El exalto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Eugenio Domínguez, está en el núcleo de la presunta trama que maniobró desde el corazón de la Administración para favorecer a la empresa Forestalia en la obtención de proyectos millonarios relacionados con las energías renovables. El juez y la Guardia Civil describen un entramado "realmente complejo" para ocultar los beneficios resultantes de estas actividades.

Estos supuestos amaños se produjeron durante la etapa en la que la vicepresidenta primera de la Comisión Europea, Teresa Ribera, dirigía el departamento. En uno de sus informes, la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), que ha liderado las pesquisas, sostiene que Domínguez creó "un sistema de tramitación paralelo" para beneficiar a la compañía. Sospechan que cobró 5,2 millones de euros por estas gestiones, según figura en la documentación a la que ha tenido acceso El Independiente, aunque no descartan que se produjeran más ingresos.

Los agentes lo describen como "la figura central" del entramado y el principal "favorecedor" de los intereses de Forestalia desde su posición como subdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio y, posteriormente tras su jubilación en junio de 2023, como asesor de máximo nivel de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Un testigo relató además que acudía "de forma habitual por las tardes" a la sede de la empresa tras finalizar su jornada laboral.

Domínguez aterrizó en el Ministerio en 2017 de la mano de la entonces ministra Isabel García Tejerina, y se mantuvo en el cargo tras la llegada de Ribera. Los informes de la UCO del 'caso Koldo' revelaron que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán pidió al exasesor ministerial Koldo García que Domínguez mantuviera su puesto tras la llegada de los socialistas al Gobierno.

La investigación, que tuvo su origen en una denuncia de Teruel Existe, se lleva a cabo en el Juzgado de Instrucción 1 de Teruel. Se centra en 52 proyectos renovables de esta provincia, siendo el más destacable de ellos el conocido como Clúster del Maestrazgo, el mayor proyecto eólico del país, que Forestalia vendió por 500 millones de euros a un fondo danés. El proyecto todavía no ha empezado su construcción y el fondo se ha personado en la investigación. Ahora, el juez tiene que decidir si lo paraliza, decisión prevista para este viernes pero que ha sido aplazada.

La investigación, que incluyó 12 registros y la detención de seis personas la semana pasada, sitúa además en el foco al dueño del grupo Forestalia, Fernando Samper. También fueron arrestados el notario Javier de Lucas Cadenas y tres personas señaladas como testaferros: los hermanos Eduardo y Roberto Pérez Águeda, y Montserrat Heredero, esposa de Domínguez. El juez destaca que, tras una "profunda" investigación policial, se ha observado la existencia de una "compleja trama societaria" vinculada siempre a Forestalia.

Una "caja negra" dentro del Ministerio

Según la UCO, Domínguez llegó a asumir personalmente la práctica totalidad de los expedientes de energías renovables vinculados al grupo empresarial, una circunstancia que técnicos del Ministerio calificaron de "extraordinaria", ya que se apartaba del reparto ordinario de trabajo dentro del departamento. Los investigadores sostienen que el entonces alto cargo creó un circuito de tramitación cerrado —una "caja negra"— que dejaba al margen a consejeros y técnicos del Ministerio, derivando los proyectos de Forestalia a equipos externos bajo su supervisión directa.

La Guardia Civil añade que, en algunos casos, la documentación técnica de los promotores llegaba directamente a manos de Domínguez en dispositivos de almacenamiento externos y era incorporada posteriormente a la plataforma interna del Ministerio sin pasar por el registro oficial. Este procedimiento impedía la trazabilidad formal de los documentos y evitaba los controles administrativos.

La Guardia Civil detalla que el antiguo funcionario recibió participaciones en otras 15 sociedades de Forestalia titulares de 33 proyectos eólicos en Zaragoza y Teruel que él mismo tramitó. Además, sostienen que participó en los beneficios económicos derivados de estas actuaciones a través de una estructura societaria vinculada a su entorno familiar, mediante la cual presuntamente se canalizarían pagos relacionados con proyectos cuya tramitación dependía de su firma.