Cuatro agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han sostenido ante el Tribunal Supremo que el empresario Víctor de Aldama habría aprovechado el avance de las negociaciones para la obtención de la licencia de operador de hidrocarburos de Villafuel para 'endosar' a su socio Claudio Rivas el pago del chalé de La Alcaidesa (Cádiz), como parte de una contraprestación vinculada al exministro de Transportes José Luis Ábalos, en el marco de las gestiones realizadas para facilitar la concesión de dicha licencia.
En una extensa jornada en el Alto Tribunal, que finalmente se prolongó hasta las 00:03 horas del martes, los agentes de la Benemérita detallaron cómo la supuesta trama de hidrocarburos, investigada en la Audiencia Nacional, habría abordado la adquisición del inmueble en el verano de 2021, en un momento en el que las negociaciones para la licencia de Villafuel avanzaban de forma favorable. Unas gestiones que, con el paso de los meses, terminarían frustrándose al no concederse inicialmente la autorización, que acabaría llegando posteriormente por otras vías.
Según su exposición, las gestiones para que la empresa de Rivas lograra la autorización administrativa habrían progresado en un primer momento de forma positiva, generando entre los implicados la expectativa de consolidar la operación. Ese habría sido el contexto que Aldama aprovechó para imponer a su socio el coste del inmueble gaditano, de modo que fuera Rivas, y no él como inicialmente estaba previsto, quien asumiera las rentas y compromisos económicos derivados de la vivienda.
La investigación judicial apunta además a la intervención de Leonor Pano y su madre, Carmen Pano, en la adquisición de la casa destinada a un eventual uso por parte de Ábalos, mediante una fórmula de opción de compra articulada a través de una sociedad bajo su control y siguiendo instrucciones atribuidas a Aldama. Esta operación, según se expuso en sede judicial, se habría producido tras las gestiones realizadas por el exasesor de Ábalos, Koldo García, para facilitar contactos entre representantes de Villafuel y responsables del Ministerio de Industria.
Asimismo, los agentes de la UCO defendieron que tanto Koldo como el propio exministro recibieron de forma continuada diversas dádivas sufragadas por Aldama, incluso después de la salida del exministro del Gobierno, bien por compromisos económicos previamente adquiridos o por el interés del empresario en seguir contando con su capacidad de influencia política como diputado.
Entre esas supuestas contraprestaciones, la Guardia Civil situó pagos mensuales de 10.000 euros, así como el abono, a través de un testaferro, del alquiler de la vivienda de Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos. Según los investigadores, Aldama consideraba estos pagos una fórmula para asegurarse el acceso privilegiado al entonces ministro y garantizar su capacidad de interlocución dentro de la estructura gubernamental.
En ese mismo esquema de beneficios, los agentes incluyeron también el chalé de Cádiz, adquirido por cerca de medio millón de euros por Rivas, como parte de las compensaciones asociadas a las gestiones orientadas a obtener la licencia de hidrocarburos. Según la UCO, Aldama obtuvo además unos 290.000 euros por su intermediación en la operación, que terminó deteriorándose tras el fracaso inicial de la licencia y desembocó finalmente en un procedimiento de desahucio sobre el inmueble.
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