El juez Santiago Pedraz sitúa a la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, Ana María Fuentes, en el núcleo de la operativa con la que se supuestamente se habrían canalizado pagos desde los fondos del partido a la supuesta trama encabezada por la exmilitante Leire Díez para desbaratar las causas judiciales y actuaciones policiales que pudieran afectar a la formación o el Gobierno. En un auto al que tuvo acceso este periódico, el magistrado atribuye a Fuentes una "indiciaria responsabilidad" en los hechos investigados, al menos como cómplice, de los delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado. Y, en todo caso, como presunta autora de falsedad en documento mercantil por la emisión de varias "facturas mendaces".
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional sostiene que estas facturas habrían servido para dar "apariencia de legalidad" a los pagos dirigidos a la supuesta fontanera de PSOE. Todo ello en el marco de una causa secreta que salpica a un grupo conocido como Hirurok, integrado por la propia Díez, el empresario Antxón Alonso y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández; pero que ahora incluye como investigados al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al exdirigente socialista andaluz Gaspar Zarrías, al empresario Javier Pérez Dolset, los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo y al capitán de la guardia civil Juan Sánchez Yepes.
Según describe el juez en el auto, el entramado tenía como objetivo "desestabilizar" las investigaciones que afectaran al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y maniobrar contra los fiscales, jueces y mandos policiales implicados. En esa estructura, Pedraz atribuye a Santos Cerdán un "rol superior".
Más de 195.000 euros de fondos del partido
Para canalizar los pagos dirigidos a la supuesta trama se habrían utilizado dos vías. La primera, según el juez, se articuló a través deZAÑO Sociedad Consultora SL, una mercantil vinculada al exdirigente socialista andaluz Gaspar Zarrías. Desde esa sociedad, Díez habría recibido cuatro pagos de 4.000 euros desde junio hasta septiembre. Es decir, 16.000 euros.
La segunda vía habría sido a través del despacho Estudio Jurídico I. Oliver & Partners, a través del cual se habría realizado un pago de 27.225 euros. Después, Oliver transfirió exactamente la misma cantidad a Díez desde otra de sus sociedades, Oliver Gruppe SL, con el objetivo de "romper la trazabilidad" de los fondos. En total, unos 54.450 euros.
Asimismo, el abogado Jacobo Teijelo habría percibido 125.000 euros procedentes de fondos del POSE, "habiendo quedado los pagos amparados por un soporte documental aparente y una facturación falaz", según recoge el juez: "Esto no habría sido posible sin la confección de una nota de encargo tramitada por Leire a través de Santos Cerdán y rubricada en última estancia por Ana María Fuentes".
Así, Pedraz sostiene que era ella quien emitía las órdenes de encargo necesarias para justificar posteriormente la confección de las "mendaces" facturas cuestionadas.
El juez reclama sus correos y archivos internos
Como consecuencia de esos indicios, Pedraz ha reclamado al PSOE abundante documentación interna relacionada con Fuentes. Entre otras diligencias, el magistrado ha exigido el volcado íntegro de las cuentas de correo corporativas asociadas a Ana María Fuentes Pacheco, así como las copias de seguridad y carpetas digitales alojadas en la infraestructura interna del partido desde 2024 hasta la actualidad.
Además, ha solicitado información detallada sobre su relación laboral con el PSOE, incluyendo funciones, dependencia jerárquica y responsabilidades orgánicas. El miércoles a primera hora los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se presentaron en a sede nacional del partido para cumplir con estos requerimientos, en una entrada que se prolongó durante 16 horas.