El empresario Javier Pérez Dolset ha instado a Víctor de Aldama a denunciar las supuestas escuchas ilegales de sus conversaciones en prisión con su abogado al margen del conocido como 'caso Leire', al considerar que se tratarían de hechos ajenos a este procedimiento. Así lo sostiene en uno de los escritos presentados ante el juez Arturo Zamarriego, que investiga a Dolset y a la exmilitante del PSOE Leire Díez por supuestamente tratar de obtener información sensible para tumbar causas que afectan al Gobierno a cambio de ofrecer sobornos a fiscales y empresarios.

Así consta en uno de los escritos de la defensa del empresario, al que ha tenido acceso El Independiente. En él se señala que, en caso de existir una interceptación de comunicaciones entre Aldama y su letrado, José Antonio Choclán, durante su estancia en la prisión madrileña de Soto del Real, se trataría de un eventual hecho que debería investigarse en un procedimiento distinto. Dolset subraya que no guarda relación con los delitos de tráfico de influencias y cohecho que se analizan en esta causa, en la que también figura como investigado el periodista Pere Rusiñol.

Aldama se personó como acusación particular en el procedimiento. No fue el único. También lo hizo el juez jubilado Manuel García-Castellón. Zamarriego los expulsó a ambos en un mismo auto al considerar que no han sido perjudicados por Díez, una decisión que fue recurrida. El empresario sostiene que pudo ser víctima de una intervención ilegal de sus comunicaciones con su abogado mientras permanecía en prisión provisional por el llamado 'caso hidrocarburos'.

Cabe recordar que Dolset y Aldama protagonizaron un altercado en junio de 2025 ante los ojos de toda España. Aquel día, Díez convocó una rueda de prensa para dar explicaciones tras la difusión de unos audios comprometedores en los que ofrecía supuestos tratos de favor a investigados a cambio de información.

En su comparecencia ante los medios, la exmilitante socialista defendió que actuaba a título personal en el marco de una investigación para un libro y negó haber trabajado en nombre del PSOE, una tesis que ha mantenido desde entonces. Aldama, que apareció por sorpresa, la tachó de "mentirosa" y se dirigió hacia ella, momento en el que Dolset se interpuso y le propinó un empujón.

Aldama sostiene esta hipótesis en base a la documentación incorporada a la causa, en concreto a unas notas atribuidas al agente de la Guardia Civil Rubén Villalba, redactadas durante una reunión que el miembro del Instituto Armado mantuvo con Leire Díez.

Las supuestas escuchas en prisión

En estas notas se recoge el supuesto interés de la conocida como 'fontanera' del PSOE por la situación del empresario y por el contenido de sus conversaciones. La exconcejal socialista reconoció en su declaración como investigada ante el juez que una de las reuniones que mantuvo fue con Villalba, pero aseguró que esas notas eran "pura fantasía". También admitió dos reuniones en la sede del partido en Ferraz con el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, extremo que el político confirmó cuando declaró como testigo ante Zamarriego.

Sin embargo, Díez, que niega haber trabajado para los socialistas, ha defendido que el motivo del encuentro era aportar varios audios del 'caso Villarejo' en los que se situaba a la formación liderada por Pedro Sánchez como víctima de operaciones extrajudiciales.

En los apuntes, el guardia civil refleja que la exmilitante socialista aseguraba disponer de grabaciones de conversaciones de Aldama con sus abogados sobre sus negocios en el sector de los hidrocarburos. También aludiría a otra conversación en la que el empresario hablaba sobre la importación de petróleo, lo que, a juicio de su defensa, reforzaría la hipótesis de una posible interceptación ilegal.

Además, Aldama asegura que durante su estancia en la prisión madrileña de Soto del Real recibió la visita de personas que se hicieron pasar por miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un momento en el que preparaba su estrategia de defensa tras decidir colaborar con la Justicia. Según sostiene, esa visita se produjo en una sala aislada de la cárcel y sin que quedara constancia en los registros internos del centro penitenciario.

El empresario pidió al juzgado que investigara si se produjeron escuchas ilegales, que se identifique a las personas que accedieron a la prisión y que se esclarezcan las circunstancias de esas visitas. Frente a ello, Dolset sostiene que esa eventual línea de investigación debe quedar al margen de este procedimiento y sostiene que la tesis de Aldama se apoya en conjeturas y materiales sin valor probatorio suficiente. Fuentes jurídicas explican a este periódico que tanto el recurso del empresario como el de García-Castellón están pendientes de ser resueltos.