El goteo ha sido constante desde hace al menos cinco años. Casi cada semana, el Gobierno vasco informaba a las víctimas de la concesión de terceros grados a presos de ETA. Casos que, pese a ser en ocasiones incluso más graves, en ningún momento han suscitado tanto revuelo como el de Garikoitz Aspiazu, alias ‘Txeroki’. La política de aceleración en la concesión de los regímenes de semilibertad o de flexibilización de cumplimiento de condenas iniciada por el Ejecutivo vasco continuará. Uno de los próximos en obtener un beneficio de este tipo será el asesino de Gregorio Ordóñez: Juan Ramón Carasatorre, alias ‘Zapata. Fue condenado a 30 años de prisión por este crimen junto a Javier García Gaztelu, alias 'Txapote' y Valentín Lasarte.
Este veterano preso de ETA, de 61 años, ha sido condenado no solo por el asesinato de quien fuera líder del PP en San Sebastián, sino también por participar en los asesinatos del brigada del Ejército Mariano de Juan Santamaría y del inspector de Policía Enrique Nieto.
Carasatorre cumpliría las tres cuartas partes de su condena de prisión máxima en marzo de 2029, pero el departamento de Justicia ya ha informado a algunas víctimas de que se prepara su traslado desde la prisión de Martutene (Gipuzkoa) a la de Zaballa (Álava) para tramitar la concesión de un régimen de semilibertad.
El traslado a Zaballa: clave para la semilibertad de ‘Zapata’
El traslado de prisión es necesario para hacer cumplir la condena de alejamiento de los familiares de Ordóñez que pesa sobre él y que le impediría moverse con libertad por la capital guipuzcoana. De este modo, Carasatorre, alias ‘Zapata’, antiguo miembro del ‘comando Donostia’ de ETA junto a ‘Txapote’, podría salir de prisión tras haber transcurrido trece años de reclusión en España. A esta condena se suman los años de cárcel cumplidos por varias causas en Francia, donde fue detenido en diciembre de 2001. Desde entonces, acumula 24 años en prisión.
Precisamente la hermana de Gregorio Ordóñez, Consuelo, solicitó recientemente mantener un encuentro en prisión con Carasatorre. La petición se engloba dentro de la política restaurativa entre víctima y victimario que impulsa el Gobierno vasco. La medida, que ha sido solicitada y autorizada por otras víctimas, por el momento no ha sido otorgada a Ordóñez. El Ejecutivo vasco se ha limitado a asegurarle que su petición está siendo aún tramitada.
Carasatorre fue acercado a la prisión de El Dueso, en Cantabria, en 2021 y posteriormente a la cárcel de Pamplona. Pese a haber solicitado en varias ocasiones una progresión de grado, Instituciones Penitenciarias —el Ministerio del Interior—, titular de la gestión de la cárcel navarra, no se lo concedió. No ha sido hasta su traslado a la prisión de Martutene, dependiente de la Administración vasca, cuando la situación parece haber progresado. Ahora, el Ejecutivo prepara su traslado a la cárcel de Zaballa, paso previo a la concesión de un régimen que flexibilizaría el cumplimiento de su condena.
El precedente de ‘Txeroki’ y la aplicación del artículo 100.2
Desde que en 2021 el Gobierno vasco asumió la gestión de las prisiones en Euskadi, los procesos de concesión de terceros grados o de aplicación del artículo 100.2 de flexibilización del cumplimiento de la condena —como el otorgado a ‘Txeroki’— se han multiplicado. Hasta ahora son 18 los presos que se han beneficiado de este artículo. La concesión depende del departamento de Justicia que gestiona el PSE de la mano de su consejera, María Jesús San José.
