Los tribunales españoles resolvieron más asuntos en 2025, pero el atasco judicial sigue aumentando. Según el último informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al cierre del año quedaban en trámite más de 4,6 millones de casos, un 3,4% más que en 2024, a pesar de que los órganos judiciales resolvieron un 2% más de asuntos que en el ejercicio anterior, unos 7,4 millones en total.

Aunque a nivel nacional la entrada de nuevos casos se redujo un 3,2% —hasta los 7,5 millones de procedimientos—, la evolución no ha sido igual en todas las áreas. Es el caso de la jurisdicción penal, donde los nuevos procedimientos aumentaron un 1,4% y los asuntos pendientes crecieron casi un 12%, mientras que en el ámbito social el incremento fue del 9,4%.

En términos absolutos, la jurisdicción civil sigue concentrando la mayor bolsa de litigios, con más de 2,6 millones de procedimientos en trámite, aunque su pendencia registró un ligero descenso del 0,6%.

Por territorios, la tasa media de litigiosidad en España se situó en 153,7 asuntos por cada 1.000 habitantes, aunque varias comunidades superan con claridad esa cifra. Es el caso de Canarias, que encabeza la lista con 202,06 asuntos por cada 1.000 habitantes, seguida de Madrid (166,46), Asturias (162,42), Baleares (160,04), Cataluña (159,56), Andalucía (158,15) y Murcia (156,33).

Expedientes que se "arrastran" año tras año

Para el magistrado Fernando Portillo, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Melilla y expresidente del Foro Judicial Independiente (FJI), el aumento de asuntos pendientes se explica en gran medida por "procedimientos que se arrastran de ejercicios anteriores" y continúan acumulándose dentro del sistema.

Según precisa en declaraciones a El Independiente, el problema se encuentra en los cuellos de botella que se producen en los Tribunales de Instancia, donde muchos procedimientos quedan detenidos y terminan engrosando la bolsa de casos pendientes.

Esa acumulación tiene una consecuencia directa para los ciudadanos: los tiempos de espera se alargan. "Al final, lo que ocurre es que el ciudadano tiene que esperar más tiempo a que se resuelvan sus procedimientos", resume el magistrado.

Más jueces, pero sin efecto inmediato

Para tratar de aliviar la presión en el sistema, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, anunció recientemente 200 nuevas plazas de fiscales, dentro de una 'macroconvocatoria' que incluye también 500 plazas para jueces, con el objetivo de reforzar la capacidad de resolución de los tribunales y reducir la pendencia acumulada.

Portillo considera que se trata de una medida "necesaria y positiva" y apunta que convocatorias similares deberían repetirse en los próximos años. Sin embargo, advierte de que el impacto sobre el atasco judicial no será inmediato.

"El déficit de jueces en España es un problema conocido desde hace años. A medio y largo plazo sí ayudará, pero no es una solución inmediata", explica. Así, a su juicio la respuesta sería la revisión de los protocolos de funcionamiento y el refuerzo de las plantillas en los Tribunales de Instancia. En ese sentido, apunta a la importancia de cubrir interinidades y aumentar el personal de apoyo.