El Tribunal Supremo ha confirmado la sanción de 2.000 euros a una jueza por gritar, humillar e insultar a los compañeros del juzgado de Nules, Castellón, en el que estaba destinada. Se refirió a ellos con “intolerables” expresiones como “vagos” o “gilipollas”, que ella enmarcaba en una “acreditada relación de confianza”.

El origen del procedimiento se sitúa cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana trasladó al promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial un escrito firmado por la letrada de la Administración de Justicia y siete funcionarios del juzgado, según recoge la sentencia a la que ha tenido acceso la Agencia EFE.

Aquel escrito ponía en conocimiento el comportamiento y actitud de María Vanesa Pérez, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Nules entre octubre de 2020 y noviembre de 2022. Los funcionarios calificaban de “insoportable” la situación ante “la actitud del todo inaceptable, perdurable en el tiempo” de la jueza, mientras describían algunas de las situaciones ocurridas.

Afirmaban que la jueza “humilló repetidamente” al anterior fiscal, a quien dijo: “te voy a meter una hostia que te voy a arrancar la cabeza”. Fue “tal el acoso sufrido que se tuvo que trasladar”. E hizo lo mismo con el gestor de penal, a quien dijo “no vales nada”, hasta el punto de que éste quiso abandonar su puesto de trabajo.

Igualmente, denunciaban que utilizaba de forma reiterada apodos despectivos para referirse a los funcionarios como “cara polla”, “frígida”, “ama de casa aburrida” o “trol”, al tiempo que “gritaba constantemente” y se dirigía a ellos “de malas formas”.

Algo que también sucedía durante las guardias, cuando “pierde las formas de forma constante, gritando y humillando a los funcionarios y a los miembros de la Guardia Civil”, como en agosto de 2021, cuando les llamó “vagos” y les dijo que “tenían un chiringuito montado”. Además, “frecuentemente comparece tarde” a sus juicios y vistas, en una de las cuales, después de que un detenido se acogiese a su derecho a no declarar, le dijo: “Espero que le condenen”.

También dijo expresiones como “aquí van a rodar cabezas”, “yo no soy vuestra amiga” o “no quiero réplicas”. A la letrada de la Administración de Justicia, que le reprochó esas faltas de respeto, le respondió gritando que ella siempre hablaba así. “Me río con mis amigos jueces de ella” y “no sirve ni para limpiar la mierda de mi culo” eran algunas de las expresiones que utilizaba para referirse a ella.

Otro episodio ocurrió el 14 de septiembre de 2022. Aquel día la jueza “humilló públicamente” a un funcionario y, cuando se marchó, dijo en voz alta: “le voy a dar una hostia” y “le voy a hundir”.

Días después, llamó “gilipollas” al gestor por no facilitarle los apellidos de aquel funcionario. Posteriormente, se reunió con él y le comentó: “si tú me perdonas, yo te perdono”, a una persona a la que dirigía, al mismo tiempo, comentarios de contenido sexual como “¿a ti se te levanta?” o “tiene un buen polvo”.

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial le impuso en 2024 una multa de 2.000 euros por una falta disciplinaria grave de desconsideración, sanción que la jueza recurrió al Pleno, que avaló la decisión.

Tras ello, la jueza presentó recurso ante el Tribunal Supremo en el que, entre otros motivos, aseguraba que “no existe conducta sancionable”, pues el contexto de esas “expresiones críticas” se enmarca en la “acreditada relación de confianza” entre los funcionarios y ella.

Sin embargo, el Supremo rechaza su recurso y subraya que “no alberga duda alguna” de que las expresiones “revelan una grave falta de respeto” hacia el personal del juzgado, “sin que haya causa legítima que lo justifique”, al ser “absolutamente impropio” en quien ejerce funciones judiciales hacer uso de “tan intolerables excesos verbales”.