La audiencia preliminar de la primera pieza del 'caso Koldo' que irá a juicio se celebró este jueves en el Tribunal Supremo en medio de una gran expectación mediática. Fue el preludio de lo que está por venir en primavera, cuando el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se sienten en el banquillo durante varias semanas para responder por la presunta comisión de varios delitos durante la primera fase de la pandemia, periodo en el que supuestamente se habrían enriquecido ilícitamente mediante la compraventa de material sanitario.

La llegada al alto tribunal de Aldama fue radicalmente distinta a la de Ábalos y Koldo. Mientras el empresario llegó en coche tras posar para una fotografía en Instagram, los otros dos lo hicieron en un furgón de la Policía Nacional procedente de la prisión de Soto del Real, donde permanecen en prisión preventiva desde el pasado 27 de noviembre. El instructor del Supremo, Leopoldo Puente, decretó su ingreso en prisión al apreciar un elevado riesgo de fuga.

Las primeras imágenes de ambos tras su entrada en la cárcel se produjeron en la imponente Sala de lo Penal. Koldo trató de ocultar su rostro de las cámaras utilizando un anorak rojo, mientras Ábalos permaneció con la mirada perdida durante gran parte de la audiencia. Aldama se mantuvo separado de sus compañeros de banquillo por los agentes encargados de custodiar a los presos.

La celebración de la vista obligó a habilitar nuevamente la biblioteca del Supremo como sala de prensa para los numerosos periodistas que cubrieron este anticipo del juicio, previsto, en principio, para el próximo mes de abril.

Uno de los momentos más controvertidos llegó cuando la abogada del exasesor ministerial, Leticia de la Hoz, solicitó que tanto su cliente como Aldama fueran sometidos a un polígrafo para comprobar la veracidad de sus declaraciones. También pidió apartar del tribunal juzgador a los magistrados Andrés Martínez Arrieta —presidente de la Sala—, Manuel Marchena, Eduardo de Porres, Andrés Palomo y Julián Sánchez Melgar al considerar que tendrían afinidad con alguna de las acusaciones o una opinión ya formada sobre la causa.

En concreto, respecto a Sánchez Melgar, alegó que fue fiscal general del Estado a propuesta del PP. Arrieta le recordó entonces que la ley fija un plazo de diez días para presentar recusaciones desde que se comunica la composición del tribunal, un periodo que ya había expirado.

Por su parte, la defensa de Ábalos solicitó su puesta en libertad y, al igual que la de Koldo, cuestionó la competencia del Tribunal Supremo para juzgarle tras haber renunciado a su acta de diputado y, con ello, haber perdido el aforamiento.

El fiscal Alejandro Luzón negó haber alcanzado ningún pacto con Aldama y explicó que el Ministerio Público conoció el contenido de su declaración en el mismo momento en que se produjo, tratándose de información nueva. Asimismo, aclaró que la menor petición de pena para el empresario responde a lo previsto en el Código Penal en relación con la atenuante de confesión.

La Fiscalía solicita 24 años de prisión para el exministro, 19 años y medio para Koldo y siete para Aldama, una pena inferior en este último caso por haber reconocido los delitos que se le imputan.