El tribunal del 'caso Koldo' ha estimado las peticiones de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y ha acordado que testifiquen por escrito en el juicio de las mascarillas, que arrancará en el Tribunal Supremo el próximo 7 de abril.
Ambos estaban citados el 23 de abril, pero sus defensas habían solicitado que sus declaraciones se realizaran por escrito amparándose en el artículo 703 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este apartado permite a determinadas autoridades —miembros del Gobierno, presidentes de altos organismos del Estado y de comunidades autónomas— sustituir su comparecencia presencial por un informe escrito, siempre que los hechos sobre los que declaran los hubieran conocido por razón de su cargo, según recoge un auto del alto tribunal notificado este viernes y al que ha tenido acceso El Independiente.
El Ministerio Fiscal apoyó la petición, mientras que las defensas del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el que fuera su asesor, Koldo García, se opusieron y reclamaron su presencia física en el juicio, argumentando que el objeto del proceso se había extendido más allá de la compra de mascarillas y los hechos sobre los que Armengol y Torres declararían ya no se circunscribían a actuaciones conocidas en el ejercicio de sus cargos.
El Supremo, sin embargo, ha optado por estimar la petición y acotar el contenido del informe. Así, el ministro y la presidenta del Congreso deberán ceñirse a la presunta influencia de los acusados para que las comunidades autónomas que entonces presidían —Canarias, en el caso de Torres, y Baleares, en el de Armengol— adjudicaran contratos de suministro de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al comisionista Víctor de Aldama.
"Los hechos de los que no han sido testigos, como los que refiere la defensa de los acusados, (...) aun siendo objeto de este proceso, no son objeto de su testifical", incide la Sala Segunda en su escrito. De este modo, tanto Armengol como Torres deberán remitir al Supremo sus informes con sus declaraciones antes del 7 de abril, fecha de inicio del juicio.
El alto tribunal prevé juzgar a Ábalos, Koldo y Aldama a lo largo de 13 jornadas. En total, la Sala de lo Penal escuchará a 97 testigos antes de que llegue el turno de los tres acusados, previsto para el 28 de abril.
La Fiscalía solicita 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama, que ha reconocido los hechos. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el Partido Popular, reclaman 30 años para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario piden la misma pena que el fiscal.
El Supremo examinará si cometieron irregularidades en la compraventa de material sanitario durante la pandemia y otras cuestiones como la presunta colocacion a dedo de personas del entorno de Ábalos en compañías públicas o el papel del exministro en el rescate de Air Europa.
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