El testimonio de Álvaro Gallego ha abierto la tercera sesión del juicio del 'caso mascarillas', con un relato que sitúa una supuesta entrega de dinero en metálico en la sede socialista de Ferraz. El testigo ha asegurado que acompañó en una ocasión a la empresaria Carmen Pano tanto a una reunión en el Ministerio de Industria —a la que acudieron también Claudio Rivas y dos ingenieros de Córdoba para abordar la concesión de una licencia de hidrocarburos a la empresa Villafuel— como a la sede del PSOE, donde su "amiga" transportaba una bolsa transparente en la que "se veía que había dinero", con "tacos de billetes" en su interior.

Así lo ha indicado ante las preguntas del letrado del Partido Popular, que lidera las acusaciones populares. Gallego ha explicado que primero fue a buscar a Pano a su casa, después se dirigieron a unas oficinas del empresario Víctor de Aldama y, finalmente, acudieron a la zona de Ferraz. El dinero procedía, según su relato, de Rivas, socio de Aldama.

Su declaración refuerza la línea que centra esta tercera jornada en el presunto trasiego de dinero en metálico en la sede socialista, después de que Pano, que también testificará esta mañana, haya sostenido en varias ocasiones que se desplazó en dos ocasiones en octubre de 2020 al cuartel general del PSOE para entregar 90.000 euros. Según su versión, lo hizo siguiendo instrucciones de Aldama, extremo que este ha negado.

En el interrogatorio de José Antonio Choclán, letrado de Aldama, el testigo ha explicado que primero llevó a Pano a la oficina del empresario, en la calle Alfonso XIII de Madrid, con la misma bolsa, también a llevar dinero, y después la condujo a la sede del PSOE, pero no ha podido asegurar que fuese el mismo dinero que el que llevó a Ferraz.

El juicio por las irregularidades en la compra de las mascarillas se enmarca en una causa más amplia, el 'caso Koldo', con varias líneas de investigación abiertas en la Audiencia Nacional. Entre ellas figura una pieza separada centrada en la posible financiación irregular del PSOE. En paralelo, y al margen de este procedimiento, se investiga el denominado 'caso hidrocarburos', en el que coinciden algunos de los implicados y que esta mañana ha salido a relucir en el Tribunal Supremo.

El chalé de Cádiz

Tras Gallego ha llegado el turno de Leonor González Pano, hija de Carmen. Ante las preguntas del fiscal Alejandro Luzón, ha restado protagonismo a su papel en las gestiones vinculadas a Villafuel y a la adquisición del chalé en La Alcaidesa (Cádiz) para que supuestamente lo utilizara Ábalos. Ha asegurado que su intervención en la reunión en el Ministerio de Industria fue "ninguna" y que se limitó a facilitar a Aldama información logística, como matrículas y nombres de asistentes, a petición de este.

La adquisición de ese inmueble en La Alcaidesa entronca con una de las derivadas que rodean el procedimiento y que el Tribunal Supremo ha acotado a efectos de este juicio. Según el instructor de la causa, la operación —canalizada a través de una sociedad controlada por Leonor Pano— podría estar vinculada a las gestiones realizadas en favor de la empresa Villafuel para obtener la licencia como operador de hidrocarburos.

En cuanto a la compra del inmueble, ha indicado que la orden partió de Claudio Rivas y que se le presentó como una inversión, sin que en ese momento conociera una eventual vinculación con las gestiones para la licencia de hidrocarburos. "En ese momento no lo sabía", ha afirmado, añadiendo que posteriormente "escuché cosas", pero que nunca se le confirmó que la operación estuviera relacionada con Villafuel.

En paralelo, Pano ha situado a Rivas como la persona que dirigía realmente la operativa de la sociedad Have Got Time, de la que ella era administradora formal. Ha explicado que percibía una nómina mensual de 3.500 euros, pero que "las órdenes las daba Claudio Rivas", y ha enmarcado la relación con Víctor de Aldama en un vínculo de confianza "absoluta", describiéndolo como una relación "súper estrecha" y de carácter casi familiar.

En ese contexto, ha señalado que fue ella quien puso en contacto a su madre y a Rivas con Aldama, a quien atribuía contactos en "el ministerio de Ábalos", basándose en lo que el propio empresario le trasladaba sobre una relación "estrecha" y de colaboración con el entonces ministro.

No obstante, el alto tribunal circunscribe su análisis a determinar si la compra del chalé pudo actuar como eventual contraprestación, mientras que el grueso de la operativa del llamado 'caso hidrocarburos', incluida la presunta defraudación fiscal asociada a ese negocio, se investiga en la Audiencia Nacional