El Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública ha alcanzado un acuerdo histórico con los principales sindicatos para reducir la jornada laboral en la Administración General del Estado (AGE). A partir de la primera quincena de abril, los empleados públicos pasarán de las actuales 37,5 horas a 35 horas semanales. Esta medida, pactada con CCOO, UGT y CSIF, busca modernizar las condiciones de trabajo en el sector público y servirá como referente para otros ámbitos administrativos.

El ministro Óscar López fue el encargado de anunciar oficialmente el cambio, destacando que la iniciativa beneficiará directamente a unos 220.000 empleados públicos. Durante su intervención en una jornada pública, el titular de Función Pública subrayó que este avance no solo mejora los derechos laborales, sino que también actúa como un modelo de referencia para aquellas administraciones autonómicas que todavía no han implementado este horario.

La transición hacia las 35 horas, que supondrá un cómputo anual de 1.533 horas, se realizará bajo la premisa de no comprometer la eficiencia del Estado. Según ha explicado el Ministerio, la implantación se ejecutará garantizando en todo momento la adecuada prestación de los servicios y la atención a la ciudadanía, mediante una planificación y organización de las plantillas que permita mantener y mejorar la calidad de las funciones públicas.

Una de las novedades más destacadas de la resolución es la incorporación oficial de la figura del cuidador. Esta medida de conciliación, amparada por la normativa europea, está destinada a aquellos empleados que deben asistir a un familiar o conviviente que requiera cuidados especiales por motivos médicos graves, reforzando así el conocimiento y la aplicación de los derechos de conciliación dentro de la AGE.

El respaldo sindical se ha consolidado tras intensas negociaciones que permitieron incluir a colectivos con jornadas especiales. Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF dieron su visto bueno definitivo después de que el Gobierno aceptara que la reducción horaria se aplique también a quienes trabajan en turnos, jornadas partidas o puestos de especial dedicación, cumpliendo así una de las demandas prioritarias de los representantes de los trabajadores.

El alcance de este acuerdo es extenso y afectará también al personal de instituciones penitenciarias y a los centros docentes y sanitarios de Ceuta y Melilla. Asimismo, la nueva normativa se extenderá a organismos públicos, agencias y demás entidades con personalidad jurídica propia vinculadas a la AGE, lo que abre la puerta a su aplicación efectiva en diversas empresas públicas dependientes del Estado.

Desde las organizaciones sindicales se ha valorado positivamente el pacto, aunque se insiste en la necesidad de recursos adicionales. Mientras que CSIF recalca que la administración pública debe ser la "punta de lanza" en derechos laborales, UGT considera vital que la nueva jornada venga acompañada de una Oferta de Empleo Público reforzada. Esto resultaría esencial para garantizar que la mejora de las condiciones sea compatible con la calidad del servicio al ciudadano.

Con este movimiento, la AGE se suma a la tendencia de varias Comunidades Autónomas que ya aplican este régimen horario en sus territorios. El objetivo final, defendido tanto por el Ministerio como por las centrales sindicales, es fomentar el bienestar de los empleados, aumentar la productividad y favorecer la generación de empleo en un marco de modernización de la función pública española.