Las anotaciones de las libretas intervenidas por la Guardia Civil a Leire Díez reflejan que la exmilitante socialista se interesó por el funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) inmediatamente después de la aprobación del rescate de Plus Ultra. Según la documentación incorporada al sumario, a la que ha tenido acceso El Independiente, Díez anotó con detalle la estructura interna de la SEPI y el procedimiento de concesión de estas ayudas apenas unos días después de que el Gobierno autorizara en marzo de 2021 una inyección de 53 millones de euros a la aerolínea. Aquel rescate terminó judicializado y dio lugar a una causa en la que actualmente está investigado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
Los apuntes contienen referencias directas al procedimiento seguido por el fondo, a sus asesores externos y a la situación de la compañía beneficiaria de las ayudas públicas. En una de las páginas, encabezada bajo el epígrafe "Fondo Solvencia", se recogen observaciones realizadas apenas días después de la aprobación del rescate de la aerolínea.
40 asesores
Entre ellas figura una referencia al flujo de información sensible entre las empresas solicitantes y los consultores contratados por la SEPI. "Se les está pasando información de las compañías a los 40 asesores antes de subastar las operaciones", puede leerse en una de las anotaciones. A continuación, el texto añade una advertencia sobre las posibles implicaciones legales de esa práctica: "En el caso de las cotizadas, podría estar incurriendo en un delito al revelar información confidencial".
El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, creado en 2020 para sostener a compañías afectadas por la crisis del COVID-19, movilizó miles de millones de euros y articuló su funcionamiento mediante la participación de consultoras y despachos externos encargados de analizar la viabilidad de las empresas solicitantes. Las notas atribuidas a Díez se detienen precisamente en ese punto, el papel de los asesores y la trazabilidad de la información que manejaban.
El real decreto-ley
En otra de las hojas se recoge una referencia al encaje jurídico del sistema utilizado por la SEPI para articular el apoyo técnico externo. "SEPI contrató los servicios de apoyo externo cuando el procedimiento estaba impugnado", señala la supuesta 'fontanera', y atribuye a un tal "J. L." la explicación de que la contratación se realizó "al amparo de lo dispuesto en el apartado 9 del artículo 2 del RDL 25/20 de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo que establece el funcionamiento del fondo de solvencia".
Este real decreto-ley fue la base normativa del instrumento de rescate utilizado durante la pandemia y regulaba el funcionamiento del fondo, incluyendo la posibilidad de apoyo técnico en la evaluación de operaciones.
De Plus Ultra a Air Europa
Las anotaciones también reflejan interés por la situación concreta de Plus Ultra. En una de las páginas aparece una referencia directa al contexto del fondo y el posible miedo de la trama por el "anuncio de Vox de querellas a los gestores del Fondo de Solvencia”". A continuación, se añade una reflexión: "Si la Justicia lo admite a trámite se puede dar la situación de que B. Lora esté en la misma situación que Vicente".
Estas referencias parecen aludir a Bartolomé Lora, entonces vicepresidente de la SEPI y presidente en funciones del organismo durante la aprobación de algunas de estas operaciones, y a Vicente Fernández, expresidente del holding público. Lora presidía el Consejo Gestor encargado de elevar las operaciones al Consejo de Ministros y actualmente está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción 49 de Madrid por el rescate de Air Europa.
En otra anotación se formulan preguntas de carácter político-institucional: "¿Y qué pretende sacar adelante el Fondo con alguien que ha mostrado su posición al frente de SEPI o de Bartolomé Lora imputado?" o "¿Por qué el PP pide que se nombre a Bartolomé Lora?". También aparece una referencia a una "excusa de haber pasado meses desde la presentación de la solicitud de Plus Ultra".
Un rescate de 53 millones
El rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado el 9 de marzo de 2021, ascendió a 53 millones de euros mediante un préstamo participativo y otro ordinario. La operación se justificó por la supuesta relevancia estratégica de la aerolínea en determinadas rutas entre España y América Latina, así como por su papel en el mantenimiento del empleo.
Sin embargo, desde el primer momento surgieron dudas políticas y mediáticas sobre si la compañía cumplía los requisitos exigidos para ser considerada "estratégica", dado su reducido peso en el mercado aéreo español y su situación financiera previa a la pandemia. Estas controversias derivaron en denuncias e iniciativas judiciales para analizar el procedimiento seguido.
En este contexto, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama investiga actualmente las circunstancias del rescate y la posible existencia de una trama de influencias supuestamente liderada por Zapatero para facilitar la concesión de esta ayuda a la compañía.
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