Entre Madrid y Aragón se dibuja el mapa del entramado del 'caso Forestalia'. Un sistema que, según la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), habría aprovechado el impulso institucional a la transición energética para crear un presunto circuito de favores y licencias en beneficio de esta gigante de las renovables. La investigación, abierta en el Juzgado de Instrucción 1 de Teruel, nació de una denuncia de Teruel Existe que señalaba irregularidades en la tramitación de 52 proyectos de energías renovables en la provincia. Entre ellos, destaca el Clúster del Maestrazgo —el mayor parque eólico de España—, vendido por 500 millones de euros a un fondo danés que todavía no ha empezado su construcción y que ahora se ha personado en la causa.

La investigación de los agentes de la Guardia Civil derivó en la detención del dueño de la empresa, Fernando Samper, y del ex alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica, Eugenio Domínguez, destapando toda una trama que favorecía a la aragonesa Forestalia para lograr que sus proyectos recibieran la licencia ambiental. Ambos figuran entre los seis investigados, junto a Montserrat Heredero, esposa de Domínguez; los hermanos Eduardo y Roberto Pérez Águeda como presuntos testaferros; y el notario Javier de Lucas Cadenas.

El informe de la UCOMA, al que ha tenido acceso este periódico, destripa un entramado en cuyo epicentro se encuentra Domínguez, entonces subdirector de Evaluación Ambiental del MITECO. Llegó al Ministerio durante la etapa de Isabel García Tejerina (PP) al frente del departamento, y se mantuvo en el cargo tras la llegada de Teresa Ribera (PSOE), actual vicepresidenta primera de la Comisión Europea para la Transición. Así, Domínguez habría asumido personalmente la gestión de los expedientes de Forestalia, creando una "caja negra" que dejaba al margen a consejeros y técnicos del Ministerio, derivando los proyectos del grupo aragonés a equipos externos bajo su supervisión directa.

Domínguez, el 'catalizador'

El puesto que ocupaba el ex alto cargo de Ribera era clave del engranaje, al ser la subdirección de Evaluación Ambiental la encargada de analizar si los proyectos energéticos cumplen con la normativa y emitir el primer aval imprescindible para su desarrollo: la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Sin ese documento favorable, ningún parque eólico o planta fotovoltaica puede salir adelante.

Según la investigación, durante el boom de las renovables registrado entre 2022 y 2023, esta unidad evaluó favorablemente cientos de proyectos vinculados a Forestalia con Domínguez como 'catalizador', ya que desde su posición podía orientar la tramitación de los expedientes y garantizar que obtuvieran el visto bueno ambiental.

En ese esquema también habría jugado un papel clave la empresa pública Tragsatec, ya mencionada en el 'caso Koldo' por la presunta contratación irregular de Jessica Rodríguez, expareja del entonces ministro José Luis Ábalos. Según la investigación, durante la etapa de Domínguez esta entidad pasó de ser un apoyo técnico puntual a convertirse en la "herramienta central" para tramitar los proyectos de Forestalia. Un equipo de técnicos elaboraba informes que posteriormente llegaban ya redactados para su firma, consolidando así ese circuito de trabajo cerrado.

Los investigadores del Instituto Armado estiman que el ex alto cargo de Ribera habría cobrado al menos 5,2 millones de euros a través de sociedades pantalla. Una de ellas, Estudio de Asesoramiento Dherco, estaba administrada por su esposa y, según los agentes, habría actuado como vehículo para canalizar esos pagos. "Resulta técnica y lógicamente insostenible que una empresa de decoración de interiores se presente simultáneamente como consultora técnica para realizar complejos proyectos de energías renovables, salvo que su función real sea servir de 'pantalla' para canalizar los pagos vinculados a Domínguez", apuntan los agentes.

Conexión de Forestalia con el exconsejero Boné

Las pesquisas también apuntan a varios antiguos responsables del Gobierno de Aragón, en concreto al exconsejero de Medio Ambiente Alfredo Boné, así como a Luis Marruedo y Ana Cristina Fraile, que habrían gestionado y agilizado los trámites para Forestalia desde la consultora que fundaron tras dejar sus cargos públicos.

Se trata de Viadós Gestión Integral de Proyectos —posteriormente Athmos Sostenibilidad—, creada para desarrollar proyectos relacionados con el medio ambiente, el territorio y las energías renovables. Según el informe, Forestalia fue su único cliente, y desde allí habrían intervenido directamente ante organismos como el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) y el Ministerio para la Transición Ecológica para asegurar la aprobación de sus proyectos.

