Aunque el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha descartado por el momento investigar al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por la DANA que el 29 de octubre de 2024 arrasó la provincia de Valencia, la jueza que instruye el caso en Catarroja considera que su declaración como testigo no cerraría la puerta a "eventuales responsabilidades penales" conforme avance la instrucción, aunque no sea "factible efectuar un juicio a futuro".
En un auto notificado este martes al que ha tenido acceso El Independiente, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra ha acordado la declaración del expresidente del Consell como testigo y le ha ofrecido aportar voluntariamente el listado de llamadas y mensajes que intercambió el día de la riada, con el objetivo de reconstruir cómo se adoptaron las decisiones en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) aquella tarde.
La resolución llega tras el auto del TSJ valenciano del pasado 16 de marzo, en el que rechazaba la exposición razonada que la instructora de Catarroja había elevado para solicitar la imputación de exjefe del Consell. Los magistrados resolvieron que no apreciaban un fundamento "sólido y objetivo" de que los hechos descritos por Ruiz Tobarra revistieran "carácter de delito", al no entender que Mazón tuviera una "posición de garante" en la gestión de la emergencia.
En otras palabras, según el tribunal autonómico, la legislación valenciana no atribuía al 'popular' deberes específicos en materia de protección civil que pudieran derivar en una responsabilidad penal. Y tampoco existían, a su parecer, evidencias de que participara de manera activa en el envío del Es-Alert a la población. "No cabe concluir que el president de la Generalitat infringiera deberes jurídicos específicos derivados de una obligación legal", reza la resolución.
No obstante, el TSJCV aclaraba que, aunque se archivara la causa contra Mazón como investigado, eso no significaba que el procedimiento no pudiera continuar en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja. "Al contrario, puede y debe proseguir para resolver con libertad de criterio", recoge el auto.
Ahora, Ruiz Tobarra considera que estas circunstancias permiten avanzar en la investigación sobre el papel del ahora expresident durante la catástrofe. "La situación procesal actual del Sr. Carlos Mazón tras el auto del TSJ excluye la responsabilidad de forma completa en su vertiente omisiva" explica la magistrada, y subraya que el tribunal valenciano tampoco aprecia indicios de delito "en la acción del aforado en una eventual participación activa".
En ese contexto, la jueza aclara que la única vía abierta sería una intervención activa, que el TSJ descarta expresamente respecto al envío del Es-Alert: "Se analiza y descarta en el auto del TSJ la intervención del aforado en el envío del mensaje Es-Alert, al no existir indicios al respecto. Ello lleva a que el conocimiento del Sr. Carlos Mazón sobre las decisiones adoptadas en el Cecopi, o sobre su ausencia, y el momento en que se tomaron y su contenido, ha de efectuarse a través de su declaración testifical".
En esta línea, la magistrada subraya que, aunque por ahora no se aprecien indicios de delito, la declaración de Mazón como testigo no cierra la puerta a la posible aparición de futuros indicios de responsabilidad penal durante la instrucción. "No es factible efectuar un juicio de futuro sobre la obtención durante la instrucción de indicios que derivaran en eventuales responsabilidades penales del Sr. Carlos Mazón", concluye. Pero se trata de algo que "se desconoce" y que, "en ningún caso" puede impedir que se le llame a testificar.
Reconstruir la cadena de decisiones en el Cecopi
Además de la declaración del expresidente valenciano, la jueza le ha ofrecido la posibilidad de aportar voluntariamente al procedimiento su listado de llamadas "entrantes y salientes" del 29O, así como sus mensajes de WhatsApp y otro tipo de mensajería "relacionados con la emergencia".
Asimismo, la magistrada ha solicitado voluntariamente a los alcaldes de Utiel, Requena, Chiva, Carlet y Torrent que aporten sus registros de llamadas y mensajes de aquel 29 de octubre. También se cita a Ruth Merino, que era portavoz del Consell en esa fecha, con el objetivo de completar el mapa de comunicaciones y decisiones del Cecopi.
No obstante, la decisión de tomar declaración al expresident y requerir directamente sus mensajes y llamadas está condicionada a que la resolución del TSJCV del 16 de marzo quede firme.