Cinco exconsellers de Cultura de la Generalitat han decidido llevar a los tribunales el traslado de las pinturas murales de Sijena. La iniciativa, anunciada este martes, ha añadido un nuevo frente jurídico a un litigio que enfrenta desde hace años a Cataluña y Aragón, pese a la sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2025 que obliga a devolver las obras a su emplazamiento original.

Según adelantó Europa Press, Lluís Puig, Joan Manuel Tresserras, Ferran Mascarell, Laura Borràs y Àngels Ponsa han presentado una querella contra el traslado desde el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) al Monasterio de Santa María de Sijena, en Huesca. La acción se ha formalizado a instancias del abogado, exdiputado de Junts y ex abogado de Carles Puigdemont Jaume Alonso Cuevillas.

Lluís Puig ha enmarcado la decisión en una doble obligación –legal y cívica– vinculada a la protección del patrimonio. En declaraciones a TV3, ha sostenido que los firmantes actúan “al amparo de la legislación española y de la del Parlament de Catalunya”, que, según ha dicho, les obligaba cuando ejercían el cargo y les sigue interpelando ahora como ciudadanos.

Señalan a Urtasun

El exconseller ha calificado el proceso que conduce al traslado como un “desbarajuste judicial” y lo ha atribuido a “presiones políticas” que considera excesivas. En ese contexto, ha señalado directamente al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, al que ha acusado de ignorar informes internacionales contrarios al movimiento de las obras y de no haber solicitado un nuevo pronunciamiento al Instituto del Patrimonio Cultural de España.

Puig ha insistido en que ejecutar el traslado pese a conocer los riesgos implicaría asumir una responsabilidad directa sobre los posibles daños a las pinturas, cuya fragilidad ha sido uno de los argumentos centrales en la oposición técnica al retorno. La querella se presentará públicamente esta tarde en un acto en las Cotxeres de Sants, en Barcelona.

Reacción de Aragón

La respuesta del Gobierno de Aragón no se ha hecho esperar. El director general de Cultura, Pedro Olloqui, ha calificado la querella de “intimidatoria” e “inaceptable” y ha advertido de que, si se confirma su contenido, el Ejecutivo autonómico respaldará “con el máximo apoyo posible” a los aragoneses que pudieran verse afectados.

Olloqui ha señalado que la iniciativa responde a una “voluntad de politizar una acción que debería ser judicial” y ha enmarcado este paso en lo que ha descrito como un recrudecimiento de la “ofensiva contra los derechos culturales de los aragoneses” por parte de sectores e instituciones catalanas.

El responsable cultural ha insistido en que la cuestión es “cosa juzgada” en tres aspectos: la titularidad aragonesa de las obras, la obligación de su traslado “con carácter inmediato” y la viabilidad técnica del mismo, avalada –según ha recordado– en el procedimiento judicial.

El director general aragonés también ha cargado contra el ministro de Cultura. Ha acusado a Urtasun de alinearse con “los intereses y pretensiones de los sectores independentistas” al confiar en los criterios técnicos del MNAC y no atender, a su juicio, a los técnicos aragoneses ni al contenido de la sentencia.

Un conflicto abierto

El movimiento judicial se produce en un contexto marcado por la obligación legal de devolver las pinturas a Aragón y por la resistencia técnica y política expresada desde Cataluña en los últimos meses. La Generalitat ha defendido que cualquier ejecución debe ser compatible con la preservación de unas obras que considera en situación de “máxima fragilidad”.

En paralelo, el MNAC ha sostenido ante los tribunales que carece de capacidad para acometer el traslado sin riesgo para los murales, mientras diversos informes técnicos han advertido de posibles daños si se ejecuta en las condiciones actuales. Al mismo tiempo, organizaciones independentistas como Òmnium Cultural y la ANC se han movilizado en contra del traslado. Aragón, por su parte, ha exigido reiteradamente la ejecución de la sentencia, que considera que ya tuvo en cuenta los condicionantes técnicos de la operación.

La discrepancia se mantiene también en los plazos de ejecución: Aragón propone un traslado en siete meses, frente a los 18 que plantea el museo barcelonés. Además, el Gobierno aragonés ha denunciado un deterioro de la colaboración institucional tras el rechazo al préstamo de otras piezas vinculadas al monasterio para una exposición prevista en Aragón.