El conocido ayer sólo es el último capítulo de un enfrentamiento que se prolonga desde hace décadas. La petrolera Repsol y la CNMC acumulan un cruce de multas millonarias y pugnas que se enredan durante años en los tribunales. La sanción impuesta este miércoles es de las más elevadas jamás impuesta a la petrolera que lidera Josu Jon Imaz: 20,5 millones de euros. También en esta ocasión terminará recurrida ante la Audiencia Nacional, como todas las anteriores.
Por ahora, en los últimos veinte años el organismo regulador del mercado ha impuesto multas a la petrolera por un montante de al menos 100 millones de euros, si bien no en todos los casos han sido ratificadas por la Justicia. Repsol ha logrado anular o que se reconsidere el montante de más de una multa.
En esta ocasión la sanción ha sido por un supuesto estrechamiento ilegal de márgenes. La CNMC argumenta que Repsol usó su app para fidelizar clientes con descuentos y que las gasolineras "low cost" no podían igualar porque la propia petrolera, como mayorista, les vendía el combustible más caro. Además de la sanción económica, en esta ocasión la CNMC ha impuesto la prohibición de concurrir a licitaciones públicas de suministro para la Administración durante un periodo de seis meses.
Sanciones 'ejemplares' de la CNMC contra Repsol
Repsol ha insistido en que la política de descuentos dirigida a aliviar la carga económica de familias y profesionales del transporte y que alcanzó los 450 millones de euros, había recibido el aval y aplauso del Gobierno y la propia CNMC. Incluso la entonces vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, aplaudió el gesto de Repsol e instó al resto de petroleras a imitarlo.
Repsol hace tiempo que está en el punto de mira de la CNMC. Lo ha estado por considerar que ha vulnerado la legislación en aspectos como el intercambio de información, la coordinación de precios o las medidas para controlar la fijación de precios. El órgano regulador aplica además el carácter de reincidencia contra Repsol a la hora de fijar sus multas por considerar que ser la compañía de mayor peso del mercado y haber incurrido en reiteradas ocasiones en incumplimientos, obliga a que las sanciones deban ser ejemplares.
Sin duda el caso más relevante fue el conocido en febrero de 2015 como ‘cártel’ de petroleras y en el que además de Repsol fueron multadas otras compañías como Cepsa (10 millones), GALP (800.000 euros) o DISA (1,3 millones). La CNMC les acusó de coordinar precios de venta al público. En este caso la multa para Repsol fue las más alta, 20 millones de euros. Sólo unos meses después, la Audiencia Nacional anuló la multa aduciendo que se había sancionado a la matriz y no a la filial que cometió los hechos, Repsol Comercial. El caso continuó en el Tribunal Supremo, que en junio de 2019 corrige a la AN y avala la sanción impuesta por la CNMC.
El 'mazazo' de 2019: 42 millones en multas
Casi de manera paralela en el tiempo, los equipos de abogados de ambas partes se enfrentaban por otra multa millonaria, incluso más elevada: 22,5 millones de euros. En esta ocasión la sanción a Repsol dictada en 2015 se prolongó en el tiempo casi una década. El problema no estuvo tanto en la acusación, acuerdos para la fijación de precios, como en el cálculo de la multa impuesta por la CNMC. La Audiencia Nacional la anuló al considerar que no se había motivado suficientemente el modo de estimación y cálculo de la misma. Sin embargo, una vez más, el Tribunal Supremo volvió a avalar a la CNMC y dio por buena la multa.
Ambas resoluciones hicieron que el año 2019 Repsol tuviera que hacer frente al pago de 42,59 millones de euros en multas, la suma de los 22,5 millones por fijación de precios y los 20 millones por el caso ‘cártel’.
Alargar los procesos en el tiempo ha sido una práctica habitual en todos estos casos. También la exigencia de la Audiencia Nacional de tener que justificar de modo suficiente la fijación de los importes de las multas. En 2013 el Tribunal Supremo anuló una multa de 8,7 millones impuesta a Repsol por la CNMC, tras, una vez más, un largo proceso de litigios. Otras sanciones vinculadas al caso Petrocat también fueron anuladas, al concluir la AN que Repsol no había incumplido la ley.
Sanciones por el gas
Entre los años 2011 y 2013 la CNMC le impuso restricciones para que no pudiera abrir más gasolineras en determinadas provincias por la excesiva cuota de mercado que ostentaba. Sin embargo, Repsol fue multada varias veces por "saltarse" esas prohibiciones y seguir expandiéndose.
En 2001 se produjo otra de las sanciones importantes por un delito de fijación de precios y que supuso una sanción por 13 millones de euros. En 2009, de nuevo la fijación de precios a gasolineras acarreó una multa de 5 millones de euros que no se logró revertir en los tribunales.
Si bien el suministro de combustibles es el área de negocio central de Repsol, la compañía también ha sido multada por su posición de dominio en el gas licuado. Entre 2014 y 2015 la CNMC le impuso sanciones que sumaron más de 10 millones de euros. El órgano de la competencia consideró que dificultaba que los clientes se pasaran a otras compañías o, en otros casos, por el cobro irregular de servicios de mantenimiento en las bombonas.
La nueva multa impuesta a Repsol reactiva el carrusel de litigios en los tribunales que ha marcado parte de la relación de la petrolera con la CNMC. La compañía ya ha avanzado que recurrirá la multa a la Audiencia Nacional. Como demuestra el historial de las últimas dos décadas, el pago final de esta sanción estará en el aire durante años hasta que resuelva la última instancia judicial. En este caso, la petrolera no solo se juega hacer frente a una multa millonaria sino también a hacer valer su capacidad para seguir siendo el principal proveedor energético de la Administración Pública española.