La Audiencia Nacional ha decidido frenar el avance del caso del 'narcopoli' de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y obligar al juez instructor a reconstruir lo que define, en la práctica, como un puzle todavía incompleto. La Sala de lo Penal considera que el procesamiento del exinspector jefe de la unidad, Óscar Sánchez Gil, y de la organización liderada por Ignacio Torán se dictó de forma "prematura", sin contar aún con la "fotografía completa" de una causa que todavía no habría agotado todas sus líneas de investigación.
En su resolución, a la que ha accedido El Independiente, los magistrados no cuestionan la existencia de indicios ni la estructura general de la trama, pero sí el momento procesal elegido por el juez Francisco de Jorge para cerrar el primer bloque de acusaciones. El tribunal advierte de que avanzar con una instrucción "inconclusa" puede derivar en una "situación de impunidad" respecto de ciertas conductas o investigados que, por falta de concreción o de desarrollo probatorio, han quedado fuera del auto de procesamiento.
La causa estalló tras la incautación de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras en octubre de 2024. Fue el mayor alijo intervenido en España en toda la historia y el segundo de Europa. A partir de ese hallazgo, las pesquisas fueron dibujando un entramado criminal dedicado no solo al tráfico de drogas, sino también al lavado de sus beneficios a través de sociedades pantalla, criptomonedas, testaferros e inversiones inmobiliarias repartidas por varios países.
En ese engranaje estaba, según los atestados de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, el propio exjefe de la UDEF. Los investigadores sostienen que Sánchez Gil ayudó a la organización a introducir en España al menos 37 contenedores con unas 58 toneladas de cocaína. Por esa "colaboración estable", el inspector se habría embolsado unos 30 millones de euros, parte de los cuales emparedó en su casa.
Irlanda y la 'trama de Dubái'
Pero la Audiencia considera que ese mapa financiero del blanqueo sigue incompleto. El tribunal señala que continúan pendientes diligencias "de especial relevancia", como las comisiones rogatorias enviadas a Irlanda y Estonia, y las previstas en Emiratos Árabes Unidos y Colombia, consideradas claves para reconstruir el circuito del dinero de una red a la que se atribuye la introducción en España de más de 73 toneladas de cocaína entre 2020 y 2024.
Uno de los focos está en Irlanda, a donde la red habría desviado "importantes cantidades de dinero", según consta en la resolución. Como informó en su día este periódico, la trama habría escondido dinero procedente del narco en una empresa de criptomonedas en Dublín vinculada al sobrino lejano del Rey Emérito Francisco de Borbón. Se trata de ET Finetch Europe, entidad en la que los investigadores encontraron unos 20 millones de dólares en diferentes monedas (fiat y virtuales).
El otro gran frente pendiente está en Emiratos Árabes Unidos, donde la investigación apunta a una estructura de blanqueo que Torán habría orquestado a través de la compra de inmuebles en Dubái mediante testaferros, para que las propiedades no figuraran a su nombre. Una de esas viviendas es, según la resolución, la residencia habitual de otro de los investigados por su "participación de alto nivel" en la introducción de cocaína en España, cuya declaración todavía no se ha producido.
A eso se suman las estructuras societarias offshore atribuidas al líder de la organización: una en Delaware —a través de la sociedad Top Life América LLC—, controlada por un testaferro no procesado; y otra en Panamá —mediante Inversiones Latam Corp y Latanpam Inversiones INC—, con una cuenta escrow en el Atlas Bank de ese país en la que operaba otro testaferro igualmente no procesado. Todas ellas son piezas esenciales del entramado que han quedado fuera del primer auto de procesamiento y que la Sala "no comprende" por qué.
En su escrito, que estima íntegramente el recurso interpuesto por la Fiscalía, los magistrados señalan además que falta que se aporten las diferentes diligencias de entrada y registro de 2024 —siendo de "especial interés— la relacionada con el exjefe de la UDEF—, así como el volcado de los datos de los registros de otros investigados y los informes patrimoniales definitivos que permitan cuantificar el alcance real del blanqueo. "Se trata de un volumen importante de diligencias pendientes", apuntan.
El 'narcopoli' y el 'arquitecto del blanqueo', ausentes
Los magistrados van más allá y cuestionan directamente la selección de investigados incluidos y excluidos de este primer acercamiento al banquillo por parte del titular del Juzgado Central de Instrucción número 1. El tribunal considera "contradictorio" que no se haya incluido al 'arquitecto del blanqueo', Mario Pestaña, y "no comprende la ausencia" del propio 'narcopoli'.
Además, insisten en que la investigación policial, aunque "muy avanzada", todavía puede aportar nuevos datos sobre las operativas de blanqueo y sobre el papel concreto de varios de los supuestos implicados. Precisamente por ello, advierten del riesgo de generar "situaciones de impunidad" si el procesamiento se cierra antes de completar todas las líneas abiertas.
El criterio del tribunal es que no se puede celebrar un juicio sobre una estructura criminal fragmentada en bloques inconexos sin que eso rompa lo que los magistrados llaman la "continencia de la causa". Por eso, la Sala ordena esperar a que concluya la instrucción para dictar un único auto de procesamiento que incorpore todas las piezas.