El Tribunal Supremo acoge desde este martes el juicio de la causa especial contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por la presunta trama de comisiones en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.
A lo largo de 23 sesiones que se extenderán durante todo el mes de abril, la Sala de lo Penal escuchará a más de 70 testigos, peritos y a los propios acusados para determinar si detrás de aquellas compras de material sanitario se escondía una red de favores dentro del Ministerio.
La vista oral —presidida por el magistrado Andrés Martínez Arrieta— ha arrancado pasadas las 10.15 horas de la mañana y supone el primer gran examen judicial al entramado que ha ido destapando el llamado 'caso Koldo', una investigación que comenzó hace más de dos años con la detención del entonces asesor ministerial y que desde entonces se ha ramificado en otras piezas que siguen abiertas en la Audiencia Nacional.
La Fiscalía solicita 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y siete años para Aldama, que ha reconocido los hechos. Por su parte, las acusaciones populares elevan la petición de pena hasta 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario reclaman la misma condena que el Ministerio Público.
José Luis Ábalos, el titular de Transportes
El exministro de Transportes y antiguo secretario de Organización del PSOE es la figura política central del proceso. Durante su etapa en el Gobierno de Pedro Sánchez, entre 2018 y 2021, dirigió uno de los ministerios con mayor volumen de contratación pública.
La investigación sostiene que habría mantenido una relación estrecha con el empresario Víctor de Aldama, quien presuntamente habría aprovechado su cercanía con el ministro y su entorno para facilitar negocios con la Administración a empresas vinculadas a él.
Ábalos ha acudido al juicio desde la prisión de Soto del Real, donde permanece desde el pasado 27 de noviembre tras decretarse su ingreso en el centro por riesgo de fuga.
Koldo García, el 'chico para todo'
Antiguo escolta y militante socialista en Navarra, Koldo García fue durante años el hombre de confianza del exministro, su 'mano derecha' y su 'chico para todo'. Llegó al Ministerio como asesor y terminó convirtiéndose en una figura clave dentro del entorno más cercano de Ábalos.
Fue su detención en febrero de 2024 la que destapó el caso. Los investigadores lo sitúan como pieza clave del engranaje que conectaba al empresario Aldama con el Ministerio de Transportes.
Al igual que el exministro, también se encuentra en prisión provisional en el centro penitenciario de Soto del Real.
Víctor de Aldama, el 'nexo corruptor'
Empresario y comisionista, la investigación lo sitúa como el "conseguidor" y "nexo corruptor" de la trama. Según el relato de la Fiscalía, habría utilizado su relación con Ábalos y Koldo para promover contratos adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, obteniendo comisiones millonarias.
Aldama también aparece vinculado a otros negocios investigados, entre ellos un supuesto fraude millonario de IVA en el sector de los hidrocarburos que instruye la Audiencia Nacional.
Víctor Manuel Ábalos
El hijo del exministro ha sido el primer testigo en prestar declaración en el juicio. Su nombre apareció en la causa después de que Aldama lo señalara en un escrito presentado ante el Supremo en diciembre de 2024.
En ese documento le acusaba de haber recibido supuestas comisiones camufladas en adjudicaciones de obras en el extranjero. El primogénito de Ábalos ha negado estas acusaciones y sostiene que son completamente falsas.
Jessica Rodríguez
La expareja del exministro es otro de los testimonios estrella de la jornada. Durante la instrucción del caso reconoció ante el Supremo que cobró sin trabajar en dos empresas públicas vinculadas al Ministerio de Transportes.
Primero estuvo contratada en Ineco entre marzo de 2019 y febrero de 2021 y posteriormente en Tragsatec entre marzo y septiembre de 2021. El juez instructor investiga si Ábalos pudo favorecer su contratación sin que desempeñara actividad laboral real.
La investigación sostiene además que Aldama habría pagado el alquiler del piso en el que residía, situado en la Torre de Madrid, en plena Plaza de España, con una renta mensual de 2.700 euros durante más de dos años.
Joseba García
El hermano de Koldo también ha declarado como testigo en el juicio esta primera jornada. Según la Fiscalía Anticorrupción, habría participado en el movimiento de dinero en efectivo que presuntamente circulaba dentro de la trama.
