Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha inaugurado este martes las declaraciones en el Tribunal Supremo en el marco del juicio del denominado 'caso Mascarillas'. Ante las preguntas de la acusación popular, que ejerce el PP, el testigo ha rechazado de plano haber mantenido conversaciones "en clave" con el exasesor ministerial Koldo García y ha defendido la legalidad de los pagos realizados a su padre antes de que comenzara la investigación judicial, en línea con la versión que ha venido sosteniendo desde el inicio de la causa.
Durante su comparecencia, Ábalos hijo ha negado también haber utilizado teléfonos encriptados y ha restado cualquier significado oculto a algunas de las expresiones recogidas en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En concreto, sobre el uso de la palabra "café" —que los investigadores interpretaban como un posible código para comunicaciones seguras—, ha asegurado que se refería literalmente a la compra de este producto: "Cuando se habla de café se refiere a café originario de Colombia que me encargaban por mis viajes".
"No hablo en clave, ni con mi padre ni con nadie", ha insistido. "Al señor Koldo le gusta mucho el café, igual que a muchas otras personas".
Su testimonio se produce después de que el empresario Víctor de Aldama le señalara en un escrito remitido al Supremo, en el que le atribuía el cobro de presuntas comisiones encubiertas en adjudicaciones de obras en el extranjero. El hijo del exministro ha reiterado que dichas acusaciones son falsas y carecen de fundamento.
Préstamo de 20.000 euros a su padre
En este contexto, ha reconocido haber concedido a su padre un préstamo de 20.000 euros, que, según ha explicado, se ajusta plenamente a la legalidad y que aún no le ha sido devuelto. "Yo no tengo dinero de nadie; lo que le he ido facilitando a mi padre ha sido dinero cuando lo ha ido necesitando. Cuando se divorcia, su situación cambia, así que estamos para ayudarle. Todo lo que le he dado a mi padre es de mis ingresos y de mi cuenta bancaria", ha afirmado.
Asimismo, ha negado de forma tajante cualquier vínculo de esos fondos con empresas en Colombia: "Yo no le doy dinero a mi padre de ninguna empresa de Colombia. No existe ningún pago ni en mano ni a través de cuenta bancaria ni de ningún tipo".
Por último, a preguntas del abogado de su padre, Marino Turiel, el testigo ha matizado que, desde el estallido de la causa, la situación económica del exministro es "lamentable". "Al igual que el de toda la familia".
El hermano de Koldo y un socio de Aldama no contestan a Anticorrupción
A continuación, el tribunal ha llamado a testificar al empresario Ignacio Díaz Tapia, que ha rechazado responder a la mayoría de las preguntas planteadas por la acusación popular que lidera el PP. El testigo se ha acogido a su derecho a no declarar al figurar como investigado en la investigación que mantiene abierta la Audiencia Nacional sobre el resto de la trama del 'caso Koldo'.
Según los informes de la UCO incorporados a la causa, Díaz Tapia forma parte de un grupo de WhatssApp formado por empresarios que se hacían llamar "los cuatro mosqueteros", en el que también participaba Aldama. De acuerdo con la investigación, este grupo habría entregado los 10.000 euros en efectivo a Koldo, un extremo sobre el que el testigo también ha rechazado responder.
También ha sido llamado a declarar Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo, quien también se ha negado a responder a las preguntas del Ministerio Público y de la acusación popular. "Por consejo de mi abogada, no voy a contestar", ha señalado ante el tribunal.
No obstante, sí ha respondido a las preguntas de su abogada —que también es la letrada Leticia de la Hoz— sobre su relación con la que fuera pareja de Ábalos, Jessica Rodríguez, a quien asegura que ayudó para cuadrar los partes horarios durante su etapa en Ineco.
"Ella me llama para que le eche una mano, y yo, encantado, lo hago. Había que hacer un máster para cubrirlos", ha precisado. "Yo no sé si Jessica trabajaba mucho o poco, yo no la controlaba. Solo le digo cómo tiene que hacer los partes".
Igualmente, Joseba ha asegurado que Aldama le dio "unos 400 euros" para Jessica. "Eran para un viaje", ha explicado, aclarando que el comisionista sabía que él iba a ver a Jessica. Asimismo, ha admitido haber abonado una o dos mensualidades del alquiler del piso de la entonces pareja del exministro: "Mi hermano me pide que por favor lo haga y yo lo hago".
Otros dos testigos, Aránzazu Granell y Javier Serrano, reconocieron durante la fase de instrucción haber entregado 10.000 dólares a Joseba García en República Dominicana, dinero que, según su versión, tendría como destinatario final al exasesor ministerial. Granell aseguró que actuó por indicación de Serrano, mientras que este sostuvo que lo hizo siguiendo instrucciones del empresario Víctor de Aldama.
Koldo, cabizbajo; Ábalos, atento
La primera sesión del juicio ha arrancado pasadas las 10.15 horas. En el banquillo de los acusados se sientan el empresario Víctor de Aldama, el exasesor ministerial Koldo García y el propio exministro José Luis Ábalos. Durante la sesión, Ábalos y Koldo han permanecido sentados uno junto al otro, separados de Aldama por un agente de la Policía Nacional.
Koldo García ha comenzado la sesión con la cabeza agachada y apenas la ha levantado para hacer alguna anotación a su abogada, Leticia de la Hoz. No obstante, ha terminado por levantar la vista para seguir el desarrollo del juicio con la mirada fija hacia el tribunal. Por su parte, Ábalos y Aldama siguen las testificales con atención desde su arranque, si bien en algunos momentos el comisionista ha consultado su teléfono móvil.
Frente a ellos se sitúan las acusaciones, representadas por el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, y el abogado del PP, Alberto Durán, que lidera la acción popular. El Ministerio Público solicita 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama, que ha reconocido los hechos. Por su parte, las acusaciones populares reclaman 30 años para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario piden la misma pena que el fiscal.
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