El empresario Víctor de Aldama ha entregado este martes al Tribunal Supremo documentación sobre los impagos del piso que ocupaba Jessica Rodríguez en la Torre de Madrid, en Plaza de España. Según consta en el escrito presentado por su defensa, al que ha tenido acceso El Independiente, la inmobiliaria advertía de la posibilidad de que desahuciaran a la pareja del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, si no se regularizaban las rentas pendientes.

El piso, que sirvió como domicilio de Jessica, estaba alquilado desde marzo de 2019 y hasta marzo de 2022, con un coste mensual de 2.700 euros. Inicialmente, el pago de estas mensualidades fue asumido por Alberto Escolano, socio de Aldama. Sin embargo, en los últimos meses, los pagos se habrían realizado a través de cuentas vinculadas al exasesor Koldo García, 'mano derecha' de Ábalos.

El documento aportado al Supremo incluye correos electrónicos entre la agencia inmobiliaria y el responsable de los pagos, donde se confirma la reserva del apartamento y los abonos efectuados, así como la situación de impago en los últimos meses. En uno de los mensajes, la comercial advierte explícitamente a Escolano: "Alberto, te hemos enviado infinidades de mensajes, un burofax, hemos hablado con Jessica y seguimos sin obtener ningún tipo de respuesta por tu parte en relación a los pagos adeudados. El siguiente paso es proceder a una demanda de desahucio porque no hay ningún tipo de colaboración".

Tal y como reconoció la propia Rodríguez en su declaración como testigo en el alto tribunal, eligió ese piso porque estaba cerca de la sede del PSOE en la calle Ferraz y de la universidad en la que estudiaba. El juez Leopoldo Puente le indicó que le parecía "chocante" que permaneciera en la vivienda dos años después de romper su relación con Ábalos, pero ésta le explicó que estuvo "tranquila" porque después de que el exministro no cumpliera los planes que tenían de futuro "por lo menos mientras estuviese con la carrera que no tuviera que irme a otro sitio".

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que el alquiler de este piso de lujo en pleno centro de la capital fue una de las formas que tuvo la presunta trama de Aldama de agasajar al exministro, quien a cambio tenía capacidad para facilitar contratos públicos al empresario. En aquella declaración ante el Supremo, Rodríguez también reconoció que estuvo contratada en dos compañías públicas, Ineco y Tragsatec, en las que sin embargo no desempeñó ninguna tarea real.

Precisamente, la Sala de lo Penal ha ofrecido a ambas empresas personase como perjudicas en el juicio que comenzará el próximo 7 de abril. Koldo criticó este movimiento del Supremo, ya que considera que las compañías públicas no son perjudicadas, sino responsables, de la contratación presuntamente irregular de Rodríguez, que cobró en total 44.000 euros de ambas entidades, según consta en la documentación que forma parte de la causa.

Ábalos, Koldo y Aldama serán juzgados a partir de la próxima semana por las supuestas irregularidades en la compraventa de material sanitario durante la pandemia, la primera pieza del 'caso Koldo' que llega a juicio. La Fiscalía pide 24 años para el exministro y 19 y medio para su exasesor, mientras que las acusaciones populares piden penas que ascienden hasta los 30 años. Por su parte, para el empresario, solicitan siete años por su colaboración con el Ministerio Público tras confesar los hechos.