El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha multado con 420 euros a un abogado que introdujo en un recurso hasta 48 citas de jurisprudencia falsas, que hacían referencia a sentencias inexistentes, porque en realidad habían sido generadas por una inteligencia artificial.

Según ha informado este viernes el propio TSJC, su Sala de lo Penal sanciona al letrado por considerar que actuó de forma contraria a al deber de veracidad y a las reglas de la buena fe con abuso del servicio público de la Justicia.

Además de la multa, la Sala ha acordado dar traslado de su decisión y de los antecedentes al Colegio de Abogados del afectado, a fin de que, si lo considera procedente, "depure las responsabilidades disciplinarias en que haya podido incurrir", recogido por EFE.

En un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal del TSJC contra un fallo de la Audiencia Provincial de Salta Cruz de Tenerife, el abogado se valió de una herramienta de IA "generalista" -es decir, no de una solución específicamente diseñada en el ámbito jurídico- para introducir en la fundamentación hasta 48 citas de sentencias del Tribunal Supremo y un informe del Consejo General del Poder Judicial que supuestamente avalaban su postura en el pleito.

Sin embargo, ninguna de esas sentencias existía, según verificó la documentalista del TSJC, ya que el abogado no sometió a "revisión ni verificación alguna" el documento que le había generado la IA para comprobar si se correspondieran con resoluciones o informes reales.

"No contrastó que los números de sentencia, las fechas y los identificadores existieran efectivamente" y tampoco "verificó los datos de salida de la herramienta de IA con las bases de datos de jurisprudencia -el Centro de Documentación Judicial (Cendoj), de acceso universal y gratuito- para confirmar siquiera una de esas referencias, lo que le hubiera puesto sobre aviso", según indica la nota.

A juicio del Tribunal, esta omisión "constituye una quiebra del deber básico de supervisión humana que, como se ha expuesto, resulta indeclinable cuando se emplean herramientas de IA en el ejercicio profesional y vulnera el estándar de diligencia que (...) el Código Deontológico exige al profesional de la Abogacía".

En su sanción, la Sala acude a un criterio "ejemplarizante" a la hora de cuantificar la multa: 420 euros, la mitad del coste aproximado de una suscripción anual a una herramienta de Inteligencia Artificial específicamente jurídica de las disponibles en el mercado, "que, de haber sido utilizada, probablemente hubiera evitado el lamentable resultado que ahora se enjuicia".

No obstante, tiene en cuenta que, cuando se detectó el supuesto fraude, el letrado admitió los hechos, reconoció su responsabilidad de forma expresa y manifestó su arrepentimiento.

En su auto, el TSJC recuerda que el principio de supervisión humana es el "eje vertebrador de todas las actuaciones profesionales que comporten el uso de estos sistemas en el ámbito de la Abogacía, debiendo el profesional entender la herramienta como asistencial y nunca como decisoria, evitando una dependencia ciega del sistema".