El juicio por la presunta corrupción en la cúspide del Ministerio de Transportes durante la pandemia continúa este lunes en el Tribunal Supremo. Uno de los testimonios más esperados de la jornada es el del empresario Claudio Rivas, socio de Víctor de Aldama. Previsiblemente, declarará en el Salón de Plenos acompañado de su abogado, ya que Rivas está imputado en el 'caso Hidrocarburos' que se instruye en la Audiencia Nacional, cuya larga sombra ya se proyectó la semana pasada en el Supremo.

La corrupción en los negocios vinculados al petróleo dejó su eco en el Palacio de las Salesas cuando los siete magistrados escucharon el testimonio de la empresaria Carmen Pano, su hija Leonor González Pano y Álvaro Gallego, colaborador y "amigo" de la primera, quienes situaron a Rivas como la persona que estuvo detrás de la adquisición de un chalet en La Alcaidesa (Cádiz) para el exministro de Transportes José Luis Ábalos como contraprestación por las gestiones destinadas a que la empresa Villafuel obtuviera una licencia para operar con fuel.

A Claudio Rivas, detenido en octubre de 2024 por este caso, lo arrestaron en León. En el registro de su vivienda, los agentes hallaron tres rifles y una escopeta, además de un lanzabengalas localizado en una nave industrial de su propiedad en Toledo. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tras analizar uno de los teléfonos intervenidos en el domicilio de Aldama, comprobó que el comisionista le ayudó a conseguir una licencia de armas para cazar, su actividad preferida, como muestran las fotos que obran en el sumario de la causa y que ilustran este artículo.

Rivas es un viejo conocido de la Guardia Civil, y su implicación en este fraude de hidrocarburos no es un hecho aislado. Recientemente ha sido procesado por otra causa relacionada con un presunto fraude cometido entre 2016 y 2018, que superaría los 70 millones de euros en el pago del IVA de hidrocarburos.

Respecto a la compra del chalet, Pano aseguró que la decisión partió de Rivas, propietario de Villafuel, y que, "en un principio", pensó que se trataba de una inversión, aunque más tarde comprendió que "era para el señor Ábalos". Ratificó que el inmueble fue "una contraprestación" que se alquiló con opción de compra, una cláusula que introdujo Aldama.

Porque esa es la única arista de la causa de los hidrocarburos que está siendo enjuiciada en el Supremo: si Ábalos disfrutó de un chalet a cambio de las gestiones realizadas por Koldo García para que la compañía consiguiera los permisos necesarios. El resto de la causa se sigue en la Audiencia Nacional, en el marco de una operación en la que la Guardia Civil cifra el fraude en más de 200 millones de euros entre noviembre de 2022 y febrero de 2024.

El Instituto Armado sostiene que la trama de los hidrocarburos estaba encabezada por Aldama y Rivas, a quienes sitúa como administradores de hecho de varias empresas —entre ellas Have Got Time, con la que se adquirió el chalet de Cádiz— vinculadas al sector petrolífero y utilizadas "con un claro propósito instrumental" para facilitar la comisión de delitos contra la Hacienda Pública. En el sumario, la UCO subraya que sociedades como esta fueron "piezas fundamentales" en la evolución societaria de la organización, que articuló su operativa en torno a Villafuel una vez obtuvo la licencia en 2022 para operar en el mercado minorista.

La presunta trama estaba diseñada para defraudar el IVA de los productos petrolíferos y, posteriormente, canalizar los fondos mediante un entramado de sociedades instrumentales que permitía transferir el dinero a distintos países y ocultar su rastro. En uno de sus últimos informes, la UCO apuntó a que la organización destinó "más de 1 kilo" para comprar la voluntad de Ábalos, con el fin último de conseguir el título de operador de Villafuel.

El dinero en Ferraz

El juicio por las irregularidades en la compraventa de material sanitario se enmarca en una causa más amplia, el famoso 'caso Koldo', con varias líneas de investigación abiertas en la Audiencia Nacional. Entre ellas figura una pieza separada centrada en la posible financiación irregular del PSOE, y otra en las supuestas mordidas a cambio de conceder obras públicas, en la que está imputado el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. En paralelo, y al margen de este procedimiento, se investiga el ya mencionado 'caso hidrocarburos'.

Durante el juicio también ha salido a relucir el trasiego de dinero en efectivo en Ferraz, que continúa bajo investigación en la Audiencia Nacional. Carmen Pano ratificó que en dos ocasiones se desplazó a la sede central del PSOE en Madrid para entregar 90.000 euros, y Álvaro Gallego testificó que fue él quien la acompañó en una de esas ocasiones hasta las inmediaciones de la calle Ferraz, previo paso por el despacho de Aldama en la calle Alfonso XIII.

Aldama viene sosteniendo desde que es investigado que él nunca le dijo a Pano que llevara el dinero a Ferraz siguiendo sus instrucciones, algo que ella, por el contrario, ha afirmado siempre que ha tenido ocasión, la última vez la semana pasada en el Supremo. Además, Gallego también situó en el origen de ese dinero a Rivas, al asegurar que fue entregado a Pano por un emisario suyo para afrontar los pagos vinculados a la licencia de Villafuel. Añadió que escuchó que dicha licencia podría haber tenido un coste de 600.000 euros.

Pano también relató que acudió a una reunión en el Ministerio de Industria organizada por Aldama y donde les estaba esperando la mano derecha de Ábalos, Koldo García. Según su testimonio, a la reunión asistieron ella misma, Rivas y dos técnicos procedentes de Córdoba, que fueron "los que llevaban la voz cantante" durante el encuentro. No obstante, hubo una contradicción en el relato de Pano y Gallego. Este último, que testificó antes, declaró que fue él quien condujo a la empresaria a la sede del Ministerio de Industria, mientras que Pano explicó que el coche lo condujo Rivas, quien decidió que Gallego no iría porque iban "a ser demasiada gente".