión. En el caso de García-Castellón, su letrada entendió que este había sido perjudicado directamente por las actividades de la exconcejal socialista, quien en sus reuniones pedía información sobre el magistrado.
En un auto al que ha tenido acceso El Independiente, el juez sostiene que los hechos denunciados por la defensa de Aldama, que considera que su cliente habría sido objeto de un delito de revelación de secretos, "no guardan relación con los que motivaron la incoación de la presente causa", donde se investigan delitos de cohecho y tráfico de influencias.
En el caso de García-Castellón, el instructor apunta que en su escrito de personación no se justifica ningún hecho que le avale como perjudicado más allá de que la investigada haya podido difundir "informaciones presuntamente falsas" con la finalidad de menoscabar el honor y la buena imagen del magistrado. Entiende que este menoscabo correspondería a un presunto delito de injurias, pero que no tiene cabida en esta causa.
El juez ha estimado un recurso presentado por la exmilitante socialista donde sostenía que ninguno era perjudicado. La Fiscalía se unió al criterio de la defensa y argumentó que no concurrían los requisitos legales para que ambos permanecieran en la causa.
Tras esta decisión, Zamarriego tiene por delante la práctica de varias diligencias como la de tomar declaración el próximo lunes a Santos Cerdán y Antonio Hermando, en calidad de testigos. También se ha citado a declarar al empresario Alejandro Hamlyn. Precisamente, fue la grabación de una reunión de Leire Díez y el empresario Pérez Dolset con Hamlyn lo que destapó las maniobras de la exalto cargo de Correos contra la UCO y otros actores del panorama político y judicial.
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