El segundo día de juicio de 'caso mascarillas' ha girado en torno a dos nombres que sobrevuelan la causa desde su estallido en febrero de 2024: Jessica Rodríguez y Claudia Montes. En palabras del juez que instruyó el caso, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su 'mano derecha' Koldo García habrían promovido la "arbitraria contratación" de ambas en empresas vinculadas a la cartera. La primera fue, en su momento, pareja de exdirigente socialista. Reconoció no haber acudido un solo día a trabajar. La segunda, Miss Asturias 2017, explicó que pidió ayuda a Ábalos porque atravesaba una situación "muy complicada". Y así, el tribunal ha ido reconstruyendo a lo largo de este miércoles el rastro de los dos presuntos 'enchufes' que la investigación sitúa en la órbita de la trama.

La sesión arrancó a las 10.30 en el Salón de Plenos del Supremo y se extendió hasta pasadas las 17.00 horas. En el banquillo de los acusados, Koldo, Ábalos y un Aldama, que miraba su móvil con cada vez más frecuencia. Frente a ellos, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien solicita penas de 24 años de prisión para el exministro, 19 años y medio para su exasesor y otros siete años para el comisionista. A su lado, las acusaciones populares lideradas por el PP, que reclaman 30 años para los exmiembros del Ministerio y que para el empresario piden la misma pena que el fiscal.

Un puesto "adecuado" para Claudia Montes

Claudia Montes llegó a LogiRail —una filial de Renfe— en 2019 tras haber pedido ayuda en su búsqueda de trabajo al exministro durante un mitin del PSOE en Gijón. "Como a cualquier amigo y compañero de partido", precisó en su declaración como testigo ante el Tribunal Supremo. Según sostuvo, Ábalos le pasó enlaces de trabajos de LogiRail en una plataforma de empleo, ella se postuló a uno de los procesos y fue seleccionada tras superar las pruebas. Primero trabajó como encargada de trenes turísticos, y luego ascendió a supervisora tras un período de formación. Defendió que la contrataron porque era "apta para el puesto".

A lo largo de la media hora que duró su testifical, Montes relató que, al incorporarse, se encontró con un puesto que no le permitía desempeñar su trabajo, "de cara a la pared, sin escritorio ni ordenador", así que pasaba el tiempo yendo a la biblioteca de Oviedo a "leer libros" sobre trenes. Según su testimonio, decidió avisar a Ábalos de la situación, e incluso llegó a escribir a Koldo: "En todo momento era mi jefe".

La que fuera Miss Asturias en 2017 insistió ante el tribunal —presidido por el magistrado Andrés Martínez Arrieta— en que, pese a estas "dificultades", sí acudía a trabajar y que todos los currículums que envió a Koldo reflejaban su formación real, y negó que Ábalos le hubiera dicho en algún momento que la había enchufado: "En ningún momento me dijo: 'Oye, te he enchufado'", recalcó a preguntas del fiscal jefe Anticorrupción.

Esa versión choca con la que han ofrecido algunos de los testigos que han comparecido antes que ella. El entonces director gerente de Logirail, José Ángel Méndez, ha asegurado que la joven dejó de acudir a su puesto pocos días después de incorporarse formalmente al trabajo. "Inicié un proceso para abrir un expediente disciplinario", explicó. Pero nunca llegó a tramitarse. Méndez fue cesado justo cuando iba a iniciarlo. "Cuando se va a tramitar, dejo de ser director", ha señalado. Su salida dio paso a una nueva dirección en la empresa pública.

El relevo lo tomó Óscar Gómez Barbero, que también ha declarado como testigo en la sesión de este miércoles. Cuando llegó al cargo —ha relatado— le informaron de que existía "un problema" con una trabajadora que no estaba acudiendo a su puesto. Era Claudia Montes. Al revisar la situación, asegura que se encontró con que el espacio que se le había asignado como oficina era, en realidad, un lugar junto a unas escaleras, a pie de calle. "Francamente, no me pareció un puesto de trabajo como para prestar los servicios del contrato", justificó.

Según ha explicado, el servicio que debía ofrecer Montes estaba relacionado con la comercialización de trenes turísticos de lujo, cuyos billetes podían alcanzar los 12.000 euros. Por eso decidió reorganizar su situación laboral, la "adecuación" de su puesto de trabajo y la mejora de su categoría profesional apenas un mes después de su incorporación. Gómez Barbero ha defendido que se trató de una decisión de gestión ordinaria y ha negado haber recibido presiones externas para hacerlo.

El "caso especial" de Jessica en Ineco y Tragsatec

Aunque la testifical de Jessica Rodríguez tuvo lugar el martes, su historia ha reaparecido en las testificales de esta segunda jornada. La expareja del entonces ministro fue contratada en Ineco desde marzo de 2019 hasta febrero de 2021. Finalizado ese contrato —y "sin seguir ningún procedimiento de selección relevante", según la investigación—, fue contratada en Tragsatec apenas unos días después, hasta septiembre de ese mismo año. En esos seis meses, la responsable de Recursos Humanos de esta última empresa, Raquel Yagüe, confirmó en su testifical ante el tribunal que Jessica cobró 9.554 euros.

Por su parte, la jefa del proyecto de Ineco al que Rodríguez estaba adscrita, María Dolores Tapia, situó la responsabilidad de la supervisión de su trabajo en el cliente del proyecto. En este caso, Adif. Según Tapia, los partes de trabajo que Rodríguez remitía solo reflejaban imputaciones de horas, no tareas desarrolladas, y la asignación de Joseba García —hermano de Koldo— como supervisor de la empleada habría sido orden del director del expediente en Adif, Ignacio Zaldívar. "Para mí, [Jessica] era una persona más del equipo", subrayó, asegurando que desconocía la relación de Rodríguez con el exministro.

Sin embargo, en su turno como testigo, Zaldívar sostuvo una versión distinta. El exsubdirector de Gestión Administrativa de Adif negó haber conocido a Joseba o haber intervenido en su asignación como supervisor de Jessica, al tiempo que explicó que la contratación de Rodríguez en Ineco y su posterior paso a Tragsatec correspondió a la "gestión habitual" de los encargos del cliente.

Pero el exdirectivo sí reconoció que el caso de Jessica fue "especial". La entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, le había avisado en dos ocasiones de que el ministro Ábalos la había llamado porque "estaban molestando" a Jessica, primero en Ineco y más tarde en Tragsatec. A raíz de estos toques de atención, Zaldívar aseguró que su intervención se limitó a facilitar información de contacto y coordinar renovaciones de contratos como se hacía con otros empleados. "Era una persona especial para mí porque tenía contactos con el ministro, pero nada más", afirmó.

Zaldívar precisó que, aunque Ineco y Tragsatec le enviaban certificaciones mensuales de los servicios prestados, él no controlaba de forma directa si Rodríguez trabajaba o no: "Al igual que otras 300 personas que había en los diferentes encargos, no era mi misión ni responsabilidad saber qué hacían".

Este jueves la Sala continuará a las 10.00 horas con otros ocho testigos para seguir avanzando en el resto de hechos que investiga el caso. El primero será el chófer Álvaro Gallego, seguido de los inquilinos vinculados al piso de la Castellana que el exministro quería alquilar a Aldama, así como uno de sus 'cuatro mosqueteros' y otras personas clave en entregas de sobres, como la secretaria de Pronolab en República Dominicana, Aránzazu Granell, y la empresaria Carmen Pano, que habría acudido a la sede del PSOE en Ferraz a llevar 90.000 euros en dos entregas de 45.000.