En total, tanto con la consejería en manos del PNV como ahora del PSE, en los cuatro años de gestión autonómica de prisiones, se elevan a 111 los presos de la banda a los que se les ha concedido algún beneficio en el régimen de cumplimiento de condena. En algunos casos han sido recurridos por la Fiscalía y revocados por la Justicia, obligando al interno a regresar a prisión y al régimen de grado anterior. El último caso de recurso es el del preso de ETA Asier Arzalluz, condenado por el asesinato de José Luis López de Lacalle, cuya concesión la Fiscalía ha pedido que sea revisada. En la mayoría de las ocasiones lo que más se ha cuestionado es su grado de arrepentimiento acreditado.
Actualmente, en las prisiones vascas cumplen condena 119 presos, según datos de la consejería. De ellos, el 68% estaría disfrutando de un régimen de semilibertad y solo el 32% restante cumpliría la condena en régimen cerrado. Se trata de los presos con condenas más abultadas. En prisión aún están algunos de los nombres con una trayectoria más dura en ETA. Es el caso de Marisol Iparragirre, alias ‘Anboto’, que cumple condena en la prisión de Martutene. En esta misma prisión se encuentra Iratxe Sorzabal, una de las etarras que participó en el comunicado de desarme de ETA en 2011.
Críticas de las víctimas al Gobierno vasco
En la cárcel de Zaballa, en Álava, es donde están internos los presos con penas más elevadas y, en algunos casos, más críticos con la corriente oficial que marca EH Bildu. En Zaballa están presos como Javier García Gaztelu, alias ‘Txapote’, Jon Bienzobas o Irantzu Gallastegi.
La consejera de Justicia del Gobierno vasco, María Jesús San José, ha defendido la concesión de los beneficios, como el otorgado a ‘Txeroki’, apelando al rigor en la aplicación de la normativa penitenciaria. El departamento recuerda que ‘Txeroki’ cumple con los requisitos para acogerse a estas medidas, pues acumula más de 20 años entre la condena cumplida en Francia y la completada en prisiones españolas.
Las asociaciones de víctimas han denunciado que la fórmula del 100.2 es un fraude al no ser un cambio de grado formal. Se trata de una medida que permite al interno salir todo el día para acudir a trabajar o realizar labores de voluntariado y regresar al centro penitenciario solo para dormir. La Fiscalía tiene más dificultades para paralizar un 100.2 que un tercer grado.
Colectivos como Covite también han denunciado que el fraude radica en que los presos de la banda terrorista están beneficiándose de las progresiones de grado sin haber acreditado que existe un arrepentimiento y repudio de su pasado terrorista. El colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco siempre ha criticado que se valide el reconocimiento del arrepentimiento presentando cartas manuscritas tipo y sin que los presos muestren signos inequívocos de arrepentimiento ni se hayan desmarcado de su pasado ni del entorno de la izquierda abertzale que les considera presos políticos y, subraya Covite, les prohíbe arrepentirse.
Penas cumplidas en Francía
Actualmente la mayor parte de los presos de ETA se encuentra abordando el tramo final de sus condenas. El Gobierno vasco siempre ha defendido que el modelo penitenciario vasco debe apostar por la reinserción social y por facilitar el cumplimiento de las penas preparando a los internos para la libertad. Lo ha definido como un modelo de resocialización y justicia restaurativa.
La reforma legal que permitió a los presos de ETA sumar los años de prisión cumplidos en Francia al cómputo total de años cumplidos en España ha permitido a muchos de ellos acelerar la fecha de salida inicial y el acceso a grados de semilibertad. Lo ha hecho en presos como ‘Txeroki’, si bien en su caso la pena efectiva máxima impuesta era de 25 años.
También Carasatorre cumplió varios años de prisión en Francia. Es la Audiencia Nacional la que está analizando cada petición y la que próximamente continuará resolviendo caso a caso. Para autorizar el cómputo, el proceso es algo prolongado ya que requiere no solo recibir las sentencias y traducirlas, sino cruzar las mismas con los delitos que cumple cada preso en nuestro país para verificar si son equiparables y computables. Antes del verano muchos presos de ETA solicitaron a sus defensas acogerse a esta medida y la Audiencia Nacional irá resolviendo poco a poco.
Te puede interesar