El engaño de las mafias de regularización que venden los tickets de comida rápida para acreditar el arraigo en España ha dado paso a una estructura criminal de dimensiones industriales. Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado en Zaragoza una organización internacional que había convertido la regularización de migrantes en un lucrativo negocio de ingeniería documental. La operación, que se ha saldado con 61 detenciones y el rastro de más de 5.000 beneficiarios, confirma el salto profesional de unas mafias que ya no solo burlan la ley, sino que la "hackean" mediante métodos de suplantación y empresas fachada.

La investigación, que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, sitúa el epicentro de la red en la capital aragonesa, donde se han producido 56 de los arrestos. El resto de las detenciones se han repartido entre Barcelona, Huesca y Teruel, desarticulando un entramado que contaba con "miembros especializados dedicados de manera exclusiva a la falsificación de documentos". Según detalla la policía, la organización captaba a ciudadanos extranjeros en situación irregular y los guiaba en un proceso de regularización "a la carta" donde la presencia física del interesado era, en muchos casos, totalmente innecesaria.

El método 'lookalike': clonar identidades para el padrón

Este nivel de sofisticación contrasta con los métodos rudimentarios detectados apenas semanas atrás por este diario. En febrero, El Independiente revelaba cómo las mafias habían comenzado a vender tickets de Telepizza para que los inmigrantes pudieran intentar demostrar su permanencia en territorio nacional durante el tiempo exigido por la ley. Sin embargo, la red desarticulada ahora en Zaragoza operaba bajo una lógica empresarial mucho más avanzada y agresiva.

Para los empadronamientos fraudulentos, la organización recurría sistemáticamente al método conocido como “lookalike”. Esta técnica consistía en identificar a individuos con un gran parecido físico al cliente para que se presentaran en las oficinas municipales en su nombre. De este modo, evitaban la presencia real del interesado en el municipio o incluso en territorio español, permitiendo que personas que aún no habían llegado al país ya constaran como residentes en el padrón. Con este fin, los miembros de la organización transportaban e intercambiaban documentación ajena, incluidos pasaportes, recibiendo a cambio dinero.

El catálogo de servicios de la red era tan amplio como costoso. Los pagos exigidos por un empadronamiento fraudulento oscilaban entre los 600 y los 900 euros, mientras que el transporte de los migrantes y la entrega de documentación asociada se tarifaba en 500 euros adicionales. El escalón más alto del negocio lo ocupaban los contratos de trabajo ficticios, por los que la organización llegaba a cobrar hasta 10.000 euros.

Contratos laborales inexistentes

Para dar apariencia de legalidad a estos trámites, la red utilizaba empresas pantalla que justificaban ingresos y formalizaban contratos laborales inexistentes. Estas sociedades tramitaban altas en la Seguridad Social que eran "anuladas pocos días después", con el único propósito de aportar documentación aparentemente válida en las solicitudes de residencia.

Esta profesionalización de las mafias se produce en un contexto de máxima tensión en el seno de las fuerzas de seguridad. La operación de Zaragoza se encuadra en un escenario que ya despertaba una profunda inquietud entre los agentes. El reciente pacto para regularizar inmigrantes ha sido visto por amplios sectores policiales como un factor que facilita el trabajo a estas redes. Existe una "inquietud" real entre los funcionarios que consideran que estas medidas pueden ser aprovechadas por las mafias para blanquear sus actividades ilícitas.

Un fraude masivo

La operación policial se inició tras detectar un "incremento significativo" en las solicitudes de autorizaciones de residencia temporal formuladas por ciudadanos de diversas nacionalidades. En el análisis preliminar de dichas solicitudes, los agentes detectaron la aportación de documentación "carente de autenticidad", destinada a acreditar de manera fraudulenta el cumplimiento de los requisitos exigidos para la tramitación de estas autorizaciones.

Las pesquisas permitieron constatar que la red, aunque asentada en Aragón, tenía ramificaciones en Alicante, Murcia y Huesca. Se estima que desde el inicio de sus actividades, el número de inmigrantes que habrían recibido documentos para iniciar su regularización "superaría los 5.000". Durante los cuatro registros efectuados en domicilios de Zaragoza, la Policía se ha incautado de dinero en efectivo y abundante material documental que acredita el funcionamiento de esta "multinacional" del papel falso.