La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha hecho valer su condición de superior jerárquica del fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, para prohibirle que rebaje aún más la pena de petición de cárcel para Víctor de Aldama y con ello, cortocircuitar la posibilidad de que el empresario del 'caso Koldo' pueda seguir colaborando con la justicia. La noticia estallaba ayer tras finalizar las testificales de la primera pieza del juicio de las mascarillas, una vez declaró en calidad de principal imputado José Luis Ábalos. La orden de Peramato chocó de pleno con la petición de las acusaciones populares, representadas por el Partido Popular.
Para Alberto Núñez Feijóo, "es un escándalo es que la Fiscalía General del Estado intervenga en una decisión de un fiscal anticorrupción del que hemos acreditado su independencia y su profesionalidad y no le deje actuar conforme a su propia doctrina". Más allá de la denuncia pública, el primer partido de la oposición ha solicitado la comparecencia del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, para interesarse por la llamada Autoridad Independiente de Protección al Informante. Presentada en 2024 con mucha proposopeya buscaba luchar contra el fraude y la corrupción protegiendo a los informantes y asegurando que no sufrieran represalias.
Bolaños acusa a PP y a Aldama de ir de la mano
Bolaños ha negado la mayor, esto es, que se hayan cursado instrucciones a Peramato para cortocircuitar cualquier rebaja de pena a Aldama y acusó a éste y al PP de ir de la mano ante el horizone penal del empresario. "Quiero dar las gracias al Partido Popular y al señor Aldama por hacer tan evidente que están colaborando los unos con el otro y el otro con los unos", dijo irónico.
Desde Génova siguen defendiendo que el llamado "conseguidor de la trama" o "nexo corruptor", según la terminología de la UCO, merecía una nueva rebaja de pena. Ya era muy inferior a la de Ábalos y Koldo García, puesto que se piden para él 7 años, frente a los 24 para el ex secretario de Organzación del PSOE y ex ministro y 19 y medio para su asesor. Sin embargo los populares arguyen que en su declaración del miércoles de la semana pasada el empresario "avanzó nuevas cuestiones sobre la trama del fraude de los hidrocarburos y del cobro de comisiones más allá de los ya imputados".
El PP admite que Aldama no aportó pruebas de sus acusaciones contra Sánchez
No aluden a sus palabras respecto a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba al tanto de toda la red corrupta en uno de los peores momentos de la pandemia del Covid. A fin de cuentas, fuentes de la dirección admiten que no aportó ninguna prueba incriminatoria contra el jefe del Ejecutivo, independientemente de la exigencia, mil veces reiterada por parte del PP, de su dimisión al estar "rodeado de casos de corrupción que afectan a su entorno familiar y de partido más estrecho".
No se trataba tanto de eximirle de entrar en prisión, a fin de cuentas se ha autoinculpado de graves delitos, como de rebajarle la pena a cinco años y dos meses, "petición que entra dentro de la ley". Todo ello teniendo en cuenta "su largo horizonte jurídico, que dificulta que pueda eludir la cárcel" por la que ya pasó antes de pactar con la Fiscalía. Además, los populares ponen el acento en la coincidencia con las otras cinco acusaciones populares, todas ellas de acuerdo en pedir una rebaja de pena "con el único que ha decidido colaborar con la justicia frente al silencio de Ábalos y de Koldo". Además del PP, ejercen la acusación popular Vox, Manos Limpias, Hazte Oír, la Asociación Liberum, y el partido Iustitia Europa. Todas ellas bajo la batuta del abogado habitual de Génova, Alberto Durán.
Sémper pide no hablar de jueces, ni de juicios, ni de instrucciones
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha admitido que si bien un acusado "tiene derecho a mentir en su defensa", las pruebas "están ahí y son demasiado concluyentes. A estas alturas, todos los españoles sabemos que han robado a manos llenas". En cambio, su compañero de filas, recién incorporado tras superar un cáncer de páncreas, Borja Sémper, se mostró más cauto. Apeló a su confianza en los tribunales, los mismos que "van a aplicar el derecho y toda la fuerza de la ley caerá sobre aquellos que hayan cometido un delito". Pero invitó a dejar de hablar de los asuntos que se solventan en las salas de justicia. "Creo que hablamos demasiado de los jueces, hablamos demasiado de los magistrados, hablamos demasiado de los juicios, los procesos de instrucción, de lo que se filtra, de lo que no. Y yo no quiero hablar de eso", arguyó.