La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha cargado contra el Ministerio de Economía por sus informes contrarios a la reforma del registro horario y ha calificado de "inaudito" que se sitúe "del lado de las patronales que incumplen las horas extras".

Díaz ha realizado estas declaraciones en una entrevista en el programa Hora 25, en la que ha criticado los informes del Ministerio de Economía sobre esta iniciativa, recogidos en el dictamen del Consejo de Estado, y que se muestran desfavorables con la medida.

Según ha defendido la ministra de Trabajo, los informes de Economía no se centran en aspectos técnicos del registro horario, sino que cuestionan el fondo de la medida, en línea —según ha comentado— con su posición previa sobre la reducción de jornada o el salario mínimo. "Ha expedido dos informes en los que no habla del registro horario, habla del fondo del asunto, y se posiciona de manera desfavorable frente a una reducción de jornada", ha señalado.

Díaz ha criticado especialmente que esta postura se produzca en un contexto en el que, según ha recordado, se realizan en España alrededor de 2,5 millones de horas extraordinarias no remuneradas a la semana, con un impacto "fundamental" sobre las mujeres.

"Es bastante sorprendente que el Ministerio de Economía se coloque del lado de las patronales que incumplen las horas extras en nuestro país; es inaudito", ha afirmado, al tiempo que ha recordado que la justicia europea ha instado a España a mejorar la fiabilidad del registro horario.

Las palabras de la vicepresidenta llegan después de que el Consejo de Estado haya emitido un dictamen desfavorable sobre el proyecto de real decreto. El informe considera que la norma planteada no cumple con la normativa española y europea de protección de datos y rebasa la potestad reglamentaria al imponer nuevas obligaciones y cargas a las empresas que no recoge la ley que dice desarrollar.

El dictamen, de carácter consultivo, recoge alegaciones e informes de distintos ministerios, como los de Economía y Función Pública, así como de la Agencia Española de Protección de Datos y de los agentes sociales.