El Ministerio Público sostiene que Aldama entregó 10.000 euros mensuales en metálico entre octubre de 2019 y julio de 2022, cantidades que supuestamente se repartían entre Koldo y el propio Ábalos.
En algunas ocasiones, ese dinero habría sido recogido por Joseba siguiendo instrucciones de su hermano. Parte de esos pagos, según la investigación, se habrían realizado incluso en República Dominicana, donde viajó en dos ocasiones para recoger efectivo en la sede de Pronalab, empresa vinculada al comisionista.
Alberto Escolano
Socio de Aldama, Alberto Escolano aparece en la causa como una de las personas que habría gestionado algunos de los pagos vinculados al entorno del exministro.
Durante la investigación reconoció ante el juez que alquiló a nombre de una de sus empresas el piso de la Torre de Madrid en el que residía Jessica Rodríguez. Según la documentación incorporada a la causa, los pagos de esa vivienda habrían superado los 80.000 euros.
La semana pasada Aldama remitió al Supremo varios correos electrónicos intercambiados con la inmobiliaria en los que esta advertía del impago del alquiler y amenazaba con iniciar un procedimiento de desahucio.
Otros testigos de la jornada
La primera sesión del juicio también ha incluido la declaración de varios empresarios y responsables de empresas públicas vinculados, en mayor o menor medida, al entorno de los acusados o a las contrataciones bajo sospecha. Entre ellos, Ignacio Díaz Tapia, otro de los socios del comisionista, aunque se ha negado a responder a las preguntas de la Fiscalía y la acusación particular.
También ha comparecido como última testifical de la mañana Ana Araceli Arigita, responsable de selección y reclutamiento de Ineco, cuyo nombre aparece vinculado al proceso de contratación de Jessica Rodríguez en la empresa pública.
Por la tarde está citada Virginia Barbancho, supervisora del proyecto de Tragsatec en el que fue contratada la expareja de Ábalos. Según su testimonio, recogido en un informe interno remitido al Supremo, Rodríguez nunca acudió a trabajar y ella habría recibido presiones para no cuestionar su contratación.
La jornada se completará con los testimonios de Alberto Fernández Blasco, exdirector de asesoría jurídica de Tragsa; Miguel Ferrández, empresario vinculado al entorno de Aldama; y Álvaro Gallego, el chófer que habría acompañado a Carmen Pano en uno de los desplazamientos en los que supuestamente acudió a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para entregar 90.000 euros en efectivo.
Calendario de testigos
El miércoles 8 de abril será el turno de responsables de compañías aéreas y ferroviarias, así como de Claudia Montes y otros cargos vinculados al entorno de Ábalos. Durante los días siguientes —9, 13, 14, 15, 21, 22 y 23 de abril— desfilarán ante el Supremo nombres como la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el expresidente de Puertos del Estado Francisco Toledo, cuyas entidades fueron precisamente las que formalizaron los contratos con Soluciones de Gestión.
El Supremo ha admitido además la declaración como testigos del actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, aunque lo han hecho por escrito. Ambos dirigían durante la pandemia los gobiernos de Canarias y Baleares, dos comunidades que también contrataron mascarillas con la empresa vinculada a la trama. No obstante, esos contratos no forman parte de los hechos que se juzgarán en el Supremo.
Lo que se juzga en el Supremo
El proceso se centra en la presunta trama de comisiones vinculada a los contratos de mascarillas adjudicados en 2020 por Puertos del Estado y Adif a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. Las compras bajo sospecha superan los 36 millones de euros, con unos 24 millones en material adquirido por Puertos del Estado y otros 12,5 millones por Adif.
La Fiscalía sostiene que los acusados se habrían constituido en una suerte de grupo organizado para el cobro de mordidas o la recepción de dádivas a cambio de favorecer a esa empresa en la adjudicación de varios contratos de material sanitario en plena pandemia, valorados en más de 50 millones de euros. Una compañía que, según la investigación, estaba prácticamente inactiva antes de la covid y que en 2020 registró una facturación récord de 53,1 millones de euros.
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