Los principales sindicatos de la Policía Nacional han cerrado filas frente a las críticas políticas surgidas tras la intervención policial en el madrileño distrito de Usera. En un tono duro, acusan directamente a Podemos de “utilizar el racismo” como herramienta para “deslegitimar” su trabajo y advierten de que “los cargos públicos no están exentos de cumplir la ley”.

El detonante ha sido una actuación iniciada a raíz de un aviso por robos en vehículos. Según el Sindicato Unificado de Policía (SUP), los agentes acudieron al lugar y procedieron a identificar a un individuo “cuyas características coincidían con la descripción facilitada”. La situación se complicó cuando esta persona “emprendió la huida”, lo que derivó en una persecución hasta el interior de un portal y en un posterior enfrentamiento con varias personas.

El balance de la intervención se saldó con siete detenidos por su presunta implicación en delitos de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones, así como cinco policías heridos de carácter leve.

A partir de ese momento, y especialmente tras la detención de un cargo de Podemos, se desencadenó una fuerte polémica política y mediática en la que se ha cuestionado el proceder policial, llegando a calificarse la actuación como una “redada racista”. Una acusación que los sindicatos rechazan de plano.

"Redada racista"

“El SUP rechaza de manera rotunda las acusaciones generalizadas de racismo”, señalan, y reniegan de “cualquier intento de desacreditar la labor policial mediante acusaciones que no se corresponden con la realidad del trabajo que miles de agentes realizan a diario”. En este sentido, subrayan que la Policía actúa “siempre conforme a la ley, sin distinción por razón de sexo, origen o ideología”, y basando sus intervenciones en “criterios objetivos y profesionales”.

La organización insiste además en que las actuaciones policiales deben analizarse “con rigor y sobre la base de los hechos”, y no desde “relatos interesados que desvirtúan la realidad”. Y recuerda que, en un Estado de Derecho, cualquier actuación irregular será dirimida por los tribunales.

En una línea aún más contundente, el sindicato JUPOL va un paso más allá y denuncia la existencia de una “campaña orquestada” para “deshumanizar y criminalizar a la Policía”. “Rechazamos con absoluta contundencia y sin matices que la actuación policial pueda calificarse como una ‘redada racista’”, afirman, insistiendo en que se trató de “una intervención legítima, necesaria y plenamente amparada en la labor de prevención de la delincuencia”.

Desde esta organización también ponen el foco en el desarrollo de la intervención, asegurando que la actuación se vio “gravemente entorpecida por la actitud violenta y desafiante de los detenidos”, que “arremetieron contra los agentes con el claro objetivo de impedir su labor”. Como consecuencia, cinco policías resultaron heridos, unos hechos que el sindicato condena y que, a su juicio, reflejan una “paulatina pérdida del principio de autoridad”.

Puesta en libertad de los detenidos

Además, critican duramente la posterior puesta en libertad de los detenidos, que califican de “decisión excepcional” que “crea una sensación de impunidad”, especialmente en un contexto marcado por “presiones mediáticas y políticas”. También cuestionan la tolerancia de una concentración no comunicada a las puertas de la comisaría de Usera-Villaverde.

El malestar en el ámbito policial se ha intensificado por las declaraciones procedentes del ámbito político. En este contexto, el CEP ha respondido con dureza a Podemos. “La detención fue legal, proporcionada y ajustada a Derecho. Y mientras un juez no diga lo contrario en sentencia firme, lo demás es ruido”, señalan, en un mensaje en el que trasladan su “apoyo total” a los agentes implicados.

“Algunos creen que ejercer un cargo en un partido te blinda frente a la actuación de la Policía”, añaden, para recalcar a continuación que “en una democracia no existen esos privilegios o bulas que determinada casta pretende para sí”. Una idea que resume el núcleo del enfrentamiento, la reivindicación de que la ley se aplica por igual a todos los ciudadanos, independientemente de su posición política.

Los sindicatos también cargan contra el uso del racismo como argumento político. “Echáis mano del racismo para, a continuación, lanzar discursos de odio contra todos los policías”, denuncian, alertando de que este tipo de acusaciones sitúan a los agentes “en el punto de mira con injurias y calumnias”.

Pese a la polémica, el mensaje que trasladan es de firmeza. “Los policías vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Jugándonos la vida a diario por los demás, protegiendo a todos los españoles y garantizando sus derechos”, concluyen.