Años después, los tres socios vendieron la totalidad de sus participaciones a la sociedad Nearco Renovables, vinculada al grupo empresarial de Samper. En esta operación, los investigadores también detectaron irregularidades: según el análisis del SEPBLAC, el pago ascendió a unos 4,4 millones de euros, casi medio millón por encima de lo reflejado en la escritura de compraventa. Esa diferencia —de concretamente 443.531 euros— se habría repartido entre los tres. Así, Boné habría percibido unos 117.000 euros más de lo estipulado, mientras que Marruedo habría recibido alrededor de 326.000 euros adicionales.

El papel del INAGA para los informes favorables

Las sospechas sobre la tramitación administrativa no se limitan al Ministerio. La denuncia inicial de Teruel Existe también señalaba el posible papel del INAGA en la emisión de declaraciones de impacto ambiental favorables a proyectos con informes técnicos incompletos o deficientes.

El informe del UCOMA señala que la llegada masiva de proyectos de renovables, y en particular los vinculados a Forestalia, provocó un "cambio drástico" en la forma de proceder del entonces directos del organismo, Jesús Lobera. Testigos citados por la investigación relatan que Lobera habría adoptado una "actitud proactiva" para asegurar resoluciones favorables, hasta el punto de que durante ese periodo "solo llegó a firmar tres informes desfavorables".

Para la Benemérita, el episodio más "revelador" tuvo lugar cuando un técnico se negó a firmar un informe que consideraba "contaminado". Ante su negativa, Lobera le habría dicho textualmente: "Tú déjalo ahí, no hagas nada más que me encargo yo", asumiendo personalmente la gestión del expediente al margen del criterio técnico.

Pero no es la primera vez que estos supuestos amaños salen a la luz. Según ha podido saber El Independiente, Ecologistas en Acción de Monzón presentó en septiembre de 2023 una querella por presunta prevaricación contra varios responsables del organismo autonómico, entre ellos, el entonces director del INAGA, el jefe de área Óscar Fayanas y la directora del Servicio de Economía, Industria y Empleo de Huesca, Marta Patricia Rodríguez. La causa, que se tramitaba inicialmente en el Juzgado de lo Penal de Huesca, fue remitida a los juzgados de Zaragoza al constatar que las declaraciones de impacto ambiental investigadas habían sido firmadas en esa ciudad.

La querella se centra en la autorización de varios parques eólicos conocidos como Clúster Cinca o grupo Santa Cruz, cuya tramitación fue iniciada por Forestalia. Según la denuncia de la asociación ecologista, los proyectos habrían sido fragmentados artificialmente para que su autorización dependiera de la administración autonómica y no del Estado.

La legislación establece que cuando una instalación supera los 50 megavatios de potencia, la evaluación ambiental corresponde a la Administración General del Estado. Por debajo de ese umbral, la competencia recae en las comunidades autónomas. En este caso, en el INAGA.

Sin embargo, un informe elaborado por la Unidad de Protección de la Naturaleza (UPRONA) de la Guardia Civil al que ha tenido acceso este periódico concluye que varios de estos parques eólicos compartían infraestructuras esenciales —como subestaciones y líneas de evacuación— y, en conjunto, superaban ampliamente ese límite. Sumados, alcanzaban 108,8 megavatios.

Para los agentes, este fraccionamiento podría constituir un fraude de ley, ya que habría permitido tramitar por separado instalaciones que, en realidad, formaban parte de un mismo proyecto energético. El informe señala además que la administración autonómica debería haber paralizado los expedientes en cuanto detectó indicios de que se trataba de una instalación única. "Al no haberlo hecho así, es parecer de esta Fuerza que se podría haber cometido un delito de prevaricación", recogen los investigadores del UPRONA, que, a su vez, consideran que las resoluciones dictadas por los órganos autonómicos implicados resultan "absolutamente arbitrarias".

Tras estallar la presente investigación judicial la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel, que agrupa a varios colectivos sociales y ambientales —entre ellos Ecologistas en Acción—, ha reclamado esta semana la suspensión cautelar de todos los proyectos de Forestalia en Aragón, "independientemente de la fase en la que se encuentren".

En una comparecencia ante los medios de comunicación, las organizaciones también han pedido el desmantelamiento del INAGA como organismo "independiente" y su sustitución por una "Dirección General de Evaluación Ambiental" gestionada por funcionarios, con protocolos y directrices "claras" para evitar las irregularidades en la autorización de proyectos energéticos que presuntamente se habrían cometido.