La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y la polémica por la avalancha de ceros en la prueba de euskera han derivado ya en un pulso judicial entre la Universidad Pública y la representacon de los estudiantes afectados. Después de que ayer cuatro tribunales del juzgado de lo contencioso-administrativo estimaran la petición de los estudiantes de dejar en suspenso las calificaciones por vulnerar la confidencialidad en las correcciones, la Universidad Pública Vasca (UPV/EHU) se ha rebelado y ha anunciado que no aplicará las medidas cautelares impuestas por la Justicia. En un comunicado, asegura que le es "imposible" cumplir la medida.

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Ahora la institución académica se enfrenta a la posibilidad de sufrir consecuencias judiciales añadidas al negarse a aplicar las medidas. El plazo para hacerlo concluye hoy, cuando finaliza el periodo de prematrícula. La actitud mostrada por el rectorado de la UPV/EHU se encamina hacia un incumplimiento de las medidas cautelares dictadas por los tribunales. A última hora de la tarde de ayer, horas después de que las resoluciones hubieran sido ya hechas públicas, la aplicación de matriculación de la Universidad aún impedía a los estudiantes afectados poderse matricular sin que la nota de euskera fuera contabilizada en su nota media.

Multas y "responsabilidad penal por desobediencia"

Las defensas de los estudiantes formalizaron a última hora de ayer un 'incidente de ejecución' ante el incumplimiento de las medidas cautelares por parte de la Universidad Pública Vasca y ante la posibilidad de que hoy, último día hábil de matriculación, la situación no varíe. Los abogados de los estudiantes han solicitado al Tribunal Contencioso-Administrativo que requiera "de forma inmediata y personal" a la institución académica, en la figura de su rector y su secretaria general, "para que en el plazo perentorio no superior a 3 horas" se dé cumplimiento estricto a la medida cautelar.

Solicitan que el requerimiento al rector, Joxerramon Bengoetxea, vaya acompañado de "un apercibimiento de imposición de multas coercitivas" hasta el cumplimiento de la medida requerida: que no se compute la calificación de euskera a los efectos del cálculo de la nota de acceso y de admisión de los procedimientos de preinscripción, adjudicación de plazas y matrícula. Incluso reclaman que se pueda deducir testimonio "para la exigencia de responsabilidad penal por desobediencia a la autoridad judicial".

La defensa de los estudiantes reclama posible responsabilidad penal del rector por 'desobediencia a la autoridad judicial'"

Al mismo tiempo, instan a que se declare la nulidad de pleno derecho del bloqueo de la matrícula en el aplicativo informático y de cualesquiera actos o instrucciones dictados con la finalidad de eludir el cumplimiento del Auto. Y añaden la petición de que se puedan adoptar las medidas necesarias para la habilitación de la matriculación de los estudiantes "por medios alternativos y el mantenimiento del plazo respecto de esta parte hasta el efectivo cumplimiento".

Decenas de estudiantes habían recurrido a los tribunales para pedir que se anularan las calificaciones de la PAU con las que habían sido puntuados en la materia de euskera. Reclamaban que no fueran tenidas en cuenta para cuantificar la nota media con la que concurrir a la admisicón en los distintos grados académicos de la Unviersidad pública vasca. Consideraron que las calificaciones obtenidas no se correspondían con el nivel de las pruebas realizadas y que podría haberse producido algún tipo de sesgo o alteración en las correcciones dirigidas a determinados colegios en algunos de los tribunales.

Avalancha de ceros

Uno de los despachos de abogados que más casos ha llevado, Picaza Legal, asegura que la UPV está obligada a hacer cumplir las medidas cautelares. Afirma que existen fórmulas para aplicar de modo inmediato las medidas a las que obligan ahora los tribunales. Declarar exentos de euskera al grupo de alumnos afectados y que han acudido a la Justicia podría se una vía para cumplimentar las medidas cautelares. En las resoluciones de los tribunales se recuerda que por el momento no se ha entrado a analizar el fondo de la cuestión ni la avalancha de ceros registrados en determinados tribunales. Añaden que si cuando la causa se resuelva los estudiantes no ven respaldadas sus reclamaciones podrían perder las plazas.

Durante la elaboración de la prueba varios tribunales de la PAU, en especial el número 11 de Bilbao y el número 12, dispararon las bajas califiaciones en particular de ceros. De los 80 ceros de un solo tribunal, 79 correspondían a la misma correctora. Unas notas que, pese a haber sido recurridas por 1.778 alumnos para una segunda corrección de exámenes, apenas variaron. Del total de 168 ceros, tras las correcciones el número se redujo a 108, pero en la mayoría de los casos las revisiones apenas incrementaron unas décimas las calificaciones.

La UPV/EHU ha defendido siempre el proceso llevado a cabo y que ha arrojado situaciones como la de alumnos con títulos de euskera oficiales (nivel B2 y C1) que han obtenido un cero. Hasta el momento, la universidad no ha realizado ninguna investigación interna sobre las causas y se limita a asegurar la limpieza del proceso.

Conflicto por el anonimato en los exámenes de la PAU

Se da la circunstancia de que la inmensa mayoría de los ceros corresponden a centros concertados que imparten el ‘modelo A’ (en castellano con el euskera como asignatura). Pese a que las medidas cautelares son de obligado cumplimiento, la UPV/EHU ha asegurado que “resulta de imposible cumplimiento”. Argumentan que anular la puntuación en Lengua y Literatura Vasca II para calcular la nota media de Bachillerato de los denunciantes provocaría “un perjuicio irreparable para el resto del estudiantado”. Según la institución, alterar el procedimiento ordinario de adjudicación de plazas universitarias rompería el principio de igualdad.

Por su parte, los tribunales han justificado las medidas cautelares al advertir que se habría podido quebrar el principio de anonimato que la universidad debe proteger. El reglamento interno obliga a preservar la identidad de los estudiantes y el centro educativo al que pertenecen. Las medidas se adoptan además por la premura de tiempo, ya que hoy concluye el plazo de prematrícula universitaria, un proceso en el que muchos denunciantes vieron cómo sus opciones se hundían debido a estos expedientes.

Un 38% más de alumnos en la convocatoria extraordinaria

Estas bajas calificaciones han incidido directamente en el elevado número de estudiantes que este año han decidido presentarse a las pruebas extraordinarias de la PAU. Dede hoy y durante los próximos tres días, un total de 2.332 estudiantes de Bachillerato y FP se examinarán en la PAU extraordinaria, bien para intentar aprobar tras la convocatoria ordinaria o bien para subir nota en materias específicas.

El modo en el que se han corregido los exámenes de euskera en determinados tribunales está detrás de parte del incremento de alumnos en la recuperación de la PAU. Pero no solo eso: materias como Matemáticas y el criterio de corrección general han hecho que las notas de corte y las medias sean significativamente más bajas.

Prueba de ello es que en este curso el número de alumnos que concurren supone un 38% más que el año pasado. Más de la mitad pertenecen a Bizkaia, donde se presentan 1.260 estudiantes, el territorio bajo el foco de la sospecha por una posible corrección sesgada. En Gipuzkoa se presentan 665 estudiantes y 407 en Álava. En dos de cada tres casos, se trata de alumnos que realizarán la selectividad en euskera.