El expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández se ha acogido a su derecho a no declarar en la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de esta empresa pública, al estar imputado en la Audiencia Nacional por el presunto cobro de mordidas en operaciones del ente que entonces dirigía.

Fernández ha comunicado su decisión al inicio de su comparecencia, amparándose en "los derechos constitucionales" que le asisten y en las circunstancias del procedimiento judicial en el que está inmerso. "Sintiéndolo mucho, con absoluto respeto al Senado, a esta comisión y a todos ustedes, no puedo y no debo contestar las preguntas que me formulen", ha afirmado.

El senador del PP Gerardo Camps ha cuestionado el silencio de Fernández. "El derecho al silencio se ejerce pregunta a pregunta, no como una negativa general", ha sostenido, reprochándole que utilice este derecho "como un parapeto para eludir el control parlamentario".

Camps ha insistido en que muchas de sus preguntas se referían a hechos anteriores a 2021 —no afectados, a su juicio, por la investigación judicial actual— y le ha acusado de incurrir en una "opacidad" que, en su opinión, "no borra los hechos, los subraya".

El senador popular ha ido más allá al recordar que Fernández sí respondió ante el juez de la Audiencia Nacional, lo que, a su juicio, hace "inevitable" la duda sobre su silencio en sede parlamentaria. "Si hoy calla ante preguntas que sí contestó ante el juez es porque no puede sostener aquí lo que dijo allí", ha afirmado.

Fernández, sin embargo, no ha entrado en el fondo de ninguna cuestión y se ha limitado a reiterar su postura inicial a lo largo de la sesión. Tampoco ha respondido a las preguntas de los senadores del Grupo Parlamentario Mixto (Vox y UPN), ni del Grupo Parlamentario Socialista, a quienes ha trasladado la misma negativa: "Por consejo de mi representación letrada, me remito a mi declaración inicial".

El expresidente de la SEPI está siendo investigado en la Audiencia Nacional por su presunta implicación en irregularidades en la adjudicación de contratos públicos. A finales del pasado año fue detenido por la Guardia Civil junto a la exmilitante del PSOE Leire Díez, aunque ambos quedaron en libertad con medidas cautelares. Fernández negó entonces haber participado en ningún amaño o cobro de comisiones.

No es la primera vez que evita declarar en sede parlamentaria. Ya lo hizo en julio de 2025 en la comisión del Senado sobre el conocido como 'caso Koldo', donde también optó por el silencio.

Fernández dirigió la SEPI entre junio de 2018 y octubre de 2019. Su salida se produjo tras poner su cargo a disposición del Gobierno después de ser investigado en el caso del supuesto amaño de la mina de Aznalcóllar, del que fue absuelto por la Audiencia de Sevilla en diciembre de 2025. Tras su marcha, la presidencia del holding público permaneció vacante durante 18 meses.