La red de narcotráfico que contó con la presunta colaboración de un Inspector Jefe de la Policía Nacional intentó dar un salto internacional en su estructura de blanqueo de capitales recurriendo a “abogados top” con el objetivo de lavar en Singapur los más de 2.000 millones de euros obtenidos con la cocaína introducida en Europa.

En el centro de la investigación se sitúa Óscar Sánchez Gil, exjefe de la Sección Operativa de la UDEF en la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, a quien los investigadores atribuyen un papel clave en la organización criminal liderada por Ignacio Torán Delgado, socio e interlocutor principal del Inspector Jefe.

A cambio de numerosos pagos, Sánchez Gil habría utilizado su acceso a los sistemas policiales para alertar de investigaciones, advertir de inspecciones y orientar las decisiones del grupo criminal sobre cómo hacer más segura la entrada de droga en España y para garantizar la impunidad de sus operaciones.

La "doble ocupación" de Gil

Según los datos recabados por los investigadores, el grupo introdujo al menos 58.499 kilogramos de cocaína en 37 contenedores marítimos. A esta cifra se suman 1.605 kilos intervenidos en mayo de 2021 y otros 13.062 kilos incautados en octubre de 2024, lo que eleva el total a 73.166 kilogramos. El valor de mercado de la droga supera los 2.060 millones de euros.

Sánchez Gil, conocido en las comunicaciones intervenidas por los agentes con los alias “Aduana” y “Amigo”, habría sido el encargado de proteger las operaciones del grupo desde dentro, ya que tenía acceso a los diferentes sistemas policiales. Introducía los números de contenedor facilitados por la organización en las bases de datos policiales para comprobar si estaban bajo vigilancia y advertía de posibles inspecciones.

Los agentes apuntan que el exjefe incluso llegó a proponer en diferentes ocasiones desviar la atención hacia contenedores legales para asegurar el paso de los cargamentos con cocaína. En sus propios mensajes intervenidos a los que ha tenido acceso El Independiente, el inspector jefe describía esta actividad como una “doble ocupación” junto a su trabajo oficial.

"Abogados top" en Singapur

La investigación sitúa uno de los movimientos más relevantes de la trama el 24 de octubre de 2024, cuando Ignacio Torán comunicó a Sánchez Gil que se había reunido con “abogados top” de nacionalidad inglesa para crear una estructura de blanqueo de capitales en Singapur.

El objetivo era encontrar una vía más eficaz y discreta para canalizar los beneficios del narcotráfico. Según los mensajes intervenidos, estos abogados habían sido recomendados por Perikles Daremas, alias “Peri”, residente en Dubái y señalado como uno de los principales inversores del grupo AGON CAPITAL.

Torán, que utilizaba en ocasiones el alias “Vijay”, buscaba sustituir a los abogados españoles con los que trabajaba hasta entonces, a los que consideraba “unos dramáticos”, por otros que ofrecieran mejores condiciones y menor coste. A la reunión acudió acompañado de un colaborador llamado Unai, cuya presencia generó recelos en Sánchez Gil, aunque Torán trató de tranquilizarle asegurando que se trataba de una persona de su confianza.

Empresas de fruta

El papel de Sánchez Gil dentro de la organización iba más allá de facilitar información. Según la investigación, también asesoraba sobre posibles debilidades en las actuaciones judiciales y policiales. En un caso, facilitó el auto judicial que autorizaba entradas y registros, lo que permitió a miembros de la red eludir a la justicia.

Asimismo, alertó de operaciones policiales en curso e incluso proporcionó información interna sobre el origen de determinadas investigaciones para justificar ante inversores las pérdidas sufridas tras una incautación.

La organización utilizaba empresas importadoras de fruta, como TRAPANI EXPORT S.L. y ABADIX FRUITS S.L., para camuflar los envíos de cocaína en contenedores marítimos. Desde su posición, el inspector jefe comprobaba si esos contenedores iban a ser inspeccionados y transmitía la información al grupo para que ajustara sus movimientos.

Dubai, punto clave

Los investigadores también han documentado los pagos recibidos por los integrantes de la red. En una nota intervenida en uno de los teléfonos que pertenecía a Torán, el inspector jefe figuraba como uno de los principales beneficiarios, con 800.000 euros asignados, solo por detrás del propio líder de la organización, que acumulaba más de 1,5 millones. Otros miembros clave recibían cantidades inferiores en función de su papel en la logística de los cargamentos.

La red extendía sus operaciones a Dubái, donde Torán poseía propiedades de lujo a través de testaferros, incluida una mansión en el complejo W Residences de Palm Jumeirah valorada en 55 millones de dirhams, unos 13,8 millones de euros. Parte de estas estructuras inmobiliarias estaban vinculadas a AGON CAPITAL, lo que, según los investigadores, evidenciaría el uso de entramados empresariales internacionales para integrar en la economía legal los beneficios del narcotráfico.