El asesinato confesado a principios de este mes por un joven venezolano de 20 años en Madrid ha vuelto a poner el foco en un tipo de conflicto que se repite cada vez con más frecuencia: las disputas entre propietarios e inquilinos. El presunto autor acudió a una comisaría del distrito de Carabanchel y reconoció haber estrangulado a su casera, de 31 años, tras una fuerte discusión en el piso que ambos compartían, en la calle Oropéndola, donde él tenía alquilada una habitación.

No se trata de un caso aislado. Fuentes policiales consultadas por EFE apuntan a que la tensión creciente en el mercado del alquiler está detrás de muchos de estos enfrentamientos. Los precios cada vez más elevados están provocando situaciones de convivencia cada vez más complejas como subarrendamientos, viviendas con numerosos inquilinos compartiendo espacios reducidos o incluso propietarios e inquilinos viviendo bajo el mismo techo. Ese contexto, explican los investigadores, aumenta las posibilidades de conflicto.

Según esas fuentes, ya no es solo el impago del alquiler lo que provoca las disputas. El día a día dentro de viviendas compartidas —la limpieza de los espacios comunes, el uso de la cocina o el baño, o el incumplimiento de normas básicas de convivencia— puede desencadenar discusiones que en algunos casos terminan escalando. Aunque los episodios más graves siguen siendo excepcionales, los agentes reconocen que este tipo de incidentes se repiten con mayor frecuencia.

Fuerte escalada de tensión

En los últimos cinco años se han registrado casos en distintos puntos del país que ilustran esa escalada de tensión. En marzo de 2021, en Elche (Alicante), una pareja fue detenida por agredir a su antigua arrendadora y entrar en su domicilio tras una discusión por varias mensualidades impagadas. La propietaria sufrió arañazos y el desprendimiento de una prótesis dental. Meses después, en Valladolid, cuatro hombres —entre ellos el propietario de una vivienda— fueron arrestados por sacar por la fuerza a su inquilino del piso, introducir sus pertenencias en bolsas de basura y expulsarlo del inmueble.

La violencia también ha surgido en situaciones en las que los propietarios intentaban reclamar deudas. En enero de 2022, una inquilina de Arona (Tenerife) tuvo que huir semidesnuda de su casa después de que sus caseros irrumpieran en la vivienda para exigirle pagos pendientes relacionados con el alquiler y los suministros.

Pero los ataques también se han producido en sentido contrario. Ese mismo año, un inquilino de Palencia agredió con un cuchillo de cocina al propietario del piso en el que tenía alquilada una habitación. Fue condenado a diez años de prisión, una sentencia que confirmó el Tribunal Supremo en noviembre de 2022. En otro caso, el hijo de unos caseros intentó matar al inquilino de sus padres clavándole un cuchillo en el cuello por no pagar el alquiler.

Mató a su inquilina

Algunos episodios han sido especialmente violentos. En Zafra, un propietario golpeó hasta la muerte a su inquilina con una barra de hierro, propinándole más de 40 golpes. En Baza (Granada), un casero fue apuñalado en una pierna por su arrendatario cuando acudió a comunicarle que debía abandonar la vivienda.

También se han detectado situaciones de abuso en contextos de especial vulnerabilidad. A finales de 2022, la Policía Nacional detuvo en Huesca a un hombre acusado de agredir sexualmente a uno de sus inquilinos. Según la investigación, el propietario obligaba a jóvenes con dificultades económicas a mantener relaciones sexuales bajo la amenaza de expulsarlos del piso.

Otros enfrentamientos han terminado en peleas multitudinarias o en amenazas con armas. En 2024, dos mujeres fueron detenidas en Málaga tras presuntamente retener y agredir a su arrendador en una vivienda de Puerto de la Torre para exigirle el dinero de su pensión. Ese mismo año, en Nigrán (Pontevedra), un propietario sacó una pistola durante una pelea entre varias personas que intentaban desalojar a unos inquilinos.

Enfrentamientos con armas blancas o de fuego

Los conflictos han llegado incluso a enfrentamientos con armas blancas o de fuego. En una corrala del distrito madrileño de Puente de Vallecas, casero e inquilino fueron detenidos tras una pelea con martillos y navajas. En La Rinconada (Sevilla), un hombre sobrevivió a un disparo en la cabeza efectuado por su arrendador por una deuda de dos meses de alquiler: la bala quedó alojada en el cráneo y tuvo que ser extraída en el Hospital Virgen Macarena.

Los incidentes más recientes muestran que esta tensión sigue presente. Esta misma semana, la Policía Nacional detuvo en el distrito madrileño de Retiro a un propietario y a sus dos inquilinos tras una riña en el interior de la vivienda. El casero llegó a atrincherarse con una espada y amenazó con arrojarse desde un sexto piso antes de entregarse a los agentes. Días antes, en Palma, cuatro personas fueron arrestadas por cambiar la cerradura de una vivienda compartida para impedir el acceso a una pareja que alquilaba una habitación y amenazar a los inquilinos con varias armas.