El PSOE ha pedido este lunes en la Audiencia Nacional la suspensión del juicio por la 'operación Kitchen', al considerar que deberían sentarse en el banquillo más personas de las actualmente procesadas. Así lo ha expuesto durante las cuestiones previas la abogada Gloria de Pascual, en representación de los socialistas, que ejercen una de las acusaciones populares. En concreto, la letrada ha solicitado en una larga intervención que "se declare la nulidad en lo relativo a los sobreseimientos acordados y a la línea de investigación de la denominada conexión política" que apuntaría al Partido Popular.

De no acordarse esta medida, reclama la retroacción de las actuaciones en esa parte de la causa, que fue archivada durante la fase de instrucción. En ella figuraron como investigados la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su exmarido, el empresario Ignacio López del Hierro, quienes finalmente fueron eximidos de responsabilidad penal. "Considero que tiene que haber aquí otras personas", ha aseverado De Pascual.

Además, la abogada ha sostenido que tres audios no incorporados a la causa evidencian que las relaciones entre Cospedal y el excomisario José Manuel Villarejo fueron "múltiples y continuadas", por lo que "sorprendería que el tribunal no ordene una investigación más amplia". Asimismo, ha solicitado la inclusión del PP como partícipe a título lucrativo o, subsidiariamente, como responsable civil.

El juicio por la 'operación Kitchen' ha arrancado este lunes en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, a las afueras de Madrid. Se trata de la presunta trama parapolicial que, según las acusaciones, se habría organizado desde la cúpula del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy para sustraer información sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años de prisión para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz; su ex 'número dos', Francisco Martínez; y el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino. También pide esa pena para Andrés Gómez Gordo, exjefe de seguridad de Cospedal, mientras que eleva a 19 años la petición para Villarejo.

El Ministerio Público sostiene que la trama estaba "dirigida a obtener tanto información como pruebas materiales que pudieran resultar incriminatorias para el Partido Popular y sus máximos dirigentes" en el marco del 'caso Gürtel', que investigaba la Audiencia Nacional. El objetivo era hacerse con los archivos que "pudieran encontrarse en poder de Bárcenas", por aquel investigado en esa causa.

En declaraciones a los periodistas a su llegada al juicio, Villarejo se ha mostrado confiado en que la verdad "prevalezca" y ha asegurado que el tribunal que juzgará el caso "se está dando cuenta de que casi todo era humo". El excomisario se ha preguntado por qué hay gente como la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría "que ni siquiera está aquí citada".

Por su parte, el abogado de Fernández Díaz, Jesús Mandri, ha solicitado ante los jueces la nulidad parcial del auto de apertura de juicio oral. Sostiene que "no hay ningún indicio" de que el asalto al domicilio personal de Bárcenas en 2013 estuviera directamente relacionado con la 'operación Kitchen' y ha reclamado que ese episodio se investigue por separado.

La defensa también ha alegado que la Audiencia Nacional carece de competencia para enjuiciar estos hechos, al no existir conexión entre la pieza principal —el denominado 'caso Tándem'— y la de 'Kitchen'. A su juicio, la única vinculación entre ambas es la imputación de Villarejo, y ha criticado además la prolongada duración del secreto de las actuaciones durante la fase de instrucción.

El 'caso Tándem' es la macrocausa que investiga las presuntas actividades ilícitas de Villarejo, centradas en el uso de su posición policial para desarrollar encargos privados y obtener información sensible para terceros, a cambio de contraprestaciones económicas.